El 20 de julio de 2018, cuando se instaló el periodo legislativo en el Capitolio Nacional, una escena inédita se produjo en el salón elíptico del Congreso de la República: por primera vez, los últimos comandantes de las antiguas FARC tomaban asiento como senadores y representantes a la Cámara.
Habían pasado apenas dos años desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016, que garantizó diez curules transitorias durante dos períodos legislativos al nuevo partido surgido de la guerrilla —entonces llamado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y luego cambiado a Comunes tras un largo debate porque las siglas eran iguales a las de las FARC.
Ese día no solo marcó el inicio de un mandato parlamentario, sino la prueba más visible del espíritu del Acuerdo de Paz de transformar a una insurgencia armada en un actor político dentro de las instituciones.
Ocho años después, ese ciclo está por cerrarse. Este domingo el partido y sus integrantes se medirán por primera vez en las urnas sin curules garantizadas, compitiendo en igualdad de condiciones con el resto de fuerzas políticas.
La llegada al Congreso, sin embargo, estuvo lejos de ser tranquila. Después de décadas de confrontación armada con el Estado, varios exguerrilleros se sentaban en la institución que simbolizaba ese poder. “Era un momento de mucha expectativa, de mucha tensión (…) Entrar a una institución que representa en buena medida ese Estado que habíamos combatido y vernos cara a cara con los adversarios políticos más encarnizados”, dijo a Colombia+20 el senador Julián Gallo, conocido en la guerra como Carlos Antonio Lozada y quien estuvo ese día.
En el Capitolio, esa tensión se sintió desde el primer día, pero además de lado y lado. Sandra Ramírez, también firmante de paz y senadora —y la única que se volvió a lanzar en esta elección— dice que tenía miedo de encontrarse cara a cara con el entonces senador Álvaro Uribe.
“Sí, me daba temor, no porque me fuera hacer nada sino porque yo tenía un recuerdo de él, de una Navidad de 2004 o 2005 donde mandó un mensaje siendo presidente y me dijo directamente a mí que me saliera de la guerrilla o algo así y ahora me lo iba a encontrar. Pero debo decir que nunca me maltrató, siempre me trató con respeto”, dice.
En el salón elíptico todas las miradas se dirigían a los nuevos senadores y representantes que tantas veces habían sido vistos por televisión con las armas en la mano o con discursos insurgentes.
Durante su discurso de salida, el entonces presidente Juan Manuel Santos lo describió así: “Dejamos avanzada la implementación del Acuerdo con las FARC. La mejor prueba ha sido ver a sus excomandantes votando por primera vez en su vida y verlos aquí sentados defendiendo sus ideas con la palabra y no con las balas”.
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En esa misma instalación también participó Gallo, y dijo que el hecho de estar ahí sintetizaba lo que pasaba en ese momento en el país. “La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (como se llamaba antes Comunes) es consciente del significado que tiene para la vida política del país nuestra presencia en el Congreso de la República. De alguna manera, este hecho sintetiza lo nuevo que está aconteciendo en Colombia. Llegamos a este escenario de debate político luego de más de medio siglo de una confrontación político-militar con el Estado. Se cuentan por millones las víctimas del conflicto”, afirmó.
Después de su intervención, en un hecho que fue fortuito pero simbólico, tomó la palabra Uribe y brevemente se refirió a la presencia de los firmantes. “En esta coalición, por supuesto, hay partidos que tenemos diferentes aproximaciones frente al proceso con las FARC y diferentes aproximaciones frente al gobierno del presidente Santos”, dijo.
El contexto político tampoco ayudaba. El Acuerdo de Paz acababa de atravesar el traumático episodio del plebiscito de 2016 en el que ganó el No y su renegociación, y sectores del recién posesionado gobierno de Iván Duque y del partido de Álvaro Uribe cuestionaban abiertamente la participación política de los excombatientes.
Aunque durante los ochos años que duraron las 10 curules transitorias los senadores de Comunes se dedicaron sobre todo a defender el Acuerdo de Paz, la tarea principal de los primeros cuatro años de la bancada, según dice Gallo, fue defender la arquitectura jurídica de ese pacto.
Durante el gobierno de Duque, el momento más crítico llegó con las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Aquella disputa se convirtió en uno de los debates más duros del Congreso reciente.
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En medio de esa discusión ocurrió una escena que ilustra el cambio que supuso la presencia de los exguerrilleros en el Capitolio. El senador Gallo cuenta que en una reunión de jefes de bancada convocada para negociar las objeciones, Uribe se dirigió por primera vez a los senadores de Comunes como “colegas”.
“Yo entré al recinto porque me habían pedido estar en la reunión y apenas entré se hizo un silencio. Estaban todos los partidos… y todos nuestros opositores. Pero Uribe rompió el hielo y dijo: ‘Permítame, me dirijo al senador para contarle la propuesta’”, cuenta Gallo.
La bancada de Comunes se negó a respaldar las modificaciones que, en su criterio, ponían en riesgo la seguridad jurídica de los excombatientes. “Nosotros no podíamos aceptar ninguna de esas objeciones”, explica el exsenador. El encuentro no terminó en acuerdo, pero el hecho de esa primera charla para el senador Gallo y para Comunes fue representativo.
Un balance legislativo limitado
Pero si el balance político de estos ocho años tiene claroscuros, el legislativo resulta aún más complejo.
Los propios excongresistas de Comunes reconocen que ninguna de las iniciativas centrales presentadas por su bancada logró convertirse en ley. Proyectos sobre vías terciarias, fortalecimiento de plazas de mercado o reforma política fueron archivados o hundidos en el trámite parlamentario.
Según Gallo, en muchos casos el obstáculo no era el contenido sino el origen político de la iniciativa. “Proyectos tan elementales como fortalecer las plazas de mercado no pasaron porque venían de nosotros. Es algo que sí debería cambiar”, señala.
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Pese a eso, la bancada sí jugó un papel en la aprobación de otras reformas impulsadas por distintos sectores del Congreso o por el gobierno. Entre ellas el apoyo a la ratificación del Acuerdo de Escazú, la creación de la Jurisdicción Agraria y el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección. En esos casos, su participación no fue como autores de proyectos, sino como parte de coaliciones legislativas.
En medio de un ambiente hostil, Comunes encontró aliados en lo que entonces se denominó la “bancada alternativa”. Allí coincidían congresistas del Polo Democrático, la Unión Patriótica y sectores liberales. Según varios protagonistas de la época, ese bloque legislativo —que inicialmente surgió para defender el acuerdo de paz— terminó convirtiéndose en el embrión de la coalición política que años después permitiría la llegada de Petro a la Presidencia en 2022.
Desde esa perspectiva, la presencia de Comunes en el Congreso tuvo un impacto político que va más allá de su producción legislativa.
Un análisis publicado en 2024 por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) muestra que el partido ha tenido 15 congresistas distintos durante los dos periodos legislativos en los que ha estado presente —2018-2022 y 2022-2026—, incluyendo algunos que repitieron curul y otros que entraron después de reemplazos o renuncias.
El informe también señala que algunos de sus congresistas han tenido una actividad legislativa similar a la de otros partidos. Entre los más activos aparecen la senadora Ramírez y el representante Luis Alberto Albán, quienes han participado como autores o coautores hasta 2024 en más de 220 iniciativas legislativas a lo largo de su paso por el Congreso.
Buena parte de su trabajo legislativo ha estado concentrado en temas relacionados con la implementación del acuerdo de paz, la reforma rural, la economía campesina y políticas sociales, muchas veces en alianza con otros partidos o como parte de iniciativas más amplias dentro del Congreso.
A lo largo de estos ocho años, además, el partido atravesó momentos internos difíciles. Gallo reconoce dos episodios particularmente críticos: la salida de Jesús Santrich, Iván Márquez y otros excomandantes que terminaron reincorporándose a la lucha armada, lo que golpeó la credibilidad del proceso; y una fractura interna dentro del propio partido que llevó a la salida de algunos firmantes y congresistas como Victoria Sandino, en medio de debates sobre la estrategia política.
El fin de las curules garantizadas
Ahora ese ciclo llega a su fin. Este 8 de marzo será un termómetro de su transición a la política electoral.
Los resultados de las elecciones anteriores muestran las dificultades que ha tenido el partido para consolidar un respaldo electoral amplio. En las legislativas de 2018 obtuvo 52.532 votos al Senado. Cuatro años después, en 2022, la votación incluso cayó: 31.116 votos al Senado (0,19 %) y 21.182 a la Cámara (0,12 %). En total, el partido perdió cerca del 38,5 % de sus votos frente a la primera elección tras la firma de la paz.
Para los propios excongresistas, el balance es necesariamente ambivalente porque si no logran los votos necesarios para alcanzar el umbral, podrían perder su personería jurídica.
Además, persisten preguntas sobre el alcance real de esa participación política, cuánto lograron incidir y qué tan profundo fue el cambio que produjo su presencia en la política nacional. “Eso sería difícil. Se hizo el Acuerdo para hacer política y, además, no se logró una reforma política que permita la entrada de más participación”, dice Gallo.
Pero, por otro lado, el paso por el Congreso permitió conocer desde adentro la dinámica institucional del país. “Uno llega con muchos prejuicios”, reconoce Ramírez, pero agrega que pudo conocer de cerca el impacto de trabajar en ese lugar donde, afirma, “sí se trabaja, y se trabaja mucho”.
Aún así, ocho años después de su llegada al Capitolio, hay algo que incluso algunos de sus antiguos adversarios reconocen: la imagen de excombatientes sentados en el Congreso dejó de ser un hito político y se volvió parte del paisaje institucional. Una normalización que, para muchos analistas del proceso de paz, es quizá uno de los resultados más significativos —y menos visibles— de la implementación del Acuerdo de Paz.
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