Consejo de Estado estudia demanda contra elegido en la curul de paz de Catatumbo

Diógenes Quintero fue personero de Hacarí por seis años, defensor regional del Pueblo en Ocaña por dos años y asesor del despacho del defensor nacional del Pueblo Carlos Camargo por seis meses. Hoy su curul está en entredicho por una demanda ante el Consejo de Estado.

Foto: Tomada de redes sociales

En un auto con fecha del 31 de mayo de 2022 el magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio de la sección quinta del Consejo de Estado anunció que estudiará la suspensión provisional de la elección de Diógenes Quintero a la curul de paz del Catatumbo. Esto, en el marco de un proceso de nulidad de su elección que comenzó tras una demanda ante ese alto tribunal interpuesta por varios ciudadanos (entre ellos otros candidatos a esa misma curul). Aunque el proceso aún no tiene un fallo definitivo, podría dejar sin piso la elección de Quintero, por lo menos temporalmente mientras se resuelve el proceso judicial.

Diógenes Quintero ganó la elección tras ser cabeza de la lista avalada por la Asociación de Familias Desplazadas de Hacarí, con 7.056 votos, de acuerdo el boletín 67 del preconteo realizado por la Registraduría. La segunda lista más votada estuvo integrada por Myriam Anteliz y Juan Carlos Quintero quienes obtuvieron 2.676 y 2.546 votos, respectivamente.

Precisamente la demanda fue interpuesta por Juan Carlos Quintero Sierra, Yoad Ernesto Pérez Becerra, Gustavo Adolfo Quintero Sierra, Yury Angélica Moreno Duque y Luis Caros Montenegro Almeida; Yoad Pérez también fue candidato a la curul de paz en esa región. Los demandantes argumentan que Diógenes Quintero “está incurso en la inhabilidad establecida en el numeral 2 del artículo 179 de la Constitución Política” y por eso mismo solicitan “la suspensión provisional de los efectos de la elección acusada”.

El numeral 2 del artículo 179 de la Constitución señala que no podrán ser congresistas “quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección”. Hay que puntualizar que Quintero se ha desempeñado antes en varios cargos públicos en la Defensoría del Pueblo y también fue personero del municipio de Hacarí.

Pero además la demanda interpuesta por los ciudadanos sostiene que durante el escrutinio hubo irregularidades en la información de los formularios E-14 que hacen el recuento de los votos: “se observaron diferentes inconsistencias, tales como enmendaduras en el número de votos a favor de un candidato determinado y datos contrarios a la verdad (...) el número de votos registrados a los candidatos superan el número de votos en la urna, o la sumatoria de votos a los candidatos no corresponde al valor real”.

Adicionalmente, la denuncia adjunta dos audios del alcalde de Hacarí, Deivy Bayona, donde se evidenciaría un presunto favorecimiento del mandatario hacia el candidato, algo que no solamente está expresamente prohibido para los aspirantes a las curules de paz, sino también para cualquier aspirante a un cargo de elección popular.

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La carrera de Diógenes Quintero por la Curul de Paz estuvo marcada por ataques y supuestos montajes en su contra, pero también por denuncias que lo involucraron en presuntos favorecimientos políticos, hechos que fueron reseñados por este diario, como cuando recibió el apoyo del alcalde de Hacarí, Deivy Bayona, en medio de la campaña.

Según los demandantes, luego de que dicha información fuera revelada por Colombia+20 antes de la elección, “la persona que custodia y recibió la prueba fue amenazada de muerte por parte del reducto del Ejército Popular de Liberación y obligada a desplazarse del municipio de Hacarí”, como prueba de esto adjuntan el documento de la noticia criminal abierta por la Fiscalía tras esos hechos. Además, adjuntan supuestas pruebas de entregas de dinero y favorecimientos que Diógenes Quintero o miembros de su campaña habrían hecho a líderes de la zona para conseguir que votaran por su candidatura, entre ellos la supuesta entrega de $1.500.000 en efectivo al sacerdote Gabriel Peña, de un corregimiento de Sardinata, Norte de Santander, para apoyar la remodelación de la parroquia.

Entre los anexos aportados por los demandantes como pruebas hay archivos en PDF de los formularios E-14 en mesas de votación rurales de los municipios de Hacarí, San Calixto, Tibú, El Tarra y Teorama, presuntamente con enmendaduras o cifras no concordantes, lo que tendrán que resolver los magistrados del Consejo de Estado.

En conversación con este medio Diógenes Quintero dijo que “hay una medida provisional que solicitan los demandantes, que pretende la suspensión de mi elección y el magistrado la estudiará”. Quintero, además, ha sido uno de los mayores voceros e impulsores de la recién creada bancada por la paz del futuro congreso, donde se aglutinan varios de los congresistas electos a las circunscripciones de víctimas.

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“Era un tema previsible, yo sabía que iba a haber demanda de parte de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), algunos candidatos querían que la Curul de Paz fuera por decreto y no por elección, pero la gente fue la que eligió, eso es lo que quiere la gente en el territorio”, asegura.

Diógenes Quintero se refiere específicamente a la pugna con sus contendores por la curul, Juan Carlos Quintero y Yoad Ernesto Pérez, quienes perdieron en las votaciones y ahora hacen parte del grupo de ciudadanos que interpusieron la demanda. Juan Carlos Quintero es un dirigente campesino de Ascamcat y había sido coadyuvante de la tutela con la que el senador Roy Barreras logró que revivieran las curules de paz por decreto.

Juan Carlos Quintero aspiró a la curul de paz avalado por la Mesa de Fortalecimiento de Organizaciones de Población Desplazada en Norte de Santander, su fórmula fue la lideresa Miryam Anteliz y juntos obtuvieron la segunda votación después de la de Diógenes Quintero. “Vamos a ejercer nuestro derecho a la defensa, estamos convencidos de que no existe ningún tipo de inhabilidad y vamos a salir victoriosos”, concluyó Diógenes Quintero, quien confía en que podrá tomar posesión de su curul y ejercerla.

Por su parte, los demandantes, entre quienes se encuentra Juan Carlos Quintero, quien integró la segunda lista más votada, piden en sus pretensiones que “se practiquen nuevos escrutinios, se profiera nuevo acto de elección y se expidan las respectivas credenciales a quienes resulten electos”. Pero esto dependerá del fallo final del Consejo de Estado, que también podría decretar la realización de nuevas elecciones o simplemente la silla vacía para esa curul.

Conozca el auto del Consejo de Estado aquí: