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La vicepresidenta Francia Márquez lamentó la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de excluir la verificación internacional sobre la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz y las acciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Según Márquez, esta medida “representa un retroceso significativo” en el camino hacia una paz con justicia para los pueblos étnicos, especialmente en los territorios donde la violencia de los grupos armados ilegales sigue afectando a las comunidades afrodescendientes e indígenas.
“Lamentamos profundamente la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de excluir la verificación a la implementación del Capítulo Étnico y las acciones de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Esta decisión representa un retroceso significativo en el camino hacia la consolidación de una paz con justicia para los pueblos étnicos, más aún teniendo en cuenta que en sus territorios persiste la violencia de los grupos armados ilegales y se hace urgente proveer alivio humanitario”, expresó la vicepresidenta en su cuenta de X.
Márquez subrayó que el apoyo internacional ha sido esencial para garantizar la transparencia, la participación y el rigor en la implementación de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano. A su juicio, el acompañamiento de la ONU ha permitido fortalecer el diálogo con las comunidades y generar confianza en los procesos de paz territorial.
“La verificación internacional ha sido clave para fortalecer la participación de las comunidades, abrir espacios de diálogo y garantizar la transparencia y el rigor en la implementación de los compromisos”, añadió.
Lamentamos profundamente la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de excluir la verificación a la implementación del Capítulo Étnico y las acciones de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Esta decisión representa un retroceso significativo en el camino hacia la…
— Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) November 1, 2025
La vicepresidenta aseguró que, pese a este revés, el Gobierno mantendrá su compromiso con la implementación integral del capítulo étnico, que reconoce los derechos de los pueblos afro, indígenas, raizales y palenqueros en la construcción de una paz duradera.
“Nuestro compromiso sigue firme: como Estado y como gobierno no vamos a abandonar nuestra obligación de implementar el capítulo étnico para seguir construyendo senderos de paz”, sostuvo Márquez. “Seguiremos adelante, trabajando por la paz y la justicia social hasta que la dignidad se haga costumbre”.
La decisión del Consejo de Seguridad, adoptada tras un intenso debate diplomático, rompió por primera vez el consenso que desde 2016 había caracterizado la renovación del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. La división se produjo luego de que Estados Unidos se opusiera a incluir en ese mandato la supervisión del cumplimiento del Capítulo Étnico y del trabajo de la JEP, lo que limitó el alcance de la verificación internacional.
Esa postura ha sido interpretada como una contradicción frente al propio historial estadounidense. Washington fue uno de los principales impulsores del capítulo étnico del Acuerdo de Paz y de los programas de cooperación con comunidades afrodescendientes e indígenas.
En 2023, el entonces secretario de Estado, Antony Blinken, firmó junto a la vicepresidenta Márquez un compromiso para respaldar financieramente la implementación de ese componente, destacando su relevancia para la inclusión y la reconciliación en los territorios.
Armando Wouyuri Valbuena, expresidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y secretario general de la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos -IEANPE, también se pronunció sobre el tema.
“El atraso en la paz étnica y la presencia de los armados ilegales con la imposición de sus economías afecta a múltiples actores dentro y fuera del país. Estados Unidos no puede perder de vista que el papel de las comunidades afro e indígenas en los territorios hoy en conflicto es alcanzar la seguridad y el desarrollo económico; y con ello, transformaciones eficaces a problemáticas como la producción de drogas y la minería ilegal”.
El pronunciamiento de Márquez, sumado a las críticas de líderes étnicos, refleja la preocupación del Gobierno colombiano ante el debilitamiento del respaldo internacional al enfoque diferencial del Acuerdo de Paz. Para las comunidades, la exclusión de la verificación internacional podría traducirse en menos garantías, menos recursos y menos atención a los compromisos específicos que protegen sus derechos en medio de la violencia y el abandono estatal.
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