En un debate promovido por la alianza informativa de El Espectador, Colombia+20 y Blu Radio, en asocio con la embajada de Canadá y la Fundación Sergio Urrego, jóvenes de distintas regiones rurales de Colombia tuvieron la posibilidad de dirigir sus preguntas a quienes aspiran a ser electos como senadores de la República el próximo 13 de marzo. Nueve representantes de igual número de listas al Senado les respondieron a los jóvenes, mientras que los miembros del Pacto Histórico, el Centro Democrático, el Partido Liberal y el Partido Conservador no asistieron al encuentro.
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Los derechos a la vida y a la educación en el Pacífico colombiano
En su gran mayoría, los candidatos coincidieron en que hay que garantizar el acceso de los jóvenes de regiones como el Pacífico a la educación superior de calidad. Y ello a través de la ampliación de la cobertura de la educación pública en esas regiones, dijeron Viviana Barberena, de Centro Esperanza, y Sandra Borda, del Nuevo Liberalismo. Además, según esta última, hay que diversificar la oferta del SENA y hacerlo llegar a estas regiones “en donde la educación técnica puede implicar quitarle de las manos al reclutamiento forzado a muchos de estos jóvenes”.
Para David Luna, de Cambio Radical, el debate pasa por la descentralización o lo que llamó “desbogotanizar” el país. “El Ministerio de Educación le da un tratamiento totalmente diferencial a las regiones más afectadas del país versus lo que le gira a Bogotá. La única forma de lograr esto es entregarles estas competencias a los departamentos”, dijo el candidato.
Por su parte, Natalia Tovar, de los partidos cristianos MIRA y Colombia Justa Libres, puso el énfasis en aumentar la presencia del Estado en estas regiones, con la precisión de que no se trata del pie de fuerza, sino de programas sociales que puedan atender a esa población. De ello se distanció Luis Eduardo de la Hoz, del Movimiento Gente Nueva, quien aseguró que ha ocurrido en muchas regiones que el Estado hizo más presencia, pero no hizo más inversión de recursos para la educación. “Tenemos que vigilar lo que ya se está enviando y aumentar para primera infancia, bachillerato y universidades”.
En ese último punto coincidió Gilberto Tobón, de Fuerza Ciudadana, quien aseguró que el presupuesto de defensa es descomunal y ha servido para muy poco, mientras que el gasto presupuestal para educación debe aumentarse, pues es más efectivo que el de defensa para conseguir la paz en el país.
El único candidato que en este punto se refirió al Acuerdo de Paz fue Julián Gallo (o Carlos Antonio Lozada), del partido Comunes y firmante precisamente de ese acuerdo, quien aseguró que “para el derecho a la vida, indudablemente la implementación integral del Acuerdo de paz, que contempla un plan nacional de educación rural; avanzar hacia una paz completa con las organizaciones que permanecen en armas”. Añadió que es necesaria la universidad del Pacífico y solucionar los problemas de conectividad en esa región.
Elizabeth Giraldo, de Estamos Listas, propuso “desmilitarizar el Estado”, que además de reducir recursos para la guerra, implica “que el mismo Estado deje de recluta”. En ese sentido, sostuvo que darán la lucha en el Congreso para que se acabe el servicio militar obligatorio.
Y, por su parte, José Miguel Santamaría, del Movimiento de Salvación Nacional, quiso hacer énfasis en que en el sistema educativo “los profesores no se están dejando evaluar; no sabemos ni quién está dando las clases que toca y las que no tocan”.
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¿Cupos preferenciales en la universidad para jóvenes de las zonas rurales, como aquellas donde se implementan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)?
David Luna, Elizabeth Giraldo, Gilberto Tobón, Julián Gallo, Natalia Tovar y Luis Eduardo de La Hoz respaldaron la existencia de cupos preferenciales en las universidades para jóvenes de zonas rurales del país. Este último añadió además que deben acompañarse de bonos que subsidien la manutención de los jóvenes en las grandes capitales.
José Miguel Santamaría, de Salvación Nacional, dijo que estos jóvenes deben tener una prioridad, pero “sí es importante que esa persona esté preparada para que le sirva a la universidad”. Explicó que el problema está en que esos jóvenes tienen que salir con la suficiente preparación para poder llegar a la universidad y “utilizarla debidamente”.
Para Sandra Borda y Viviana Barberena, aunque están parcialmente de acuerdo con la medida, esta resulta limitada e insuficiente. “Asegurar los cupos para estudiantes provenientes de zonas PDET no va a lidiar con el problema, como pasó con Ser Pilo Paga, de que eso después se traduzca en niveles de deserción de esos estudiantes”, dijo Borda. Para ella, se trata de mayor inversión en educación primaria y secundaria para que esos jóvenes lleguen en mejores condiciones de desempeñarse en la universidad, y de hacer control político “para que el gobierno no se robe los recursos de la conectividad y eso contribuiría a que la educación no sea solamente presencial en las universidades de las grandes ciudades sino también en sus propias casas”.
Barberena sostuvo que puede ser una medida temporal. “Pero la equidad territorial es en serio. Toca no que la gente se venga para acá, sino garantizar que los jóvenes en los territorios tengan oportunidades de tener educación de calidad desde la primaria, pero también en las universidades”.
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La salud mental en la educación
Para José Miguel Santamaría, Natalia Tovar, Luis Eduardo de la Hoz, Viviana Barberena y Sandra Borda es necesario aumentar el monto que en el rubro de educación se le destina específicamente a la salud mental de los jóvenes, especialmente a causa del conflicto armado y la pandemia del Covid-19, como precisó Borda.
Julián Gallo y Gilberto Tobón se fueron por una reflexión sobre las causas de la crisis de salud mental en los jóvenes. Para el primero, “es la manifestación de un problema que tiene su origen en las profundas desigualdades sociales que generan una gran frustración en los jóvenes y que está llevando a que se expresen en estrés, en traumas, incluso en suicidios”. Por ende, para Gallo, es necesario borrar esas desigualdades sociales. Y para Tobón, el problema es “una sociedad que pone como meta el éxito, que es el dinero, y no les da las formas a las personas de obtenerlo”. Y eso, dijo, “no se arregla dando clases”.
Elizabeth Giraldo sostuvo que en la reforma a la salud que promoverá su movimiento se buscará que quede estipulada la política pública de salud mental. Por su parte, David Luna aseguró que en Colombia se tienen que dejar de estigmatizar los problemas de salud mental, porque por ello no se atienden. “Los tiempos de atención más largos en las EPS después de solicitar una cita son los de salud mental”, dijo.
¿Cómo disminuir los casos de embarazo que afectan el proyecto de vida de niñas y adolescentes?
Para Viviana Barberena, Natalia Tovar, David Luna, Luis Eduardo de la Hoz y José Miguel Santamaría la respuesta contundente es la educación, a través, por ejemplo, de las cátedras de educación sexual y salud reproductiva que no se están aplicando en las aulas de clase. Pero, además, para de la Hoz, es necesario prestarle atención al ICBF, “una entidad paquidérmica” que no está funcionado. Y para Santamaría, quienes cometan abusos sexuales deben ir a la cárcel y “tener penas ejemplares”.
El mismo punto lo tocó Sandra Borda, quien habló de acabar con la impunidad en los casos de abuso sexual. “Los embarazos de niñas y adolescentes en la gran mayoría de los casos son el resultado de relaciones que se tienen con hombres adultos, del círculo familiar o de amigos más cercanos”.
Sobre ello, Elizabeth Giraldo, de Estamos Listas, precisó que no todas las jóvenes que están en embarazo fueron violadas, y que hay que reconocer el deseo de la maternidad. Para ella, la fórmula es: educación, métodos anticonceptivos y aborto libre.
Por su parte, el candidato Gallo hizo énfasis en que, si bien la educación es importante, hay que entender las realidades socioeconómicas y las brechas que se dan entre el campo y la ciudad, y al interior de las mismas ciudades en relación con los estratos. Para Gilberto Tobón, mientras en las universidades y en la clase media crece el feminismo, “en los sectores populares, en los estratos 1 y 2, crece el machismo rampante y agresivo”.
¿Cómo fortalecer el empleo para los jóvenes en las zonas rurales?
Julián Gallo, de nuevo, insistió en que las respuestas están en la implementación integral del Acuerdo de Paz. Para incluir a los jóvenes rurales en el sector productivo explicó que el primer punto de ese acuerdo, el de la reforma rural, planteó la distribución de tres millones de hectáreas por parte del Estado a quienes no tienen tierra y otros siete millones de hectáreas formalizadas a quien la tiene pero sin título. “Ahí estaríamos incorporando 10 millones de hectáreas a la producción agraria”, sostuvo. En la defensa del Acuerdo de Paz lo siguió Viviana Barberena, de Centro Esperanza.
Para David Luna, José Miguel Santamaría, Natalia Tovar y Luis Eduardo de la Hoz es necesario promover la conectividad y las nuevas tecnologías en la ruralidad. Eso pasa por vías terciarias para que los campesinos puedan sacar sus productos a menor precio, por la tecnificación, diversificación e industrialización del agro, y, por supuesto, la inversión del Estado en el campo.
Elizabeth Giraldo, por su parte, defendió la soberanía alimentaria y sostuvo que aquellas labores y tareas “que se encargan de que cada ser humando pueda existir” deben ser remuneradas y dignificadas.
Sandra Borda sostuvo que es necesario llevar la universidad a las regiones y que se eduque a los jovenes rurales en competencias mucho más apropiadas para su inserción al mercado laboral. Para ello, dijo, hay que promover una política de primer empleo, pues a muchos jóvenes los rechazan en los trabajos al no tener experiencia. Además, dijo, buscará reducir las contrataciones por la figura de prestación de servicios.
Tobón, por su parte, respondió: “lo primero que haría es denunciar al gerente y a la junta directiva del Banco Agrario, que solo les presta plata a los terratenientes, así después no le paguen”. Dijo en cambio que hay que hacer una línea de crédito subsidiado para los campesinos.