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El ultimátum que le dio la Fiscalía al Gobierno de Gustavo Petro para reactivar las órdenes de captura contra Calarcá Córdoba, jefe de la disidencia conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), no solo sacude a una de las mesas más importantes de la paz total del presidente y que había tenido avances en materia de paz territorial, sino que deja pendiendo de un hilo una de las políticas insignia de esta administración.
La reactivación de las órdenes de captura sería una estocada final en esa mesa que desde noviembre pasado acumula episodios de tensión que han puesto en duda la efectividad del proceso como salida legítima a la guerra. Por eso mismo, el jueves se tuvo una reunión de emergencia entre la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y el consejero comisionado de paz, Otty Patiño, para evaluar el escenario de Calarcá.
El resultado del encuentro fue una especie de plan de verificación de la voluntad de paz de quienes tienen órdenes de captura suspendidas por las negociaciones de paz. “Se definió una metodología de seguimiento al cumplimiento de los requisitos para el mantenimiento de la suspensión de las órdenes de captura en el marco de la Ley 2272 de 2022 (o Ley de Paz Total)”, se lee en el comunicado que agregaba que se hará una revisión periódica.
Para Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), para que esa metodología funcione debería medir el impacto de las acciones del grupo armado a la población civil. “Tiene que hacerse en el marco de los Derechos Humanos, no solamente el Derecho Internacional Humanitario. Si la Fiscalía y esta comisión se ciñen estrictamente a los ceses al fuego firmados, probablemente no va a encontrar gran cosa”, afirma.
Colombia+20 contactó a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y de la Fiscalía para conocer más detalles de la metodología acordada, pero hasta el cierre de esta edición no tuvo una respuesta oficial.
Pero más allá de los métodos de verificación hay un dilema político. Para Elizabeth Dickinson, directora adjunta del Crisis Group para América Latina y el Caribe, la decisión sobre las órdenes de captura de Calarcá no puede reducirse a criterios técnicos. La pregunta de fondo es si el equipo negociador del gobierno y el propio presidente consideran que el EMBF tiene una voluntad genuina de paz. “No hay método científico para identificar si tiene voluntad”, advierte.
A eso se suma un factor externo que complica aún más el cálculo: el contexto geopolítico y la presión de Estados Unidos. De hecho, hace casi tres semanas, se conoció una carta en la que el senador estadounidense Bernie Moreno pidió al presidente Gustavo Petro que se acelere la extradición de Calarcá.
Esa presión externa –dice Bonilla–, con todo, no es necesariamente la más determinante. La subdirectora de Pares apunta que el peso mayor lo ejerce la opinión pública. “No es secreto para nadie que la paz total y la manera como se han manejado las mesas tienen muchas dificultades”, señala.
Los hechos de violencia de las últimas semanas lo confirman. Uno de los más recientes fue el secuestro de dos menores de edad en El Bagre (Antioquia), que fueron raptadas por el grupo y acusadas —sin pruebas— de colaborar con otro grupo armado. Tras la presión de las autoridades, fueron liberadas cuatro días después.
A eso se suman combates como el del pasado febrero en Guaviare, en el que murió el soldado Yeudy Osorio. Este hecho se dio justo tres días antes de que el EMBF anunciara la orden a sus tropas actuar en “legítima defensa” ante las operaciones de la Fuerza Pública.
Dickinson explica que ese tipo de confrontaciones —que han dejado en el medio a la población con profundas afectaciones humanitarias— responden a una reacomodación de fuerzas por parte de los grupos armados.
“Ellos intentan fortalecer su control y reposicionarse ante cualquier administración que pueda seguir después de la de Petro. Están haciendo sus propios cálculos de qué va a pasar si la mesa deja de funcionar, si el próximo gobierno tira hacia la derecha en cuanto a la estrategia de seguridad”, explica Dickinson.
Otro punto de tensión en el proceso fue la captura por unas horas del jefe de la delegación de la disidencia, Leopoldo Durán, al parecer por un error de comunicación entre la mesa y las autoridades.
Los archivos que desataron la crisis en la mesa
El ultimátum que dio la fiscal Camargo este jueves no fue el primero. Fuentes cercanas al proceso con el EMBF señalaron a Colombia+20 que el ente investigador ha insistido en distintas ocasiones tanto al Comisionado de paz como a la delegación del Gobierno en la necesidad de reactivar las órdenes contra Calarcá. Hasta ahora, la respuesta ha sido que no es conveniente dar ese paso.
La presión de la Fiscalía llegó en diciembre tras la revelación que hizo Noticias Caracol sobre los archivos encontrados en un computador atribuido a Calarcá, incautado en un polémico retén en Anorí, Antioquia, en julio de 2024, en el que fueron capturados varios disidentes –entre ellos Calarcá– cuando se transportaban en camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Aunque ellos tenían autorización de esa movilización en el marco de la mesa, se encontraron guerrilleros con órdenes de captura vigentes dentro de los vehículos, así como un menor de edad. En ese momento, Camargo advirtió que evaluaría una nueva orden de captura contra Calarcá.
Aunque ellos tenían autorización de esa movilización en el marco de la mesa, se encontraron guerrilleros con órdenes de captura vigentes dentro de los vehículos, así como un menor de edad. En ese momento, Camargo advirtió que evaluaría una nueva orden de captura contra Calarcá.
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Entre los documentos hallados en los computadores se hallaron reportes de reclutamiento de menores, secuestros y delitos contra defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz, así como información sobre presuntos nexos de la disidencia con integrantes del Ejército y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Para Bonilla, los archivos muestran los límites de los propios términos de la negociación. Que haya evidencia de posibles vínculos entre el EMBF y sectores de las Fuerzas Armadas o del Estado no constituye, en estricto sentido, una violación del cese al fuego. Ese —dice— es precisamente el problema. “Si uno se ciñe estrictamente a los términos formales, la mesa tendría que continuar tal como va, pero no va a llegar a ninguna parte”, explica.
Las delegaciones del Gobierno y la disidencia no se han pronunciado sobre la continuidad del proceso. Sin embargo, Colombia+20 conoció que justo el mismo día en que la fiscal Camargo dio su ultimátum, el equipo negociador del Ejecutivo se había trasladado a los llanos del Yarí a una reunión con Calarcá.
El viernes la mesa informó, además, de la inauguración de una planta de bioabonos y un reservorio de semillas en la vereda Puerto Cachicamo de San José del Guaviare. El anuncio no deja de sorprender porque si bien es una señal de que la mesa sigue en pie y que continúan los avances territoriales, parece un gesto desconectado de las declaraciones de la fiscal.
Para Dickinson, los problemas que arrastra el proceso no serán fáciles de resolver. “Yo no veo suficientes avances para garantizar una continuidad en la mesa y con los tiempos electorales, mas el vencimiento de la ley de paz total, que es de noviembre de este año”.
Lo que deja ver la tensión con el EMBF sobre la paz total
El desgaste de la mesa con el EMBF deja al descubierto un problema estructural en la política de paz total: la dificultad de negociar sin reglas del juego claras o que no siempre se ajustan a la naturaleza de los actores armados ilegales que hoy están en la guerra.
A diferencia de la antigua guerrilla de las FARC con las que se firmó el Acuerdo de Paz en 2026 –dice la investigadora Bonilla– que contaba con una estructura jerárquica definida, bajo la figura del secretariado, las disidencias como la de Calarcá operan con mandos más fragmentados y con niveles de legitimidad interna que no se terminan de consolidar.
“No se puede negociar con esta disidencia como si fuera en las FARC y ellos no son ni se parecen nada a las FARC. Son grupos más jóvenes, que no han consolidado mandos ni objetivos políticos claros”, añade Bonilla. Esa fragmentación se combina con una lógica de expansión territorial que se sostiene, en muchos casos, en la violencia contra la población civil, con extorsiones, confinamientos, desplazamientos y presiones sobre autoridades locales.
La diferencia también se refleja en la agenda. “A las FARC las sentabas y le preguntabas: ‘Ustedes te quieren’ y sacaban los 10 puntos clarísimos, como la reforma agraria, muchos de los cuales quedaron en el acuerdo de paz. Las disidencias de Calarcá no tienen un objetivo de este tipo”, señala la subdirectora de Pares.
De ahí que el principal desafío sea reorientar el enfoque en las mesas de negociación. “Lo que se les debería exigir es el desescalamiento de la violencia contra la población civil”, insiste Bonilla.
El costo de las tensiones en la confianza en las mesas de paz
Las negociaciones de paz no tuvieron los instrumentos para sostenerse. Para Bonilla, la oficina del alto comisionado no contó con suficientes funcionarios, el gabinete de paz apenas se reunió y los recursos para iniciativas como el plan Catatumbo nunca llegaron. “La paz total fue una gran apuesta narrativa y retórica del gobierno, pero no tuvo ningún correlato en la vida real”, afirma.
Otro de los problemas de fondo, dice la investigadora Dickinson, es la verificación. La analista recuerda que hace más de un año, por ejemplo, el EMBF firmó un documento comprometiéndose a proteger los derechos de los menores de edad. El reclutamiento, sin embargo, no paró. “En la práctica, como no hay forma de ponerlo evidencia, de verificarlo, termina siendo la palabra de uno contra el otro”.
Eso tiene un costo que va más allá de la negociación. La falta de verificación erosiona la confianza no solo entre las partes sino ante la opinión pública, un factor que ambas analistas consideran decisivo.
La amenaza de reactivar las órdenes de captura contra Calarcá añade otra capa de presión sobre una mesa ya deteriorada, y con unos cinco meses para que termine el gobierno el margen para revertir ese desgaste es estrecho.
Mientras la violencia contra la población civil continúe sin consecuencias dentro de la negociación, las mesas seguirán siendo, como dice Bonilla, un ejercicio retórico que erosiona la legitimidad de los diálogos como una forma de resolver el conflicto.
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