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La situación de inseguridad de líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz está en un punto insostenible. De acuerdo con cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde el 24 de noviembre de 2016 han sido asesinados 1.341 de estas estas personas, una razón de peso para hacerle llegar al presidente Gustavo Petro un plan de choque, para que desde su gobierno se articulen políticas públicas que permitan prevenir estos crímenes y así dar pasos significativos hacia una paz total, como ha denominado el jefe de Estado a su plan de paz.
Desde organizaciones como el Programa Somos Defensores o la Coordinación Colombia -Europa-Estados Unidos preocupa que en los últimos cuatro años se haya pasado por alto el cumplimiento pleno de la Comisión de Garantías de Seguridad. Entre otras cosas, esa entidad promueve una Mesa Única Nacional de diálogo a través de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, instancia que coordina el Ministerio del Interior y que es uno de los primeros puentes entre el Gobierno central y los territorios para trabajar en conjunto por la defensa de la vida de los líderes y lideresas.
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El plan de emergencia propuesta por las organizaciones está compuesto de cinco ejes y tiene tres objetivos: el primero es “generar una respuesta rápida” de la institucionalidad en las regiones donde se presente un incremento de agresiones; el segundo “poner en marcha acciones de carácter preventivo” para reducir los niveles de hostilidad y estigmatización, y por último “dar inicio a la configuración de una política pública de garantías”.
Entre los ejes también se habla de derogar el decreto que reglamenta el Plan de Acción Oportuna (PAO) que adoptó Iván Duque durante su mandato para garantizar derechos y protección de liderazgos sociales en los territorios. De acuerdo con el documento presentado por las organizaciones, esta iniciativa “partió de una noción de seguridad militarizada y ue en sus cuatro años de funcionamiento demostró ser ineficaz ante el fenómeno”. Los números demuestran que el programa no funcionó pues no cesaron las matanzas a excombatientes de las antiguas Farc (337 desde la firma del Teatro Colón). Además, tan solo en lo corrido de 2022, con corte al 1 de agosto, 114 líderes y lideresas sociales fueron asesinados por su rol de defensores territoriales.
Aquí puede leer el plan de choque:
El reto de los 100 días
Gustavo Petro tiene todos los ojos encima y lo que haga en sus primeras 14 semanas como presidente puede marcar una ruta clara de cómo será la fluidez de su mandato, al menos durante el primer año.
A partir de esta premisa, Franklin Castañeda, presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y miembro de la Coordinación Colombia - Europa Estados Unidos, habló con Colombia+20 para sentar puntos base sobre el plan de emergencia que llegó hasta la Casa de Nariño para defender de forma real y eficiente la vida de los líderes, lideresas, defensores y firmantes de paz en todo el territorio nacional.
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Castañeda afirmó que parte del éxito de seguridad territorial durante estos cuatro años radicará en los programas de prevención. “Cruzamos cinco bases de datos, entre Congreso, organizaciones sociales y Naciones Unidas, que arrojaron una situación gravísima en 65 municipios, a los que se debe priorizar. En esos lugares, las tasas de homicidios, atentados, confinamientos y desplazamientos forzados son altísimas y toca actuar ya. Lo primero va a ser ponerle cuidado a las Alertas Tempranas que se emitan, todo eso se ignoró en el gobierno pasado”, agregó.
El plan priorizará esos 65 municipios y seis capitales del país que, según el documento, conforman las regiones del Pacífico y Cordillera Nariñense, sur y norte de Cauca, Pacífico Chocoano, Nordeste Antioqueño, corredor del Magdalena Medio, región de frontera de Colombia y Venezuela, incluyendo Catatumbo y Arauca; y Putumayo. Sobre los municipios con graves afectaciones, hay cinco que tienen un llamado especial de urgencia: Argelia (Cauca); Roberto Payán y Tumaco (Nariño); Tibú (Norte de Santander); e Ituango (Antioquia).
El documento enviado al presidente también evidencia que persiste una desconfianza hacia la institucionalidad, pues desde la óptica ciudadana, los esfuerzos estatales para cuidar la vida de líderes y lideresas ha sido casi nulo. Para ello, Castañeda y los demás coautores del plan de emergencia hablan de estrategias preventivas como el inicio en funciones de Puestos de Mando Unificados para la Prevención y Protección, que involucren autoridades de todos los niveles nacionales, incluyendo la Unidad Nacional de Protección y la Procuraduría.
Este primer eje habla básicamente de una presencial del Estado en los territorios y de un acompañamiento de la comunidad internacional. También se contempla la organizaciones sociales y de derechos humanos, así como presidentes de las Juntas de Acción Comunal interesados. Igualmente, con participación de autoridades en materia de los enfoques de género, étnicos y territoriales pertinentes. “Esto también servirá para entender dimensiones más allá de las armadas, darle seguimiento a la labor de la Fiscalía (para disminuir la impunidad), entender el relacionamiento de distintos grupos que operan entre lo legal y lo ilegal – que les hacen daño a los liderazgos sociales- y afianzar una política pública de comisión nacional de seguridad”, le dijeron a este diario desde la Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos.
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El segundo eje habla de una acción preventiva y estratégica de la Fuerza Pública en los territorios. En las medidas se incluye desde el nombramiento de un oficial de la Policía a cargo del plan de protección, anillos de seguridad permanente, hasta el fortalecimiento de un cuerpo élite “para investigaciones de amenazas y homicidios contra líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos”.
Acabar con la impunidad y la estigmatización
En el tercer ejer se pide mejorar las medidas de justicia. Con esta petición al nuevo gobierno se busca que principios clave del tercer punto del Acuerdo de Paz, como la Comisión Nacional de Garantías, se articulen con oficinas ya existentes previas al pacto de La Habana, como algunas dependencias de Fiscalía, para elaborar procesos de acogimiento de grupos armados al margen de la ley y posteriormente ejecutar sus procedimientos judiciales correspondientes.
La propuesta también incluye la creación de juzgados penales para la investigación de conductas contra líderes y firmantes del Acuerdo, esto con el fin de “garantizar dedicación exclusiva, así como garantías de protección y personal suficiente para sus labores”.
Al igual que el ejercicio y defensa de muchos de los derechos en Colombia, el rol del derecho internacional será clave para vigilar la defensar de la vida de los líderes y lideresas territoriales, e incluso para prevenir la estigmatización como pide el cuarto eje de la propuesta.
En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores, según las peticiones de la Coordinación Colombia - Europa Estados Unidos, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, el Programa Somos Defensores, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y siete congresistas del Pacto Histórico, deberán adoptar una estrategia para revisar y garantizar la implementación de las medidas cautelares individuales y colectivas dictadas por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluyendo de las directrices para los pueblos indígenas.
“Ya hay medidas existentes para acatar normativas internacionales y prevenir la estigmatización… cosa diferente es que no se aplicaron. Por ejemplo, contamos con el Decreto 660 de 2018 (asociado al Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios). Se deben leer todos los riesgos, exponerlos en sesiones territoriales e inmediatamente después otorgar medidas de protección. Los programas de atención colectiva deben ser protagonistas de nuevo, así como una célere convocatoria de la Comisión de Garantías. Eso, sumado a las negociaciones con grupos armados y sometimientos de otros actores darían una fórmula ganadora para la vida”, sintetizó Franklin Castañeda.
La Comisión de la Verdad, mediante su Informe Final, también instó a los próximos gobiernos a ofrecer estándares básicos para defender la vida de aquellos que promueven el cuidado y los derechos de sus comunidades. “La estigmatización acabó con la vida de muchas personas que quisieron visibilizar a sus pueblos”, reza un apartado del volumen de narrativa histórica, y sobre esto el país quiere una no repetición plena. Condiciones de vida dignas, para que la defensa de los territorios no sea una sentencia de muerte.
No hay que desestimar los esfuerzos que ya están al alcance de los colombianos para preservar esas vidas, toca aprender de las lecciones fallidas y avanzar. Así se cumplirá uno de los puntos principales dentro del pliego de emergencia que le llegó a Gustavo Petro: “Primero es necesario revisar lo existente, intentar aplicarlo y organizar, y evaluar la oferta institucional actual para no crear estructuras que repitan las existentes”.
El último eje habla de la gestión de riesgos y acciones humanitarias con acciones como la reubicación temporal de personas en riesgo y “la entrega de ayudas humanitarias a comunidades en confinamiento y desplazamiento”. Además, la declaración de emergencia humanitaria por parte de la Presidencia de la República cuando sea necesario y así ”establecer un canal de comunicación desde el Gobierno nacional con las iniciativas y mesas de acuerdos humanitarios regionales, con el fin de facilitar los acuerdos y compromisos para facilitar el alivio humanitario a estas regiones”. Ese punto también contempla la “prohibición general del porte de armas”.