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Por primera vez, líderes y lideresas se reunieron con embajadores y embajadoras de diferentes países para hablar sobre sus experiencias de lucha y resistencia en la tierra que les pertenece.
Uno de los casos más recientes fue el traslado de firmantes del Acuerdo de Paz del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Caño Indio a una zona rural de Cúcuta. Para esto, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó más de 1.000 hectáreas.
Dairo Vallejo, coordinador del ETCR de Caño Indio, en Tibú, aún recuerda con nostalgia la salida de su comunidad a raíz de las amenazas y la ola de violencia que estalló en el Catatumbo por enfrentamientos y ataques del ELN y el frente 33 de la disidencia de Calarcá, Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF).
Al mismo tiempo, Dairo ve con ojos de esperanza el nuevo futuro que la vida les pintó.
“No ha sido fácil, pero en esa región donde estábamos el tema de la adjudicación de los predios es totalmente difícil, imposible, también por el nivel de conflictividad. Pero gracias al gobierno Petro que dándole cumplimiento al Acuerdo de Paz, en lo relacionado a la reforma agraria, entonces llegamos a acuerdos con dueños de fincas y ahora tenemos una tierra segura gracias a la Agencia Nacional de Tierras”, explicó Dairo Vallejo, firmante de paz.
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La conversación entre líderes y comunidad internacional se dio en el marco de la presentación de resultados y avances en materia de entrega de tierras y formalización de predios por parte de la ANT ante la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, en el marco de la consolidación de la Reforma Agraria.
El encuentro se dio justo un mes antes de que la Misión de Verificación de la ONU presente su informe ante el Consejo de Seguridad, en el que se le hace seguimiento precisamente a ese punto del Acuerdo que habla sobre Reforma Rural Integral.
Para Vallejo este es un paso que les permitirá trabajar con las comunidades y adelantar la reincorporación comunitaria. “Vamos a tener una vivienda. En el ETCR teníamos un centro educativo, de salud, guardería, proyectos productivos y arraigo, pero ahora todo lo vamos a trasladar porque tenemos tierra propia”, dijo.
Al relato de Dairo se suma el de otros cinco líderes y lideresas que hablaron sobre casos emblemáticos en los que el Gobierno dio cumplimiento a sus peticiones y derechos.
Las Pavas, Hacienda Bellacruz, El Aro y otros predios emblemáticos entregados por el Gobierno Petro
Otro de los casos que fue presentado ante la comunidad internacional fue el de la Hacienda Bellacruz, en el Cesar. Después de treinta años de lucha, la ANT adjudicó cinco predios, equivalentes a 1.900 hectáreas, para beneficiar a 350 familias víctimas del conflicto.
“Ya empezaron a trabajar las escrituras del predio y al mismo tiempo nos entregaron un proyecto productivo para desarrollar nuestra actividad agropecuaria y de permanencia. Actualmente somos 140 familias que estamos desarrollando nuestras actividades. Los títulos van a ser a nombre de la asociación, eso ya está caminando, va por buenos pasos y creo que muy pronto tendremos los títulos de las tierras. Eso nos reconforma porque nos da seguridad y estabilidad en la región”, explicó Adelfo Segundo Rodríguez, representante legal de la Asociación Campesina de Desplazados al Retorno.
El origen de la hacienda Bellacruz tiene nombre propio: Alberto Marulanda Grillo, un caldense que llegó al sur del Cesar hacia 1940 y con un préstamo de The Royal Bank Of Canada compró cuatro predios que representaban unas 100 hectáreas de tierra, en zona aledaña al río Magdalena. Sin embargo, antes que él, en la década de 1930, ya habían llegado colonos campesinos de distintas partes del país que venían a asentarse en territorios baldíos de la nación.
Marulanda Grillo, señala el informe, se habría valido de vías de hecho y artilugios jurídicos para apropiarse de baldíos aledaños a su propiedad. Uno de los testimonios relató que “él (Marulanda) les proponía la compra del terreno a nuestros abuelos; si no le vendían o hacía caso omiso a venderle, mandaba a pelar dos o tres novillos y los enterraba en la propiedad, entonces por medio de la justicia, al encontrar el cuerpo del delito ahí enterrado (los culpaban) y nuestros abuelos iban a la cárcel. Después de tres o cuatro años cuando salían, ya no encontraban nada, no sabían ni siquiera dónde era el sitio donde se encontraba su parcela. Esa fue la gran estrategia del propio Marulanda Grillo”.
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Dentro de los casos emblemáticos también se presentó el de El Aro, en Antioquia, donde se han formalizado 4.133 hectáreas beneficiando a 265 familias campesinas del territorio.
En el corregimiento de El Aro, municipio de Ituango, se vivió una de las masacres más cruentas en la historia del conflicto armado. El 22 de octubre de 1997, por Puerto Valdivia, paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ingresaron al corregimiento de El Aro. Su entrada a este lugar fue destruyendo y arrojando al río Cauca una carga de alimentos no perecederos como arroz, enlatados, azúcar, sal y otros víveres para la comunidad.
Durante nueve días, los paramilitares asesinaron a diferentes campesinos de la zona e incluso a un menor de edad llamado Wilmar de Jesús Restrepo Torres. También destruyeron la casa de los habitantes con granadas y la inspección de Policía. En agosto del año pasado se entregaron 52 títulos de propiedad, por más de 600 hectáreas, a familias campesinas sobrevivientes.
Asimismo, ocurrió con los habitantes de El Quimbo, Huila. Hace 15 años, más de 420 personas fueron expulsadas de sus fincas con perros y gases lacrimógenos para que allí se pudiera construir la hidroeléctrica El Quimbo.
El pasado 20 de septiembre, la Agencia Nacional de Tierras les devolvió las tierras que, tras los desalojos, dejaron una historia de victimización, desarraigo y un proceso social que hoy logró hacer justicia gracias a los gritos campesinos. El Gobierno reparó a 94 familias con 941 hectáreas. Y en la Zona de Reserva Campesina, Santa Isabel, Anzoátegui, se constituyeron 14 nuevas Zonas de Reserva Campesinas, que ocupan un área total de 643.381.
Otro de los predios emblemáticos entregados por el Gobierno fue el de la hacienda Las Pavas. En agosto pasado, después de 21 años de lucha, de resistir al desplazamiento y al despojo, el Estado les dio la razón y les respondió con lo que siempre pidieron: tener de regreso las tierras que los paramilitares les arrebataron en Las Pavas, en el municipio de El Peñón, Bolívar, en 2003.
El Ejecutivo entregó 50 resoluciones de adjudicación, y títulos de propiedad de los predios Chipre I y II, y el Provenir, en el corregimiento de Buenos Aires.
“La entrega del predio Las Pavas se convierte en un hito para el Gobierno Nacional, en la medida en que se pone fin a más de 20 años de un proceso agrario. Lo más importante son los campesinos y su reparación integral, a través del restablecimiento de sus derechos”, indicó la Agencia Nacional de Tierras.
El caso de Las Pavas es uno de los más emblemáticos en materia de despojo de tierras en Colombia. Se trata de un globo de 14 predios que suman 3.000 hectáreas de extensión, que estuvieron en la mira de paramilitares como Vicente Castaño, Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y Jorge 40, que promovieron el desplazamiento de la población.
Años después, la empresa palmicultora Aportes de San Isidro empezó a reclamar la propiedad de la finca, desatando una batalla ante la justicia que, en varias decisiones, les dio la razón a los campesinos.
Claudia Machuca es lideresa y una de las víctimas de desplazamiento forzado en el caso de la Hacienda Las Pavas. Más de 3.000 hectáreas de tierra estuvieron en manos de los paramilitares por más de 20 años. Después de tantas luchas por organizaciones campesinas, el Gobierno, con el liderazgo de la ANT, gestionó la entrega de 50 títulos correspondientes a 958 hectáreas a familias campesinas, además de que entregó títulos de propiedad a 43 familias.
“Hoy podemos decir que somos dueños de nuestra tierra a pesar de que siempre ha sido nuestra, pero hoy tenemos nuestro título en nuestra mano. Hoy somos propietarios y propietarias. Esto nos permite decir que tenemos una autonomía como campesinos para permanecer en el territorio porque tenemos de vuelta lo que era de nosotros”, detalló Claudia, quien además explicó que están a la espera de otros 64 títulos para el resto de campesinos.
“Algo que hemos reconocido en el Consejo de Seguridad es la prioridad que ha dado este Gobierno, precisamente, a la Reforma Agraria, a la implementación del Acuerdo de Paz, a la implementación de la Reforma Rural Integral. Avanzar en el catastro, llegar ya a su actualización del 27 por ciento; la creación de las 14 Zonas de Reserva Campesinas; adjudicación, formalización. Estamos, como se ha dicho también, lejos de las metas trazadas, pero tener realmente la voluntad política de aumentar los recursos, es algo que hay que reconocer, visibilizar y difundir”, enfatizó el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.
Y agregó: “Tener la posibilidad de que la comunidad internacional escuche de los protagonistas principales los avances, los retos, y sigan acompañando los esfuerzos del Gobierno colombiano, es muy importante para avanzar lo que más se pueda en los 14 meses que aún quedan (de la administración Petro) para garantizar la implementación del Acuerdo de Paz”.
Las cifras en materia de entrega de tierras
La ANT presentó avances ante la comunidad internacional con el objetivo de aportar elementos, cifras y análisis clave sobre el seguimiento del punto 1 del Acuerdo de Paz al informe que se presentará en julio.
En ese contexto, la Agencia resaltó que más de 599.000 hectáreas han sido gestionadas por el Gobierno nacional para familias campesinas, comunidades étnicas, víctimas del conflicto.
Asimismo, de ese número total de tierra, 15.692 fueron destinadas para procesos de reincorporación de firmantes del Acuerdo Final.
“Posicionar ese gran esfuerzo en el próximo Consejo de Seguridad, ese gran esfuerzo que ha hecho el Estado colombiano y particularmente el Gobierno nuestro en función de la implementación, es clave. Y nos interesa posicionarlo porque, más allá del análisis de las cifras y de los alcances mismos, pues hay historias que transforman la calidad de vida de la gente y pueden aportar a hacer mucho más si la comunidad internacional respalda las iniciativas que presentamos”, aseguró el director general de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman.
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A eso se le suma la constitución de 14 Zonas de Reserva Campesinas, 471 Comités Municipales de Reforma Agraria, conformados en 14 departamentos.
“Esto nos parece fundamental para superar los problemas sociales en el campo colombiano, pero también son compromisos del Acuerdo claves para construir paz en los territorios. Se vienen dando pasos, este tema está siendo priorizado, aunque todavía hay desafíos y hay que hacer mayores esfuerzos para lograr más metas”, señaló Raúl Rosende, representante especial adjunto de la Misión de Verificación.
Rosende también agregó que es importante tener en cuenta las condiciones de seguridad para que las medidas que se toman en términos de reforma rural no expongan a los campesinos. Al mismo tiempo, el representante hizo un llamado a agilizar para cumplir.
“En el Acuerdo de Paz se establecen metas, pero todavía necesitamos bastantes más esfuerzos para alcanzarlas. Son metas ambiciosas pero hay que seguir trabajando para lograrlas. Se debe incrementar el ritmo y la velocidad de formalización y adjudicación, pero vamos dando pasos muy importantes”, dijo.
El evento contó con la presencia del representante especial y jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu; de embajadores y delegados del Reino Unido, España, Noruega, Países Bajos, Brasil, México, Chile y Cuba; representantes de agencias y oficinas de la ONU en Colombia, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); entre otros.
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