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La embajadora Jennifer Locetta, representante suplente para Asuntos Políticos Especiales de los Estados Unidos ante la ONU criticó este viernes al Gobierno del presidente Gustavo Petro por la violencia de grupos armados, el narcotráfico y la inseguridad en Colombia.
Entre los puntos críticos señalados en su intervención ante esa instancia -donde la Misión de Verificación de la ONU presentó su más reciente informe sobre la implementación de Acuerdo de Paz- está el aumento del reclutamiento forzado de menores de edad por parte de organizaciones criminales. Estados Unidos instó al Gobierno colombiano a cumplir con su responsabilidad en la protección de la infancia y la seguridad de todos sus ciudadanos.
“Los Estados Unidos están preocupados por el incremento del reclutamiento forzoso de los niños por organizaciones narcoterroristas y pide al gobierno de Colombia que cumpla con su responsabilidad bajo la protección de la infancia y la seguridad para todos sus ciudadanos“, dijo Locetta.
La intervención se hizo previo a la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, que está prevista para el 3 de febrero. De hecho, este viernes la canciller Rosa Villavicencio -quien no pudo viajar a Estados Unidos por falta de visa- habló por teléfono con el secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio para ultimar detalles del encuentro.
“El presidente Trump y el presidente Petro tienen conversaciones muy productivas, pero estamos preocupados por la falta de estabilidad, por la violencia, por el cultivo de estupefacientes y el tráfico de droga. El enfoque de la administración Petro con algunos grupos puede generar muchas preocupaciones y plantea también dudas sobre la impunidad para el terrorismo y otros crímenes graves”, afirmó la representante estadounidense durante su intervención.
La funcionaria advirtió que, si no se controla la violencia y el narcotráfico de estos grupos, podrían expandirse y poner en riesgo la seguridad de los colombianos, de la región y de los estadounidenses. “Pedimos al gobierno de Colombia que priorice abordar esta amenaza”, añadió.
Las cifras sobre cocaína
Según cifras que dio a conocer la delegada estadounidense, en 2024 Colombia habría alcanzado 261.000 hectáreas de cultivos de coca y una producción significativa de cocaína.
“El informe del Secretario General de la ONU documenta como una estrategia de seguridad fallida, caracterizada por una detención prácticamente de la erradicación, ha llevado a un incremento de la producción de cocaína y del cultivo de la planta. Esto, precisamente, le permite a estos grupos también extender el reino del terror en buena parte del país”, explicó la representante.
Esto –señaló– se suma a una crisis humanitaria marcada por desplazamientos forzados. “Las políticas del gobierno de Colombia no han fomentado la seguridad; por el contrario, parecen haber facilitado lo contrario”, subrayó.
Este 22 de enero, el presidente Petro anunció que Colombia dejará de utilizar la metodología de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) para medir el número de cultivos de uso ilícito en el país.
El riesgo de la violencia en las elecciones
La representante de Estados Unidos también se refirió a la violencia que amenaza a las próximas elecciones en el país, y que fue uno de los temas centrales del informe, que cubre el periodo entre finales de septiembre y diciembre de 2025.
“No puede haber impunidad para actos terroristas o violencia por parte de estos grupos armados ilegales. Ahora que Colombia se acerca a los comicios nacionales, subrayamos una vez más que la violencia política no puede tener lugar en una sociedad democrática”, dijo la delegada.
Estados Unidos ha endurecido su discurso frente a la gestión de Petro en la lucha contra el narcotráfico durante las últimas presentaciones del informe ante el Consejo de Seguridad.
De hecho, en la última presentación, que se llevó a cabo el pasado 31 de octubre, la presión de Estados Unidos llevó a que se suprimieran dos funciones que la Misión tenía: Por un lado, la verificación del cumplimiento de las sentencias restaurativas dictadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el seguimiento del capítulo étnico del Acuerdo de Paz de 2016.
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