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Ante el riesgo de una crisis humanitaria tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el Gobierno Nacional instaló en Cúcuta, Norte de Santander, un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la respuesta del Estado.
Desde el Ejecutivo se expusieron una serie de desafíos que deben atenderse para evitar una escalada de violencia en el departamento y garantizar la estabilidad del corredor fronterizo, en un contexto marcado por riesgos en materia de paz y control territorial.
Según el comunicado emitido este 3 de diciembre –al cierre de la reunión liderada por Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre)–, los desafíos de seguridad son “alta complejidad” en una frontera de más de 2.200 kilómetros con presencia permanente de más de 30.000 efectivos de la Fuerza Pública.
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Los retos –señala el documento– se concentran especialmente en Catatumbo, donde grupos armados han encontrado condiciones para operar logísticamente y financiarse, en parte, a través de redes transnacionales que cruzan hacia Venezuela.
El texto advierte que en esa región “la presencia de organizaciones criminales transnacionales, como el Tren de Aragua y el ELN, representa un riesgo adicional para la seguridad de la población civil y la estabilidad institucional en la región fronteriza”.
🔴El Gobierno Nacional de la República de Colombia, a través del Puesto de Mando Unificado instalado en Cúcuta, informa a la opinión pública nacional e internacional sobre el seguimiento, el análisis y las acciones coordinadas frente a la coyuntura regional derivada de los… pic.twitter.com/yYKvAAxlEL
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) January 4, 2026
En materia de paz, el Gobierno reconoce que en el Catatumbo persisten procesos comunitarios que han sostenido la construcción de paz en medio del conflicto y que pueden aportar a la definición de rutas humanitarias para la atención y protección de la población afectada.
En ese marco, advierte que “es indispensable garantizar una protección especial a los pueblos indígenas ubicados en la zona interfronteriza, así como a las víctimas del conflicto armado”.
Además, en el comunicado se señala que el Catatumbo es una región “particularmente sensible en términos de construcción de paz”, por lo que requiere un “acompañamiento institucional acorde con la magnitud de sus retos históricos y actuales”.
¿Cómo está hoy la guerra en Catatumbo?
Los recientes ataques en Catatumbo —con especial intensidad en El Tarra, donde el Frente 33 de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) busca recuperar territorios bajo control del ELN— reviven el temor de que se repita la crisis humanitaria que los enfrentamientos entre estos grupos armados desataron en enero de 2025.
“Vamos casi para dos semanas desde que se recrudecieron las confrontaciones. En los últimos días hemos visto la magnitud de este escalamiento de hostilidades, particularmente en Filo Gringo. En la última semana se han evidenciado los mayores impactos humanitarios, pero también en los últimos dos o tres días se han registrado enfrentamientos en zonas como Pacheli”, explicó hace unos días a Colombia+20 Lina Mejía, coordinadora de la organización Vivamos Humanos.
Las confrontaciones no solo han dejado desplazamientos y confinamientos, sino población civil herida, principalmente por el uso de artefactos explosivos y drones.
En ese contexto, la crisis humanitaria amenaza con empeorar. Según registros de Carmen García, directora de la Asociación Madres de Catatumbo por la Paz, hay más de 200 familias desplazadas en Tibú, más de 180 en Cúcuta y al menos 300 en El Tarra, además de otras que permanecen en albergues temporales o en casas de conocidos. “Esto se nos va a agrandar cada día más”, advirtió la lideresa.
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