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La fotografía oficial del encuentro está llena de símbolos. Fue tomada en la madrugada de este lunes, después de casi seis horas de reunión, y marca el inicio de uno de los tableros de diálogos de paz en los que más vaciló el Gobierno de Gustavo Petro: el del Ejército Gaitanista de Colombia (conocido como Clan del Golfo), el grupo heredero del paramilitarismo que se convirtió en la organización ilegal más grande y poderosa del país.
Sería difícil precisar cuánto tiempo tomó juntar a las personas que aparecen allí y las peripecias para lograr el encuentro. En la imagen están cinco de los hombres más buscados por las autoridades del país (tres de ellos, con orden de extradición): Jobanis de Jesús Ávila, conocido como ‘Chiquito Malo’, el máximo jefe de la organización; José Gonzalo Sánchez (‘Gonzalito’); José Miguel Demoya (‘Chirimoya’); Luis Armando Pérez y Orozman Osten (‘Rodrigo Flechas’).
Todos asistieron portando armas largas, vistiendo uniforme militar verde y cachuchas con la sigla EGC pintada en los colores de la bandera.
En medio de ellos, el coordinador del Gobierno en estos diálogos, Álvaro Jiménez, uno de los funcionarios más cercanos al consejero comisionado de paz, Otty Patiño.
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De fondo, una bandera verde y blanca con el emblemático retrato que el fotógrafo Luis Alberto Gaitán le tomó al caudillo Jorge Eliécer Gaitán en uno de sus discursos hace 77 años, una imagen que la familia del otrora líder liberal le ha exigido al grupo que deje de usar.
Las conclusiones del encuentro y los temas que marcarían la agenda
La cita entre los miembros del Estado Mayor del Clan del Golfo y el Gobierno Petro se dio seis meses después de la publicación de una resolución presidencial que abría la puerta a un diálogo con esta estructura.
Durante este lapso, las partes avanzaron en actividades de construcción de confianza y visitas a los territorios de influencia del grupo.
El resultado, según le contó Jiménez a Colombia+20, fue la reciente reunión, en la que se dio “una conversación franca y muy positiva, con la participación del conjunto de líderes más importantes del grupo”.
Todavía no se habla de la instalación de una mesa de diálogos y hay dudas sobre si será un proceso de sometimiento a la justicia o una negociación de carácter sociopolítico.
Según el coordinador del Gobierno en estos diálogos, la meta de las conversaciones es lograr el fin del Clan del Golfo.
Jiménez detalló que hay al menos cuatro temas que serán centrales en el proceso con esta organización ilegal: la superación de economías ilegales como el narcotráfico y la minería; la migración; el respeto por la vida de las poblaciones; y un proceso de justicia “que satisfaga a las víctimas, a la sociedad y a los actores involucrados”.
Para llegar a estos temas, advirtieron investigadores consultados por este diario, primero habrá que superar varios desafíos, como la definición del marco jurídico, el establecimiento de acuerdos humanitarios y la definición de incentivos para que tanto los cabecillas como los mandos medios y bajos acepten acabar con su actividad criminal.
Respecto a la disposición de diálogo, el negociador aseguró que “hay unas afirmaciones positivas de voluntad por parte de la dirección del grupo”.
¿Una carta para darle oxígeno a la paz total?
La formalización de las conversaciones con el EGC, así se mantengan en fase privada, representa un giro clave en la apuesta de paz de Petro, que atraviesa uno de sus momentos más difíciles luego de la suspensión de los diálogos con el ELN, los rezagos con las disidencias y la falta de resultados concretos en las apuestas de paz urbana.
“Un factor que dinamizó este anuncio es el fracaso de la negociación con la guerrilla del ELN, que era la apuesta más alta que tenía el presidente. Ante ese vacío, el Gobierno se mueve a buscar otras alternativas, y esto es importante porque (el EGC) es el grupo con más hombres en armas y más potencial de expansión en Colombia”, asegura Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte.
El poder del Clan del Golfo y la crisis humanitaria que se busca detener
El peso del encuentro no es menor y dimensionarlo pasa por entender la magnitud de esta organización armada. De acuerdo con el informe La incógnita de la “paz total”: qué hacer con los gaitanistas, del International Crisis Group, el EGC es el grupo criminal más poderoso de Colombia.
El documento detalla que a través del reclutamiento de viejos combatientes paramilitares, guerrilleros y exsoldados, el grupo logró una estructura disciplinada “que opera con la precisión de una empresa multinacional”, con capacidad de obtener unos $4.400 millones de dólares al año (más de 18 billones de pesos) por sus actividades en el tráfico de drogas, armas y migrantes y la minería ilegal”.
El grupo es responsable de decenas de amenazas, ataques y asesinatos contra líderes sociales, extorsiones, imposición de normas control y violencia contra poblaciones vulnerables, entre otros hechos.
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Al margen de los retos que competen explícitamente a este proceso, hay una serie de dudas sobre el difícil momento que enfrenta el Gobierno en materia de confianza ciudadana y capital político. Como quedó en evidencia en el consejo de ministros del martes, transmitido públicamente, varios altos funcionarios del gabinete tienen reparos con la apuesta de paz total del Gobierno.
A eso hay que sumarle que varios movimientos sociales de base, que apoyaron la elección de Petro y siguen respaldando su proyecto político, han expresado reparos frente a la apertura de un proceso de paz con el Clan del Golfo, dadas las constantes denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por este grupo.
Los desafíos del proceso
Según el profesor Trejos, los diálogos con el EGC tienen un problema estructural: “que el Gobierno no ha logrado que el Congreso expida una ley de sometimiento, y sin ese marco legal es posible que no se pueda avanzar en la negociación”.
Ante esa eventual dificultad, dice el docente, una opción es que el Ejecutivo le reconozca estatus político al grupo (como lo han pedido sus cabecillas), para tener un proceso de negociación. “Sin embargo, no se sabe si después de la situación del consejo de ministros el Gobierno esté dispuesto a arriesgar el poco capital político que le queda reconociendo a un grupo que ha tildado de paramilitar”, plantea Trejos.
Para Elizabeth Dickinson, experta del International Crisis Group que encabezó el informe, uno de los temas más complejos será definir los incentivos del Ejecutivo para lograr la desmovilización del grupo.
“Entramos en un juego de incentivos y hay que pensar en cómo organizar la oferta del gobierno y las líneas rojas, qué se puede negociar y qué no. La primera meta debe ser el desescalamiento de violencias, la protección de las comunidades y desarticular el control social que tienen. En el mediano plazo se debe buscar sacar a los integrantes del grupo de las economías ilícitas”, dice Dickinson.
La investigadora añade que un tema clave es asegurar que el grupo no se aproveche de la negociación para fortalecerse.
De otro lado, si el Gobierno mantiene su apuesta de negociar la paz en medio de ceses al fuego bilaterales -como se intentó hacer con el ELN y las disidencias de las FARC- habrá que sortear las disputas territoriales que están activas.
“Hay varias guerras regionales en las que el Clan es un actor protagónico y eso va a complicar cualquier posibilidad de desescalamiento con este grupo”, explica Trejos.
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Entre esos focos de conflicto preocupa el que se vive en el Sur de Bolívar, nordeste y Bajo Cauca antioqueño, donde el EGC se enfrenta al ELN y las disidencias de las FARC; el que tiene lugar en Chocó (contra el ELN); y el de Magdalena (contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada).
Hablar de paz con un grupo en expansión
No es sencillo establecer el número de integrantes que tiene el Clan del Golfo, especialmente porque al personal en armas se le suma una compleja red de informantes (llamados ‘puntos’ en varias regiones) que operan como civiles.
Algunas estimaciones de inteligencia militar indican que el grupo tendría al menos 5.000 integrantes, pero voceros de la organización aseguran que serían alrededor de 13.500 miembros.
Lo que sí está claro es que es el grupo ilegal que más se ha expandido en el país.
“Este fue uno de los grupos que más aprovechó la salida de las FARC para fortalecerse. En los últimos cinco años ha crecido más del 40% y ha logrado consolidarse para controlar puntos con salida a ambos océanos. Controlan el corredor estratégico del Darién, donde pasan cientos de miles de migrantes cada año, y que está en el corazón de la disputa con Estados Unidos”, dijo la investigadora Dickinson.
Pese a todas estas dificultades, el jefe negociador del Gobierno, Álvaro Jiménez, asegura que “siempre que haya una posibilidad, por más remota que parezca, de superar la violencia que afecta la vida de los colombianos, es importante desarrollarla”.
Lo que ocurra en los próximos meses con el Clan del Golfo será determinante no solo para evaluar esa posibilidad, sino para definir el rumbo y prioridades de las apuestas de paz de Petro en la recta final de su Gobierno.
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