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Vladimir Bravo Núñez salió de su casa en la noche de este domingo 30 de marzo para comprar unas salchipapas en el barrio La Independencia. Tenía 24 años, era futbolista y en el barrio le decían “Vlacho”. Su asesinato causó conmoción en toda Buenaventura y sembró terror en las comunidades, que todavía no saben cómo explicar por qué lo asesinaron.
“Las cosas están muy pesadas. El muchacho no le debía nada a nadie. Solo estaba comparando unas salchipapas. Las comunidades están totalmente asustadas”, dijo un líder social a Colombia+20, quien prefiere reservar su identidad por seguridad.
Tras este reciente hecho, en redes sociales se ha promovido el #SOSBuenaventura para que el Gobierno intervenga en el puerto y se impida que la violencia aumente cada vez más. Lo cierto es que la ola de violencia se ha agudizado al punto de cerrar marzo con más de 20 muertos. En lo que va del año se han registrado por lo menos 50 homicidios en el puerto.
La muerte de este deportista se suma a las denuncias que ha venido haciendo monseñor Rubén Jaramillo, quien acompaña el proceso de diálogo urbano entre el Gobierno y las estructuras del alto impacto Shottas y Espartanos, sobre cadáveres flotando debido a los enfrentamientos entre grupos armados, como el ELN y el Clan del Golfo, así como la disputa territorial que actualmente protagonizan esas dos bandas criminales de Buenaventura.
Precisamente, una de las principales razones del contexto violento e inseguridad en esa ciudad se debe a la ruptura de la tregua entre Shottas y Espartanos. El pasado 6 de febrero, las dos bandas criminales le dieron fin a un pacto de no agresión que duró 19 meses desde su instalación, una de las treguas más largas en la paz total de Petro, que había logrado sacar al puerto de la lista de las 50 ciudades más peligrosas de América Latina.
Fabio Cardozo, jefe de la delegación de Gobierno en ese diálogo urbano, explicó que la ruptura de la tregua se debe también a la disputa por el manejo de las rentas ilegales, lo que trajo el aumento de asesinatos y confinamientos en el puerto, pero aseguró que la violencia ya venía gestándose, incluso en tiempos de tregua.
“Cuando existía tregua, también estaban registrándose algunos indicadores de delitos preocupantes, porque al amparo de la tregua se fortalecieron. Una tregua que simplemente sirva para fortalecer sus estructuras criminales es una tregua que tiene una condición muy compleja”, explicó Cardozo en diálogo con Colombia+20.
Solo la estructura criminal Shottas le propuso un cese al fuego unilateral a la mesa de diálogo, propuesta que fue recibida por el equipo de la delegación, y por lo que crearán un mecanismo de monitoreo.
En ese contexto, la ola de violencia se veía venir. Las comunidades comenzaron a denunciar la presencia de hombres armados “patrullando” las calles e incluso algunos hostigamientos. La banda criminal Shottas fue la que anunció la ruptura de esa tregua, y en un comunicado dejaron claro que se defenderían de la banda Espartanos.
“Cada que ocurre un asunto terminan responsabilizándose el uno y el otro, como está ocurriendo ahora. Cuando uno conversa con los voceros, lo primero que hacen es señalar la responsabilidad de esta crisis al otro grupo, pero sabemos bien que los dos grupos son los responsables de los indicadores de muerte hoy en Buenaventura, de las condiciones de miedo y de confinamiento, de arrinconamiento en que está esta población”, afirmó Cardozo.
Precisamente, la banda Espartanos emitió un comunicado este lunes en el que señalan, sin pruebas, que los Shottas son los responsables de los recientes homicidios en el puerto y que las autoridades los están ayudando. “Es nuestro deber aclarar que las muertes de personas inocentes no son actos cometidos por parte del grupo Espartanos, desafortunadamente el escudo del proceso de paz es la mayor estrategia que tienen los Shottas”, se lee en el documento.
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Y agrega: “Muchos fiscales y jueces hicieron pactos económicos tal vez vitalicios y por eso cuando es el momento de emitir órdenes de captura o judicializaciones en su contra se hacen los de la vista gorda y archivan los procesos. Corromper las instituciones ha sido su mayor estrategia”.
Frente a la situación, la delegación de Gobierno en el espacio de diálogo también publicó un pronunciamiento en rechazo de los asesinatos y condenaron las acciones de las estructuras armadas. Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades para que garanticen la seguridad. Sin embargo, anunciaron que el proceso de paz urbana continuará.
Lo cierto es que la agudización de la violencia en Buenaventura pone mucha más presión sobre este diálogo de paz, al punto que podría desestabilizarlo directamente. “De continuar esta senda de muerte y estas actividades transgresoras a los derechos esenciales de las comunidades, van a estallar el esfuerzo de paz que venimos haciendo”, concluyó Cardozo.
Mientras tanto, las comunidades siguen quedando en medio de los enfrentamientos y la disputa por el control territorial. Linda Posso, coordinadora de la Oficina Regional Pares Pacífico, explicó que la crisis en Buenaventura es cada vez más compleja y al parecer se habría intensificado tras el presunto asesinato del hijo de un jefe de las estructuras.
“Resulta preocupante porque la ciudadanía está en zozobra. No es alarmista decir que las calles estaban vacías. En dos días asesinaron a seis personas y hay un fuerte cuestionamiento frente al asesinato de Vladimir y la forma que con sevicia se aborda a este joven. Estamos viendo que los grupos están en un escenario de retaliación y una necesidad de ejercer control en el territorio”, dijo.
Además de la ola de homicidios, Posso también resaltó las amenazas a la comunidad e incluso a la población rural. “Durante todo el fin de semana se movilizaron por WhatsApp un sin número de amenazas a la población para que no salgan. Dicen que no están teniendo en cuenta si son inocentes. Incluso, las comunidades rurales están denunciando que no pueden salir a ejercer su labor como la pesca”, agregó.
Las comunidades harán una marcha por la paz el próximo jueves 3 de abril en el puerto para pedirle a los grupos armados que cesen las hostilidades.
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