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El debut de las elecciones a las curules de paz —creadas para dar representación política a las víctimas en los territorios más golpeados por la guerra— fue el 13 de marzo de 2022. Tras un tortuoso camino que aplazó por cuatro años su llegada al Congreso, 167 municipios del país votaron por sus nuevos representantes en el Legislativo.
La campaña estuvo marcada por inseguridad, trabas burocráticas, ausencia de reglas claras, el riesgo de cooptación política por parte de los partidos tradicionales y un marcado sesgo de género —que exigía que las listas tuvieran un hombre y una mujer— y que al final pasó la cuenta de cobro a varias lideresas que vieron cómo los hombres se quedaron con casi todas las 16 curules. Apenas en tres circunscripciones las mujeres se quedaron con el cargo.
Casi cuatro años después, y a menos de un mes de que se cierren las inscripciones para las elecciones de Congreso, las curules de paz llegan a su segunda y probablemente última elección con condiciones casi idénticas y enfrentando los mismos obstáculos —y en algunos casos más graves— que en los comicios de 2022.
El panorama adquiere mayor relevancia porque el arranque de la campaña para las curules de paz, se da cuando el país se alista a conmemorar los nueve años del Acuerdo de La Habana, este 26 de noviembre, sin que las condiciones de seguridad prometidas se hayan materializado.
Pese a la política de paz total, en los territorios persiste un ambiente de riesgo, control armado y presiones sobre liderazgos sociales, que incide directamente en la inscripción de candidaturas y en la posibilidad misma de hacer campaña.
En total, 369 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales, entre el 1 de enero y el 8 de noviembre de 2025 y al menos 13 aspirantes a curules de paz han sido analizados por los Comités de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral.
De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), uno de los principales riesgos está en el tema de seguridad que en algunos casos se ha vuelto insostenible. La Misión afirma que el 31 % de la violencia política del país en 2025 ocurrió en municipios donde están las Citrep (Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, que es el nombre técnico de las curules), una proporción que, como explica Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la democracia de la MOE, “se mantiene desde el ciclo anterior” y que, lejos de revertirse, sigue consolidando estas zonas como epicentros del despojo político.
En contexto: Curules de paz, las víctimas llegan al Congreso
Sin embargo, lo más preocupante no es solo la persistencia del fenómeno, sino su transformación: la violencia es ahora “más letal”. Alejandra Barrios, directora de la MOE, afirmó que leer las cifras de violencia política a la baja como una buena noticia sería un error, porque la disminución de amenazas y hostigamientos tiene un trasfondo evidente: los grupos armados han pasado a la letalidad, “directamente al asesinato”.
En esa línea, Rubiano detalla que la mitad de los asesinatos de líderes sociales del país ocurren en territorios Citrep, un dato que se vuelve aún más grave si se considera que el 60 % de esos hechos suceden en zonas rurales: los mismos lugares donde las organizaciones deben inscribir listas, hacer reuniones, visitar veredas o formalizar candidaturas. En otras palabras, el mapa de riesgo coincide exactamente con el de los lugares donde debe darse la participación.
Dentro de ese mapa rojo, la MOE identifica dos regiones críticas. En la circunscripción uno, que abarca municipios de Nariño, Cauca y Valle, la violencia se concentra especialmente contra liderazgos indígenas. “La mayoría de afectaciones son contra autoridades indígenas que, justamente por las reglas de la circunscripción, están habilitadas para aspirar”, explicó a este diario Rubiano.
La otra área en deterioro es la circunscripción número 3, del nordeste y el Bajo Cauca antioqueño, donde confluyen estructuras armadas y tensiones territoriales que alcanzan el sur de Bolívar. Allí, dice, lo que ocurre es “un variopinto de violencias” atravesadas por disputas por economías ilegales, más que por interferencia electoral directa, aunque los efectos sobre la competencia política terminan siendo igual de determinantes.
El vacío legal por el retraso del Ministerio del Interior
El otro obstáculo que enfrentan las curules es el vacío jurídico que dejó la caída del Decreto 1207 de 2021, que reglamentaba las curules.
En abril pasado, Colombia+20 alertó sobre la actualización que debía hacer el Ministerio del Interior, en cabeza de Armando Benedetti, del decreto que, entre otras, pone las condiciones electorales para los 16 escaños, como quiénes pueden ser candidatos para estos escaños, su elección, el presupuesto destinado para sus campañas, entre otros, y que fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional en agosto de 2023.
Contexto: Alerta por vacío legal en Gobierno Petro que afectaría campaña electoral de curules de paz
Entonces, el alto tribunal dijo que había vicios de procedimiento en el trámite del decreto y que fue expedido sin pasar por el control previo de constitucionalidad. “A pesar de que el decreto reguló materias que son objeto de la reserva de ley estatutaria, el presidente omitió el deber de enviarlo automáticamente a la Corte para su control previo, integral y definitivo de constitucionalidad”, señaló la Corte.
Diógenes Quintero, representante de la curul de paz de Catatumbo, lo resume sin rodeos: “Hoy estamos inscribiendo a candidatos sin un marco legal claro; eso va a terminar en demandas y en inseguridad jurídica (...). Hoy no se sabe con certeza quién está habilitado y quién no”, porque las reglas no están definidas con claridad.
Y sin una ley concreta, advierte, podrían multiplicarse las demandas en el próximo proceso electoral.
El investigador Rubiano, de la MOE, coincide con esa alerta, y dice que la demora del decreto no es solo un problema técnico, sino un riesgo que puede generar desconfianza y repetir los errores de 2022. “No se puede repetir el caos electoral”, afirmó.
Colombia+20 conoció que solo hasta el pasado 1° de octubre el Ministerio del Interior radicó el proyecto de ley para reglamentar las Citrep, pero no solo tiene poco tiempo en el Congreso donde se junta con otros proyectos del gobierno Petro con más prioridad, sino que también tiene en contra que las elecciones al Congreso son en marzo.
“Le dijimos al ministro del Interior que esto tiene que ser con trámite de mensaje de urgencia, porque si no, no se alcanza. Hoy estamos en la situación de que ya está corriendo el calendario electoral, ya están abiertas las inscripciones y no hay un marco: solo contamos con el acto legislativo y una resolución de la Registraduría, pero no está la ley reglamentaria”, explicó el representante Quintero.
Sin una ley estatutaria aceptada, la campaña de 2026 arrancaría con incertidumbre. “Esto crea muchos vacíos jurídicos que van a conllevar a demandas de nulidad electoral, porque hoy no se sabe quién está habilitado y quién está inhabilitado para ser candidato”, admite Quintero.
La MOE ya había alertado que “no hay una reglamentación ni propuesta clara” y que deben corregirse los errores del pasado, especialmente los que dificultaron la paridad de género y el acceso de comunidades vulnerables.
Financiación y pólizas impagables
A ello se suma una barrera que ya marcó las elecciones de 2022: la financiación insuficiente.
Rubiano advierte que, aunque la complejidad logística es enorme —campañas en ríos, zonas dispersas o territorios sin vías—, y que el anticipo estatal sigue siendo prácticamente el mismo. De acuerdo con la MOE, será de apenas un 5 % del tope de campaña que puede equivales a unos COP 50 millones.
“COP 50 millones en Chocó no alcanzan ni para moverse entre ríos. Y hay otras regiones donde esos recursos pueden irse solo en los traslados para visitar veredas”, reconoce Rubiano.
El otro punto son las llamadas “pólizas de seriedad”, un requisito del Consejo Nacional Electoral (CNE) para poder entregar el anticipo estatal de financiación a una campaña, que continúan siendo impagables o imposibles de obtener.
Básicamente lo que la póliza revisa es si la candidatura es real, si cumplirá las reglas y si no se retirará después de recibir el dinero público.
Las aseguradoras, como en 2022, son las que deben darlas, pero siguen argumentando que no aseguran candidatos en “zonas de alto riesgo”.
En 2022, este diario conoció denuncias de líderes y víctimas de Arauca, Norte de Santander, Chocó y Montes de María, en las que se les estaban pidiendo el pago de una póliza de COP 7 millones para que les den por anticipo el 50 % de los recursos que tiene que entregarles el Estado para que hagan campaña en sus territorios.
En contexto: Cobros de pólizas y amenazas: los obstáculos para los candidatos a curules de paz
En ese entonces, también se habían presentado otros obstáculos absurdos, como que los bancos no les permitían abrir una cuenta porque les exigen a las organizaciones con las que se inscribieron que demuestren que son un partido político —lo cual es contrario a la ley—.
Para no ir más lejos, el mismo representante Quintero revela otra realidad que desmonta la narrativa oficial de apoyo financiero: “Voy a terminar el período y no me han hecho la reposición de votos”. Si los representantes electos no han recibido lo que les corresponde por ley, la situación para quienes aspiran sin maquinaria o con recursos mínimos es todavía más restrictiva.
La Registraduría sí ha introducido algunos ajustes técnicos: más puestos de votación rurales, plataformas para facilitar inscripciones y herramientas como el OTP para validar documentos desde zonas aisladas. Pero incluso esas mejoras abren nuevos riesgos. En Norte de Santander, por ejemplo, un nuevo puesto rural quedó tan cerca del casco urbano, que, según relata Quintero, “eso facilita que gente de la cabecera —que no puede votar en el Citrep— vaya y se inscriba allá”. Es un tipo de trashumancia intramunicipal que ya afectó las elecciones de 2022 y que podría intensificarse, sobre todo en municipios donde los clanes políticos tienen control del aparato local.
El balance de las curules
Las curules de paz sí han tenido cierta relevancia en el Congreso y, de acuerdo con cortes de cuentas, como el que hizo hace unos meses la Fundación Ideas para la Paz, han impulsado proyectos claves, como la reforma a la Ley de Víctimas, la ampliación de las zonas del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial por 10 años y, por supuesto, la defensa de la implementación del Acuerdo de Paz.
Sin embargo, su paso por el Congreso revela brechas preocupantes en capacidades técnicas, producción normativa desigual y baja eficacia en el control político. Por ejemplo, aunque intentaron actuar como bancada, sus agendas e intereses diversos los terminó dividiendo.
Además, su primer período legislativo fue un tsunami de conceptos nuevos para algunos de ellos, que venían de los territorios. En su momento, organizaciones como PNUD les hicieron talleres intensivos de la Ley 5, que es el reglamento del Congreso.
El golpe más duro quizá fue la inclusión de la representante de la curul de paz de Arauca, Karen Manrique, en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La MOE ha reportado comportamientos contradictorios entre algunos representantes actuales, quienes, pese a ser elegidos sin afiliación partidista, han firmado proyectos legislativos junto con partidos tradicionales. Rubiano sostiene que “hay interés de actores políticos tradicionales en incidir sobre las curules”, una dinámica que estaría reconfigurando el propósito inicial de la figura.
Sin cambios en la financiación, sin blindaje jurídico, sin garantías de seguridad y con riesgos crecientes de cooptación, el proceso electoral de 2026 parece repetir, casi punto por punto, las condiciones de 2022.
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