Araña, entre los temas por los que militares (r) se fueron de mesa con disidencia de Mendoza

El coronel (r) Ariza estuvo en la mesa de paz con la disidencia desde junio de 2024.

Foto: El Espectador

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore) anunció este lunes su retiro de la mesa de negociación entre el Gobierno y la disidencia conocida como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), encabezada por Wálter Mendoza, tras la exclusión de su delegado, el coronel (r) Jaime Ariza.

La organización, que agrupa a cerca de 80 agrupaciones de veteranos, expresó su preocupación por desacuerdos de fondo en temas como la creación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) y el freno a la extradición de Geovani Andrés Rojas, alias “Araña”, cuyas órdenes están vigentes ante Estados Unidos, y cuya continuidad en la mesa fue motivo de choque con el jefe negociador del Gobierno.

En entrevista con Colombia+20, Ariza afirma que el distanciamiento empezó el ataque en septiembre a los soldados que fueron incinerados en Putumayo y el freno a la extradición de Araña.

¿En qué momento usted o Acore, o ambos, concluyen que la permanencia en la mesa ya no es viable y si hay algún punto de quiebre para su retiro?

La decisión de que yo no permaneciera en la mesa la toma el señor jefe negociador, junto con ellos, él y los dos negociadores que quedan, porque es un equipo que ha perdido casi el 50 % de su gente. Esa decisión se da en virtud de una serie de situaciones que se presentaron en los últimos meses, porque esto no fue de un momento a otro.

Esto inició en septiembre, con la situación en el Putumayo. Cuando sucede esto, el señor jefe negociador me llama y me dice: “mire, pasó esto, me hablaron un teniente y un soldado, y parece que fueron los de frontera, todo apunta a los de (Comandos de ) Frontera”.

Los que conocemos el contexto del departamento sabemos que es así, porque los de Frontera en esa parte donde sucedió el hecho son la autoridad delincuencial porque tienen control social, tienen control de la cadena de producción del alcaloide. Eso se produjo en un momento de una operación contra el narcotráfico.

Entonces hay una reunión con los delegados y los delegados. ¿Qué es lo grave que yo veo? Que esto se viene dando y que esta es una nueva modalidad de conflicto.

La modalidad de conflicto es que ya no atacan directamente a la fuerza pública, sino que ponen a la población civil, de una forma informal, a asediarla: la tranca, la evita, la constriñe, la lleva. Eso se llama asedio diluido. Es un asedio diluido que hace que la tropa pase a una posición defensiva, y pasa lo que está sucediendo hoy en día, lo que sucedió ayer, que fue el secuestro de unos militares en el Chocó, de los cuales ya hay más de sesenta casos documentados.

Esto va a pasar hasta que haya un problema mayor, hasta que haya una muerte. Esa clase de modalidad yo la hice ver. Dije: estamos a punto de eso. Mire que la tropa, al ver a su teniente incinerado, en llamas, incinerado, pudo haber reaccionado y hacer una masacre contra gente desarmada. Pero de acuerdo perfectamente, la tropa se puede defender, porque cualquier cosa que se use como arma para atacar la integridad del funcionario público puede activar la capacidad preventiva o letal.

Todo eso se habló. Yo quedé con la responsabilidad de medir la declaración nuestra, en la cual, en un momento dado, se informaba a la Coordinadora (Nacional Ejército Bolivariano), y la Coordinadora tenía que hacer sus pronunciamientos. El pronunciamiento lo hizo el jefe negociador y congeló la mesa, pero los pronunciamientos de la coordinadora fueron insuficientes y, a la semana, se volvió nuevamente al proceso de negociación, como si eso hubiera pasado de agache. Si ustedes van al hospital y ven al teniente, él quedó muy mal, y el soldado también. Ahí empezó el proceso de ruptura.

Posteriormente vino un documento cerrado que hizo Acore. Acore recolectó todo el ejercicio de análisis de las mesas y a cada mesa le hicieron recomendaciones y preocupaciones respetuosas, acertadas y reservadas. Se las hicieron llegar al jefe negociador y al alto comisionado.

Yo le advertí al señor jefe negociador: “Va a llegar una carta de Acore”, porque ellos están preocupados por esto”. Eso fue tomado de muy mal recaudo, de muy mal recibo, y ahí se empezaron a abrir más las distancias. En un equipo negociador no puede haber esas distancias tiene que haber confianza, tiene que haber comunicación suficiente para entenderse.

Si algo tenía este equipo era que era de diferentes matices, y eso permitía equilibrio en la negociación. El problema por esa carta terminó siendo un factor clave.

En el caso de Putumayo, el señor Novoa le dijo a este diario que se hizo una investigación, que se dio el escenario para una investigación, pero que no fue concluyente respecto a la participación de Comandos de Frontera y por eso se siguió adelante.

No, mire, eso medio se discutió en la mesa y no hubo ninguna investigación. Debe haber una investigación de por sí en este momento, pero no hubo fallo judicial, no hubo pronunciamiento de los órganos de control, ni de la Fiscalía ni de la Procuraduría.

¿Qué hubo? Hubo un consejo de seguridad. Eso pasó un jueves, me acuerdo tanto, y hubo un consejo de seguridad el viernes en la tarde. Entonces las autoridades locales dijeron que no había evidencia.

Posteriormente, en un pronunciamiento que hizo el gobernador, en una visita que hizo a la mesa dio a entender que sí era con los de Frontera. Lo que pasa es que si vamos a hablar de investigación penal, pues eso cursa unos plazos y unos términos. Pero todos sabemos que hay un control: de quién es el laboratorio, quiénes eran las personas que estaban ahí.

¿Cree que el trato del episodio de Putumayo fue el mismo que se dio con la muerte de los 11 soldados de Ecuador?

Exactamente. Todo se arreglaba, como siempre, en base a comunicados. Si usted mira todos los problemas que ha habido, se han tratado de arreglar en base a comunicados.

¿Por qué volvimos a la mesa? Porque la asociación de asociaciones campesinas pidió volver a la mesa y hubo un pronunciamiento del gobernador. Yo dije: en vista de que se está haciendo una investigación, volvamos a la mesa, pero tiene que haber un responsable.

Y yo seguí pronunciándome sobre esas circunstancias. Es que al teniente le acabaron la vida. Y no es solo el teniente, es que el país no puede seguir en un ambiente de ambigüedad estratégica.

La tropa no puede actuar, porque sale un poco de gente desarmada, supuestamente, y no dejan actuar al imperio de la ley. Por eso es que el 60 % de la territorialidad está perdida en el país. El principio de autoridad se perdió. Eso no puede ser así.

Tiene que haber un responsable. Y si no fueron los de Frontera pues que se diga quién fue. Pero sacaron uno, dos, dos comunicados, dos boletines. En el primero se autovictimizaron y el segundo fue peor, no quiero ni hablar de eso.

En contexto: Así operan los Comandos de Frontera, grupo señalado de asesinar a 11 militares en Ecuador

Coronel, ambos episodios, tanto el de Ecuador como el de Putumayo, ocurrieron hace ya un par de meses. Usted me dice que ahí se da el principio del distanciamiento.

Sí.

¿Lo del freno de la extradición de Geovani Andrés Rojas, conocido como Araña, contribuyó a ese distanciamiento?

El punto de ruptura definitivo fue una recomendación que se dio, a pedido del jefe negociador, al presidente Petro con relación a la extradición de Araña. Cuando la gente no entiende que los contextos cambian, y que la nueva política exterior de Estados Unidos influye en las negociaciones de Colombia, más cuando estos grupos tienen un alto componente de narcotráfico, ahí empiezan los problemas.

Yo les hice ver que el señor Araña era una oportunidad para mejorar las condiciones de la relación bilateral. Aquí no se trata de personificar, sino de política exterior, de interés nacional, de objetivos nacionales y de seguridad nacional.

Se hizo un documento muy aplicado, muy objetivo, entregado de forma exclusiva, con análisis jurídico e internacional. Recomendaba que el presidente de la República condicionara la extradición a que Araña encabezara una desmovilización de su estructura en un término de 60 días. Es un término perfectamente viable para desmovilizar 600 o 700 hombres; eso ya se ha hecho en Colombia.

Eso fue el punto de ruptura, porque, según el jefe negociador, iba en contra de lo que se había negociado. Sin embargo, es cuestionable, porque primero, la fórmula que tomó el Gobierno fue precisamente la del condicionamiento. Segundo, porque si el Estado —aunque sea débil— puede negociar con una estructura como los de frontera, con poder local, narcotráfico y tentáculos internacionales, también tiene que demostrar que puede exigir.

Además, el desarme, la desmovilización y la reintegración (DDR) se puede hacer de forma expedita, porque esta gente supuestamente va a participar en los planes piloto de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT). Si participa en planes piloto, no puede hacerlo desde la ilegalidad, tiene que desmovilizarse. Eso Araña lo admitió.

No pueden durar perennes 10 meses, porque eso se desgasta y no da garantías de no repetición. Ellos han seguido delinquiendo, y eso se refleja en las denuncias de la Defensoría del Pueblo, en informes de Human Rights Watch, donde se habla de presiones a la población civil, sabotajes, extorsión y reclutamiento.

Hay un informe del Ministerio de Defensa, en cabeza del comandante general de las Fuerzas Militares, que habla de 600 toneladas de droga saliendo por el andén Pacífico, concretamente por Tumaco. Todo eso demuestra que el entorno internacional es adverso y que esto desgasta el proceso.

Lo que se buscó fue poner una causal expedita al proceso. Eso causó un problema mayor para ellos. Se explicó, se hicieron reuniones en Acore, y el mismo grupo de asesores entendió la experticia y la calidad de quienes participan.

Los militares ponemos cuidado a las cuestiones de paz. Durante muchos años se hicieron procesos a espaldas del estamento militar, y por eso no surgieron. Desde La Habana quedó claro: la participación militar ha sido vital. Ha sido vital.

En contexto: Petro frena la extradición de Geovani Rojas, conocido como Araña, jefe de los Comandos de Frontera

¿Lo de Araña motivó su salida?

La propuesta fue condicionarla precisamente en virtud de esos antecedentes: la de HH y la de Olmedo, que entre sí es la que ha tenido problemas en la relación bilateral con los Estados Unidos, sobre todo la de HH, porque la de Olmedo no. Por eso uno trata de demostrar, de aportar, de no ser una piedra en la rueda ni hacer oposición sin argumentos sólidos.

Y sí, eso motivó a que el señor jefe negociador me dijera que la posición mía en la mesa era insostenible. Entonces le dice que ellos eran los que tienen que tomar la decisión: apartarme de la mesa. Esa figura empezó a principios de noviembre.

Yo no he estado en las últimas reuniones. No estuve en la última una ronda. Me apartaron de esa mesa localmente y he estado, por haciendo documentos.

Yo tampoco pedí seguir porque si no hay eco en lo que uno recomienda, en las iniciativas de uno, en la información de uno, ¿para qué seguir? En un equipo de trabajo donde no hay confianza ni buen ambiente, es mejor hacerse a un lado y apartarse de la situación.

En la carta de Acore hay seis puntos que son alertas, preocupaciones del proceso: el tema de la creación de las zonas de ubicación temporal, la interferencia en las elecciones. ¿Cómo está realmente esa mesa frente a esas seis alertas?

La mesa es un equipo negociador que encabeza una persona, el señor Novoa,que debo decir es muy preparada, empoderada, honesta, fundamental en estas cuestiones. Es un equipo que ha dado resultados. Nosotros somos una mesa que ha dado resultados.

Eso se resume en una sustitución de 30 mil hectáreas que se va a iniciar supuestamente. También la entrega de material: 14 toneladas de material explosivo y bélico, que es importante. Y claro, las ZUT y los planes piloto que van de la mano. En el caso de la Coordinadora Nacional es integral, porque se pretende hacer una acción de capacitación, pedagogía y transformación territorial.

El problema es el tiempo. No se pueden meter 60 personas, cuidadas por el Estado, mantenidas por el Estado y con un dispositivo de fuerza pública, si no hay garantía de no repetición. Si siguen delinquiendo, es difícil.

Y la otra alerta es con las garantías electorales. Se requiere es que no haya un actor armado coaccionante para las elecciones. Se sabe que hay compra de votos y el grupo se mete en política. Estos grupos ya tienen candidatos a elecciones. Parte de esa iniciativa fue sentarlos ahí para que no participen o no tengan injerencia en procesos electorales. Esa situación tiene a la mesa en entredicho.

El tiempo juega, pero esta mesa tiene capacidades para llegar a acuerdos parciales. El fin debería ser un acuerdo final. Si no se llega a un acuerdo final, los acuerdos parciales se diluyen y pueden convertirse en impunidad o violencia reciclada. Estamos a puertas de elecciones presidenciales y de cuerpos colegiados, y por eso hay que acelerar.

Estos grupos no atacan al Estado ni buscan tomarse el poder. Buscan quedarse con el poder territorial y disfrutar su economía. Los cabecillas ya tienen lo suyo, pero ¿qué pasa con los mandos medios que están empezando en el negocio de la coca o la minería ilegal? Ahí vienen las disidencias. No hay filiación política, hay causalidad económica: codicia, dinero. Eso genera narcotráfico, minería ilegal, prostitución, trata de personas, migración ilegal y afectación de recursos naturales. Si eso se desborda, el país entra en una deriva muy delicada.

¿Tiene algún mensaje final para la mesa?

Darle un agradecimiento a la comunidad internacional a los países y organizaciones acompañantes. Yo no deseo que el proceso fracase. Como soldado que vivió la guerra y conoció la negociación, creo que se pueden evitar muertos y conflictos. Les deseo lo mejor: es gente valiosa, trabajadora, patriótica y entregada. Pero definitivamente, hay veces que la división prima sobre la razón.

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