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La región del pacífico nariñense y caucano lleva décadas resistiendo a la violencia y el abandono estatal. En casi todos estos municipios costeros se mantiene la presencia de actores armados ilegales, que se disputan este territorio estratégico para la movilidad de sus tropas y de varias rentas ilícitas que salen a través del mar.
Ante este panorama, que se expresa en constantes hechos de desplazamiento forzado, confinamiento y vulneración de derechos humanos contra la población, la Defensoría del Pueblo y de la Unión Europea realizaron una misión conjunta a la región, con el propósito de escuchar de primera mano a las comunidades para generar acciones concretas que mejoren la situación humanitaria.
Así fue la visita a la región
Del 19 al 21 de marzo, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, y el embajador de la Unión Europea en Colombia, Gilles Bertrand, estuvieron en tres municipios de la región: Guapi (Cauca), y Olaya Herrera y Mosquera (Nariño).
Durante la visita, pudieron conocer las afectaciones que viven las y los defensores étnico-territoriales, en particular situaciones de larga data de amenazas y violencia en su contra. También le pusieron la lupa al cumplimiento de los acuerdos con la disidencia de las FARC conocida como Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB), bajo el mando de Walter Mendoza, uno de los grupos armados que están en el territorio.
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“Se recogieron testimonios que son claves para las futuras estrategias de protección, así como elementos sobre los compromisos recientes de cese de afectaciones a la población civil nariñense adquiridos por la CNEB como parte de su diálogo con el Gobierno”, informó la Unión Europea a través de un comunicado.
La misión se reunió también con la alcaldesa de Guapi, el alcalde de Olaya Herrera y el secretario de Gobierno del municipio de Mosquera, subrayando el carácter fundamental de la articulación de los esfuerzos con autoridades locales y nacionales para garantizar respuestas efectivas en materia de derechos humanos.
Al respecto el embajador de la Unión Europea declaró: “En las regiones apartadas del Pacífico colombiano, las voces que construyen paz y defienden sus comunidades han sido silenciadas por la violencia. En esta misión conjunta con la Defensoría del Pueblo, quisimos reafirmar la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección para los liderazgos sociales y comunitarios, en particular juveniles”.
Bertrand agregó que para fomentar el desarrollo social y las economías lícitas, es fundamental “mejorar la cooperación con el sector privado nacional e internacional y reducir los costos prohibitivos del transporte, que encarecen y complejizan la salida de los productos locales hacia el resto del país y del mundo”.
A su turno, la defensora del Pueblo aseguró: “Estas son comunidades que no solo han estado solas y no han tenido la inversión estatal a la que tienen derecho, sino que también que han sufrido la violencia de los grupos armados, violencia que hasta hoy persiste”.
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Marín reafirmó el compromiso de “seguir monitoreando toda la situación, seguir apoyando los procesos de conversación que puedan permitir realmente que se estabilice una situación de respeto para la población civil”.
La visita al territorio contó también con la participación de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.
Los proyectos de paz en el pacífico nariñense y caucano
En el comunicado, la Unión Europea destacó que esta visita “fue un paso clave para visibilizar la realidad de la región y generar acciones concretas para la defensa de los derechos humanos”.
La misión, además, contó con el acompañamiento y facilitación del diálogo por parte de la Organización Pensamiento y Acción Social (PAS), que desarrolla desde hace 20 años estrategias participativas para la construcción territorial de la paz y la defensa de derechos humanos con enfoque diferencial.
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Como parte de la actividad, los dignatarios de la comunidad internacional y funcionarios del Estado conocieron de primera mano los resultados de los proyectos financiados por la Unión Europea en terreno.
Uno de ellos es “Liderazgo Juvenil Afro e Indígena”, implementado entre 2020 y 2025 por las oenegés COSPE y PAS sobre medidas de protección colectiva y creación de emprendimientos de naidí, plátano y panela, liderados por jóvenes afrodescendientes e indígenas, fundamentales para la sostenibilidad económica y la construcción de paz territorial en el centro poblado Boca de Guaba, comunidad el Garcero y vereda Las Marías.
“Estos jóvenes han demostrado que, pese a los desafíos, existen alternativas al conflicto. Desde la agroecología hasta el emprendimiento comunitario, están construyendo futuro”, señaló la Unión Europea al respecto.
La cita con la vicepresidenta Márquez
La misión incluyó también con una reunión con la vicepresidenta Francia Márquez, quien se encontraba en el departamento de Nariño.
Este encuentro tuvo como objetivo llevar las conclusiones de la visita y articular acciones del gobierno para atender el llamado de las comunidades visitadas.
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“Sin alternativas reales, la economía de la ilegalidad sigue siendo la única opción para muchas comunidades. En el Pacífico Nariñense, la falta de acceso a tierra, oportunidades laborales y apoyo a economías lícitas ha empujado a muchas comunidades a depender de cultivos de uso ilícito para su sustento. La erradicación sin alternativas solo profundiza la crisis humanitaria y económica del territorio”, indicó la Unión Europea.