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A partir de este 10 de julio las delegaciones de paz del Gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla del ELN se encuentran en La Habana, Cuba, para discutir y aprobar los protocolos pendientes para la implementación del cese al fuego bilateral y los mecanismos de participación de la sociedad civil en el proceso de paz.
Las delegaciones han sostenido reuniones por separado desde el pasado miércoles 5 de julio, discutiendo internamente varios documentos que dos subcomisiones trabajaron durante las últimas tres semanas.
Por un lado, una subcomisión que sesionó en Cuba preparó los ocho protocolos que hacen falta para implementar el cese al fuego bilateral que regirá a partir del 3 de agosto, por 180 días. Habrá un protocolo complementario al mandato del Mecanismo de Monitoreo y Verificación y un glosario.
La otra subcomisión que trabajó en Bogotá elaboró cuatro documentos que incluyen el reglamento del Comité Nacional de Participación, el plan de trabajo del Comité durante los próximos seis meses que arrancan con su instalación el 25 de julio, un llamamiento a la participación y otro que define el apoyo operativo que darán la Misión de Verificación de la ONU y la Conferencia Episcopal al Comité.
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Las sesiones de la mesa en pleno se extenderán el tiempo que sea necesario para la aprobación de los protocolos y documentos. En todo caso, los lineamientos sobre el Comité Nacional de Participación deben quedar listos antes del 25 de julio, fecha en la que debe instalarse en Bogotá.
Precisiones sobre el cese al fuego
Uno de los temas que más tiempo puede llevarle a la mesa será la discusión y aprobación de los protocolos para el cese al fuego bilateral que tienen un alto componente técnico. Dos de los más complicados serán los que determinen las condiciones de seguridad y protección para los integrantes del Mecanismo de Monitoreo y Verificación y el que brinda condiciones de seguridad para el ELN y los lugares donde hace presencia, es decir, cómo se ubicarán los integrantes de la guerrilla y cómo se garantiza la separación de fuerzas.
Sobre el primer punto, ya hay algunos avances en el decreto 1117 del 5 de julio de 2023 que decretó el cese al fuego con el ELN. En el artículo 6 se estableció que la protección de los integrantes del Mecanismo estará a cargo de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep), “sin perjuicio de la colaboración armónica que puedan prestar las demás instituciones de seguridad del Estado, entre otras, la Unidad Nacional de Protección”.
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De hecho, el director de la Unipep, el general William Rincón, ha estado presente en estas deliberaciones y se encuentra en La Habana participando de esta ronda de reuniones.
El protocolo que dispone la seguridad de los lugares donde hacen presencia las estructuras del ELN está ligado a la manera cómo se ubicarán los integrantes de la guerrilla para garantizar la separación de fuerzas. Sobre este punto ya se conocen los lugares donde se desplegará el Mecanismo de Monitoreo y Verificación en lo regional y local.
Por ejemplo, las sedes regionales estarán en Valledupar, Bucaramanga, Popayán, Cali, Ibagué, Medellín, Quibdó, Arauca y las locales estarán en Fonseca (Guajira), Santa Rosa del Sur (Bolívar), Barrancabermeja (Santander), Cúcuta y Tibú (Norte de Santander), Guapi (Cauca), Tumaco (Nariño), Buenaventura y El Dovio (Valle del Cauca), San José del Palmar, Riosucio y Andagoya (Chocó), Neiva (Huila), Pereira (Risaralda), Caucasia, Anorí y Valdivia (Antioquia), Saravena, Tame y Arauquita (Arauca).
Varios sectores de la opinión pública han pedido que queden expresas las prohibiciones al ELN de secuestrar, reclutar menores de edad, instalar minas y producir confinamientos y desplazamientos. Esas prohibiciones ya quedaron en el decreto de cese al fuego. “A partir de las 00:00 horas del 3 de agosto de 2023 está prohibido ... impedir la atención de enfermos o heridos de la población civil y de las partes; incurrir en perfidia; incurrir en actos prohibidos en el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, como el homicidio, la toma de rehenes (secuestro), la violación, el desplazamiento forzado o el reclutamiento de menores, etc”.
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En el mismo decreto el Gobierno estipula que el cese al fuego tiene como objetivo mejorar la situación humanitaria de las poblaciones y los territorios y que las acciones específicas acordadas entre las partes tienen el propósito de generar condiciones para que la población civil pueda ejercer sus derechos y libertades... así como “evitar incidentes que pongan en riesgo el cumplimiento del cese al fuego, incluyendo el desarrollo de misiones médicas, de salud pública y humanitarias y la atención de enfermos y heridos de la población civil y de los integrantes de las Fuerzas Militares y Policía y del ELN”.
El decreto recalca que la continuidad del cese al fuego está condicionada al cumplimiento de los acuerdos y protocolos aprobados por la mesa y que el Mecanismo de Monitoreo y Verificación elaborará evaluaciones sobre el cumplimiento del cese. Además, el documento cambia la denominación que el Gobierno le da a esta guerrilla, que antes era concebida como un GAO (Grupo Armado Organizado) y ahora es reconocida como una Organización Armada Rebelde.