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Este jueves la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, anunció que si el Gobierno no reactiva las órdenes de captura contra Calarcá Córdoba, de la disidencia Estado mayor de los bloques y Frente (EMBF), la Fiscalía lo hará.
De acuerdo con lo que dijo la fiscal Camargo a Blu Radio, esta decisión se basaría en la falta de voluntad de Calarcá Córdoba en la mesa de diálogos que adelanta con el Ejecutivo y en la presunta comisión de delitos por parte del jefe disidente después de haber sido asignado como gestor de paz.
Según señaló Camargo, Calarcá habría cometido delitos contra defensores de derechos humanos y las pruebas estarían dentro de los computadores encontrados en el polémico retén en el que fue capturado Calarcá y otros incidentes del EMBF en Anorí, Antioquía.
En los archivos que reveló Noticias Caracol el pasado diciembre se encontraron reportes de reclutamiento de menores, registro fotográfico de secuestros y ejecuciones, así como conversaciones sobre la compra de armamento sofisticado.
El caso más grave que se dio a conocer en ese paquete de conversaciones, fotos y videos fue el del asesinato de Juan Gabriel Hurtado, un excombatiente de las FARC que adelantaba su proceso de reincorporación en el Meta, que ocurrió el 6 de enero de 2024.
Para ese momento Calarcá, aunque era parte de la disidencia, aún no era negociador. El guerrillero llegó a la mesa en marzo de ese año tras la separación del Estado Mayor Central que dio origen al Estado Mayor de los Bloques y Frente, de la cual es parte de la comandancia.
En medio de las filtraciones de esos archivos, la fiscal Camargo ya había asegurado que evaluaría una nueva orden de captura contra Calarcá.
Colombia+20 intentó tener una respuesta de la Oficina de Consejero comisionado, pero hasta el momento no ha tenido una respuesta.
Por ahora, este diario conoció que la delegación del Gobierno está en una reunión con Calarcá en el Yarí.
Washigton pidió acelerar la extradición de Calarcá
La presión al Gobierno de Gustavo Petro sobre el caso de Calarcá también ha llegado desde Washigton. Hace casi tres semanas, se conoció una carta en la que el senador estadounidense Bernie Moreno pidió al presidente Gustavo Petro que se acelere la extradición de Calarcá.
En la misiva, el congresista republicano mencionaba el atentado del pasado 22 de agosto contra un helicóptero Black Hawk de la Policía, que fue atribuido a la estructura 36 vinculada a la disidencia de Calarcá.
Aunque el ELN se atribuyó días después ese hecho, la violencia perpetrada por la disidencia de Calarcá no cesa.
Uno de los hechos más recientes fue el del secuestro de dos menores de edad en el corregimiento Puerto López, en El Bagre (Antioquia), que fueron liberadas este 16 de marzo.
El momento de tensión que atraviesa la mesa
El tablero de paz con la disidencia de Calarcá atraviesa desde hace semanas un momento de desgaste.
El pasado 24 de febrero, esa estructura armada anunció que ordenó a sus tropas a actuar en “legítima defensa” ante las operaciones de la Fuerza Pública.
En el comunicado el grupo señaló que los enfrentamientos que habían tenido con la el Ejército en zonas de Caquetá y Guaviare dejaron muertos y capturados entre sus filas.
Para ellos, esa fue la muestra de que “el Gobierno decidió unilateralmente dialogar en medio de la guerra”, tras el fin del cese al fuego.
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