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Hace una semana, tras mas de un año de acercamientos, el Gobierno de Gustavo Petro dio a conocer el inicio de las conversaciones en fase privada con el Clan del Golfo, autodenominado como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), considerado el grupo ilegal más poderoso del país.
El anuncio se dio a través de un video en el que aparece Jobanis de Jesús Ávila (’Chiquito Malo’, el máximo jefe del EGC), junto a otros cuatro cabecillas de esa organización armada. Por parte del Gobierno estaba el politólogo Álvaro Jiménez, quien lleva más de dos décadas trabajando en temas relacionados con la construcción de paz y fue designado como coordinador de la delegación del Ejecutivo en estas conversaciones.
En entrevista con Colombia+20, Jiménez habló sobre la estrategia del Gobierno, los desafíos que tiene este proceso ante la falta de marco jurídico y las líneas rojas que se trazarán para prevenir que el Clan del Golfo —que ha crecido un 40% en los últimos cinco años— aproveche los diálogos para fortalecerse.
¿Qué busca el Gobierno Petro en este tablero de negociación y qué se puede esperar de ese proceso?
Lo que nosotros buscamos con este proceso es que el grupo deje de existir, que se transformen las economías de esos territorios y que haya una transición de las personas que integran ese grupo a una condición distinta. Que asuman responsabilidades que tienen con sus víctimas y que podamos consolidar en esas regiones un Estado que contemple los criterios constitucionales del Estado social de Derecho.
Tras los encuentros y conversaciones que han tenido con los comandantes del Clan, ¿qué lectura hace de la voluntad de paz del grupo?
Llevamos un año de trabajo, de interlocución confidencial. Hemos observado, en lo que hemos discutido, que ha habido rigor, seguridad y certeza. Ahora bien, eso no significa que el grupo haya dejado de cometer las tropelías que comete. La reunión que acabamos de hacer (la semana pasada) es un elemento de confianza, porque es la ratificación de que lo que hemos hablado está claro. Ellos están planteando dos elementos de mucha significación, la seguridad física para sus integrantes y la seguridad jurídica. Para avanzar en la dinámica de construcción, el Estado no va a frenar su actuación hasta que no tengamos construidos desarrollos importantes.
¿Qué viene tras esa reunión con los cinco máximos jefes?
Yo creo en lo personal que tenemos que abrir rápidamente la fase pública y entregar los resultados que hemos trabajado de manera consolidada para que el país empiece a medir la confiabilidad que le produce o no le producen este tipo de desarrollos. Estos resultados tienen que brindar confianza a la comunidad nacional, pero también a la comunidad internacional, porque los temas de los que estamos hablando, como la migración o el narcotráfico, no solo involucran intereses de Colombia, sino también de Estados Unidos, otros países de la región y de Europa. Es decir, estamos hablando de una dimensión de afectación del tipo de criminalidad que se adelanta hoy por parte de este grupo que debemos tener en cuenta.
¿Qué camino va a tomar el Gobierno en esta negociación? ¿Va a ser un sometimiento a la justicia o se le va a reconocer el carácter político que el Clan del Golfo ha estado pidiendo?
El camino es el diálogo. El camino que está planteándose es el de una solución encontrada a partir de vías civilizadas, de herramientas que permitan, sin violentar la Constitución y sin violentar el derecho, encontrar soluciones y frenar esta situación. Este es un espacio que se denomina socio-jurídico. Estamos hablando de que vamos a utilizar la normativa existente y le vamos a incorporar elementos de justicia transicional en un proceso que se viene construyendo con la Fiscalía General de la Nación y con otros actores del sector justicia y que posteriormente el país conocerá cuando los tengamos suficientemente consolidados.
¿Es decir que todavía no está completamente claro si ese diálogo será vía sometimiento o vía negociación?
Lo que quiero indicar es que el procedimiento judicial que el Estado oferta a los grupos armados hoy, está en construcción aún. Aspiramos que ese proceso se haga dentro de las normas existentes. No estamos pensando en crear sistemas de justicia especial nuevos. Ya el país ha conocido la construcción del sistema de Justicia y Paz para el caso de los procesos de inicio de los 2000 y el proceso de Jurisdicción Especial para la Paz en el caso del Acuerdo del 2016. Tenemos, adicional a ello, en la justicia ordinaria un sistema de justicia especial indígena, un sistema de justicia en lo relacionado con el mundo cristiano y tenemos adicional la justicia penal militar. Seguimos siendo un país con unos porcentajes de impunidad altísimos. Por tanto, creemos que no es la fórmula encontrar y construir nuevos sistemas de justicia especial para cada grupo armado.
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¿Y sobre la petición de carácter político?
Lo que creemos es que hay que desarrollar con la normativa existente, lo que está diciendo la Corte Constitucional y es que a estos grupos se les pueden aplicar elementos de justicia transicional. Estamos trabajando en la Fiscalía en estos asuntos para definir cuál sería la fórmula que habría que construir cómo definitiva. Ahora bien, cuando tú tienes un espacio socio jurídico, estamos hablando de incorporar elementos del debate público que hay en las regiones.
En el caso de este grupo, ellos no tienen la ambición de modificar la arquitectura del Estado. Yo creo que lo que está claro es que hay que pensar en cómo transformamos la realidad de zonas del Urabá chocoano, de zonas del Urabá antioqueño, de zonas de Córdoba, de Sucre. El desafío principal es cómo transformamos las economías ilegales en esas regiones y cómo incorporamos esas regiones a los círculos y circuitos de economía legal existentes. Allí es donde está la almendra de lo que queremos hacer y creemos que además ellos deben ser partícipes de esa transformación económica.
¿Bajo qué condiciones se haría esa transformación?
En una condición donde no impongan su voluntad, donde no ejerzan el uso de las armas y en una condición en donde cumplan con criterios de respeto a los derechos de las víctimas y donde tengan la decisión y disposición de permanecer en esas zonas, convirtiéndose en elementos transformadores de la realidad económica y social de la región.
Pero sin marco jurídico puede ser difícil aterrizar los proyectos y transformaciones. ¿Usted se siente de alguna forma maniatado por eso?
No es que no tengamos herramientas, tenemos herramientas, lo que pasa es que la lógica de pensamiento de la cual venimos como sociedad es creer que así como construimos la JEP, en el caso del proceso con las FARC, ahora estamos pensando en que tenemos que construir otro proceso de un sistema especial de justicia. Nosotros no creemos así, lo hemos dicho en las mesas, no hay que construir instrumentos particulares de justicia, lo que tenemos es que buscar y por ello el aporte de la Fiscalía es fundamental.
¿Qué se habló del tema de migración en la reunión que tuvo con los máximos jefes del EGC la semana pasada?
En diciembre del 2023, el primer viaje que hicimos para construir una conversación con este grupo, lo hicimos con el consejero comisionado de paz, Otty Patiño (que acababa de llegar al cargo), el excomisionado Danilo Rueda y el director de Migración Colombia de esa época. Se habló del tema porque ya veíamos que iba a ser un tema principal con implicaciones en la política internacional, y también un drama humano. El desafío es de una magnitud significativa que no se puede resolver solamente con quienes estamos involucrados en la mesa, sino que va a requerir del involucramiento de actores económicos de la región, de comunidades, de liderazgos sociales, pero también de los gobiernos departamentales y obviamente, de toda la estructura del Estado.
Ahora, no es el único tema. Hay otro que es el tema del tráfico de drogas en toda esa zona del Pacífico y en parte de la zona del Caribe, porque debemos reconocer que por más de tres décadas esa región se ha convertido en un espacio donde ellos han tenido un control importante. En esas zonas, (el grupo) ha logrado implicarse en parte de esas economías legales y, por tanto, el desafío es de una magnitud muy significativa que no se puede resolver solamente con quienes estamos involucrados en la mesa, si no que va a requerir del involucramiento de actores económicos de la región, de comunidades, de liderazgos sociales, étnicos, poblacionales, pero también de los gobiernos departamentales y obviamente, de toda la estructura del Estado.
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El tema de migración tiene un punto adicional y es que coincide con la llegada Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. ¿Cuál es la expectativa que podría tener el país sobre este tema en este proceso?
Tenemos unos elementos discutidos y unos resultados claros para obtener que ellos tengan conciencia de eso y hay algunas acciones que esperamos que se concreten para definir el momento en que pasemos a la fase pública.
¿Qué otros temas se van a tratar en ese diálogo?
Hay un elemento central y es el del derecho a la vida. Hay lugares donde los grupos armados someten a la gente a una normativa de convivencia que violenta toda la dignidad de las personas y violenta los derechos. El tema del asesinato es inaceptable. El tema del sometimiento, del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes son elementos que tendremos que ir valorando y discutiendo. Este año, así lo hemos planteado, lo que tenemos es que avanzar en lo que construimos durante el 2024, que ha sido la confianza entre las partes. Todo este proceso ha sido confidencial durante casi un año. Hemos trabajado, discutido, hemos conversado y tenemos, delineado el propósito de trabajo de este año. Nosotros aspiramos que rápidamente ellos respondan a lo que hemos conversado en la reunión anterior y que podamos darle inicio a esa etapa formal y empecemos a producir resultados concretos que satisfagan los intereses de las comunidades en las regiones y den lugar y curso a una aceptación y a una buena observación social tanto nacional como internacional de este proceso.
En este año y medio que le queda al Gobierno Petro, ¿qué creen que se pueda lograr?
El objetivo de esta etapa no es firmar acuerdos. Nosotros vamos a consolidar el proceso. No es importante para nosotros firmar el acuerdo. Lo que queremos es desarrollar un proceso de transformación que empiece a caminar en las regiones, un proceso de transición del grupo armado a una condición distinta de su preponderancia militar, si se le puede denominar de esa manera, donde el control del territorio empiece a transitar hacia el Estado y sea la institucionalidad quien empiece a construir otro desarrollo allí. Si a mí me preguntas, ¿cuál es el horizonte? Yo creo que va a tomar varios años. El Estado no va a llegar desde Bogotá al Chocó, eso no funciona. Lo que necesitamos es construir el Estado social de Derecho en Chocó, con las comunidades del Chocó y con las autoridades del Chocó. Eso implica un proceso de trabajo largo, ambicioso, que seguramente no va a tener muchas comprensiones en Bogotá.
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Hace unos días, el Gobierno excluyó como representantes en el diálogo a tres de los jefes del Clan del Golfo, entre ellos Chiquito Malo, que además tenían orden de extradición. ¿Esto por qué se hizo y en qué medida afecta estos acercamientos que conocimos esta semana?
Esto se hizo con base en las potestades que tiene el Presidente de la República. Se había hecho un reconocimiento de los seis miembros representantes que hacen parte del Estado Mayor de esta organización. Sin embargo, hay tres de ellos que tienen una situación particular y es que están solicitados en extradición. Para nadie es un secreto que el contexto actual obliga a modificaciones, intentamos buscar caminos para superar el impase y buscar que se facilitará la suspensión de las órdenes de captura con fines de extradición. ¿Qué dice la ley? La ley facilita al Gobierno la ley 2272 para que las autoridades del Estado colombiano adelanten la suspensión de órdenes de captura con fines de extradición. Eso está facultado en la ley. Pero sí lo dice expresamente, en el momento en que haya avances importantes en el proceso de paz. Cuando tengamos esos avances seguramente vamos a poner a consulta el instrumento judicial y seguramente vamos a poder darle cumplimiento a esa suspensión.
¿Cómo garantizar que el grupo no aproveche los incentivos de la paz total para fortalecerse?
Nosotros somos conscientes de los riesgos, vamos a tener muchísimo cuidado, hemos hablado con ellos de algunos procedimientos para que en medio del proceso no tengan unas ventajas que les permitan acrecentar su poder o que les permitan influir negativamente en la vida de las comunidades. Dicho eso, partamos de una realidad: ellos están presentes en las zonas, ejercen un control sobre las comunidades, hacen extorsión, el proceso de este espacio no va a desaparecer de la noche a la mañana este asunto y como hay tantos opositores a este tipo de dinámicas de negociación, en la sociedad seguramente van a surgir muchos elementos, pero nosotros hemos observado que con ellos podemos adelantar en lo que hemos construido hasta ahora procedimientos que nos permitan evitar al máximo la afectación a la población civil.
¿Cómo eventualmente plantear un cese al fuego cuando este grupo tiene guerras en este momento abiertas, por ejemplo con el ELN en el Chocó, también con las disidencias de las FARC?
Todos estos grupos tienen la ambición de expandir su control territorial. Hemos discutido algunos elementos relacionados con cómo frenar la expansión, con cómo reducir las características violentas de esa expansión y creemos que vamos por un camino adecuado. Pero esa parte, cuando estemos en la fase pública.
¿Qué efecto puede tener este diálogo con el Clan del Golfo para el futuro del país?
Creemos que este proceso no solamente es necesario para el país, sino que es especialmente necesario para las personas que viven en el sur de Bolívar, Chocó, Urabá, Sucre, Córdoba, La Guajira, y que están viviendo un cotidiano muy complejo. No ahora, sino hace más de 40 años. Son municipios que llevan más de tres o cuatro décadas viviendo sometidos al imperio de las armas de cualquier actor ilegal, que decide que es su derecho determinar si puedes estar o no, si te cortas el cabello o no, si puedes vestir una falda o no, si puedes salir de tu casa después de las 6 de la tarde.
Ese tipo de condiciones son las que necesitamos resolver. Yo escuché en estos días a una candidata a la Presidencia que dijo que el 8 de agosto no iba a haber ninguna mesa de negociación. Y yo digo está bien, es su derecho de decirlo. ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué nos propone? ¿Otros 60 años más de tortura para esas comunidades que han vivido en guerra 60 años? Nosotros le apostamos a otra cosa y creemos que es muy importante avanzar en estos procesos.
El objetivo para nosotros está claro: la desaparición del grupo armado, la construcción de transformación territorial en las regiones, la instauración de un Estado de derecho, pero vamos a requerir el concurso de toda la ciudadanía. Si el país no comprende la necesidad de superar que el Chocó vive en una condición de dignidad y sin violencia, o que las regiones donde el Clan del Golfo está presente, creo que no vamos a lograrlo. De tal forma que el desafío no es ni del gobierno ni el grupo de personas que estamos trabajando en estos procesos, sino que el desafío es del conjunto de la sociedad, que ejerzamos el artículo 22 de la Constitución, en el sentido de que la paz es un deber y es un derecho, entonces nos toca como deber trabajarlo y como derecho reclamarlo.
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