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Al parecer, la confesión de los exjefes Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Carlos Antonio Lozada sobre la mano de las Farc en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado fue para salirle al paso a Iván Márquez . Una versión que conoció este diario asegura que los líderes del ahora partido político FARC se enteraron de que el disidente de la Nueva Marquetalia tenía planeada una campaña de desprestigio contra la voluntad de verdad de sus excompañeros de armas y, antes de que Márquez se lo contara al país, la exguerrilla apuró la aceptación de su autoría en el crimen de Gómez y cinco homicidios más. El de Pablo Guarín en 1987 y los del exguerrillero Hernando Pizarro, el general Fernando Landazábal, el exconsejero de paz Jesús Antonio Bejarano y el exguerrillero José Fedor Rey.
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El caso Gómez volvió a los primeros planos en septiembre, a raíz de los rumores de una reunión entre el expresidente Juan Manuel Santos, el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, el senador Iván Cepeda, el máximo jefe de la FARC, Rodrigo Londoño, o Timochenko, y Lozada. El día 4, la exsenadora Córdoba, quien por muchos años medió con la exguerrilla y el Gobierno, escribió en su cuenta de Twitter sobre ese encuentro: “Ya que se están reuniendo para avanzar en la verdad, sería muy bueno que la encontraran sobre el asesinato del Dr. Álvaro Gómez Hurtado”. Y remató: “Y que por ahí derecho le cuenten la verdad al expresidente (Ernesto) Samper”.
Como coletazo de su comentario, Piedad Córdoba dio una docena de entrevistas y afirmó poseer información relevante por entregar sobre este caso a la Comisión de la Verdad. Otras versiones sostienen que la exsenadora estuvo en la reunión con el expresidente y los congresistas de la FARC, que después criticó por Twitter y que, entre múltiples temas, se mencionó a los exjefes guerrilleros y su responsabilidad en el crimen del dirigente conservador. Semanas después llegó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) una carta firmada por los tres exjefes guerrilleros, en la que anunciaban su intención de reconocer estos crímenes de manera anticipada.
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“La responsabilidad (del crimen) es de la Red Urbana Antonio Nariño (RUAN), de la cual yo era comandante”, le dijo Lozada a El Espectador sobre el caso Gómez. Pero no ahondó en las razones del silencio que guardó por 25 años. “Es una decisión que le corresponde al secretariado en ese momento. Lo que entiendo es que, al ver el escándalo de la pelea entre sectores del poder, se tomó la decisión de mantenerlo en reserva hasta que se considerara el momento”. Una confesión a medias sobre uno de los enigmas de la historia contemporánea de Colombia, que ahora exige evidencias. Las mismas que se necesitan para entender el entramado que guardan todos los crímenes confesados.
Cronológicamente, el primer caso corresponde al asesinato del exguerrillero Hernando Pizarro Leongómez, cometido en febrero de 1995 en Bogotá, por cuya causa fue condenado un exempleado del CTI llamado Gustavo Sastoque, que lleva 25 años gritando a voces su inocencia. Ahora que las Farc dicen que fueron sus milicianos, a él no le importa la noticia, solo quiere limpiar su nombre, aunque recuerda que lo suyo tuvo cierto aire pestilente, de testigos secretos adiestrados, en los días en los que la justicia sin rostro permitía que los declarantes fueran códigos que se podían clonar, subdividir, para enrumbar procesos o detectar chivos expiatorios para tapar huellas de la guerra sucia.
Después vino el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado en noviembre de 1995, cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá y, antes de que terminara ese mismo año crítico, con escándalo del Proceso 8.000 a bordo o el cerco judicial a la campaña presidencial de Ernesto Samper, Ejército y Fiscalía se habían situado en orillas opuestas frente a la hipótesis de que inteligencia militar estuviera involucrada en el asesinato. Aunque un coronel y varios suboficiales fueron procesados y terminaron absueltos, el caso Gómez Hurtado se llenó de misterios e impunidades. No demoró en aparecer otro rumbo judicial acompañado de difusión mediática.
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La tesis de que el magnicidio fue obra del cartel del norte del Valle, de la mano del coronel de la Policía Danilo González, ante la incertidumbre de los capos por ser extraditados si Gómez encabezaba una conspiración contra Samper. Más allá de la pugna jurídica y política de esta línea de investigación, era realmente un tiempo en el que andaban sueltos muchos asesinos y, desde distintos flancos, nada podía descartarse. Ahora las Farc dicen que fueron ellos, y Lozada asume que lo hizo su red de milicianos Antonio Nariño, que por esos días tenía azotada a la Policía, con hostigamientos en la vía a Choachí, Guayabetal, Silvania o la Estación de Policía de Kennedy.
Y hurgar en los expedientes sobre esta red guerrillera no solo es constatar cómo se vio asociada a incontables delitos en Bogotá y su entorno, sino encontrarse con graves hechos de violación de derechos humanos, entreverados con testimonios de cómo la muerte se trasteaba entre distintos bandos, producto de la infiltración, el dinero o la complicidad. Hombres y mujeres de doble condición, informantes de inteligencia militar asomados a las entrañas de la insurgencia miliciana o subversivos ayudando en vueltas ajenas. Una cloaca criminal con licencia para reinar, con amigos o enemigos cruzados en negocios de extorsiones, asesinatos y secuestros.
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Una violencia abierta que pasó por el bloque Capital de las autodefensas que no tuvo desmovilización y quedó gravitando entre los expedientes intocables de Justicia y Paz; la red Antonio Nariño de las Farc que especializó el secuestro, el hurto o el homicidio agravado, y los cabos sueltos de la inteligencia militar, cuyo centro de operación, la Brigada XX, tuvo que ser desactivada por el gobierno Samper en mayo de 1998, ante denuncias del Departamento de Estado de Estados Unidos y de varias organizaciones de derechos humanos, de que en esa unidad militar se fraguaban asesinatos políticos y otras acciones asociadas a la criminalidad.
El río revuelto de la violencia, con heridas abiertas que regresan del pasado en busca de verdad. El exguerrillero y senador Lozada dice que dos de los asesinos de Gómez Hurtado murieron en la masacre de Mondoñedo. Habla del 6 y 7 de septiembre de 1996, cuando un grupo de integrantes de la red Antonio Nariño de las Farc fue secuestrado en Bogotá, y todos los milicianos aparecieron muertos con tiros de gracia y sus cuerpos incinerados. Por el caso hay un oficial y varios suboficiales de inteligencia de la Policía con altas condenas. Tocaron a las puertas de la JEP y fueron admitidos. Su aporte ayuda a armar el tenebroso rompecabezas asesino que circuló en el ocaso del siglo XX en Bogotá.
La misma ruta que vio también caer asesinado al general Fernando Landazábal en mayo de 1998, sin que la justicia esclareciera nunca las razones del súbito crimen. Hasta ahora que aparecen las Farc a reivindicarlo. En su momento, su nombre quedó escrito en la memoria oficial de las Fuerzas Militares, y en los escondrijos de un expediente que, por testimonios judiciales, terminó relacionando su sacrificio con el crimen de Álvaro Gómez Hurtado. En la pesquisa de la Fiscalía, en procura de dar fuerza a su hipótesis de militares implicados, quedaron sueltas algunas afirmaciones en torno a que Landazábal solía decir que, por saberlo, estaba dispuesto a contar quién había asesinado a Gómez.
El declarante Hugo Mantilla, uno de los fervientes conspiretas contra Samper de aquella época turbia, resumió en pocas frases lo que se movía: “Al general Landazábal no lo asesinó la izquierda ni la subversión, tampoco lo asesinó el partido Liberal o el Conservador. A él lo asesinó la misma máquina de muerte que arrebató la vida de Álvaro Gómez Hurtado, del penalista Eduardo Umaña y la vida de María Arango. Tengo derecho a creer que lo mataron para que no contribuyera al esclarecimiento del asesinato de Gómez Hurtado”. Afirmación que, casi dos décadas después, al menos respecto a Gómez y Landazábal, coincide con la confesión de las Farc de que obraron en ambos asesinatos.
Tampoco es distinto respecto al consejero de paz Jesús Antonio Bejarano, asesinado en septiembre de 1999, otro caso impune que ahora tiene la opción de ser examinado. Entre las hipótesis que barajó la justicia en su errática investigación también salió a relucir un nexo con el caso Gómez, pues Bejarano pudo enterarse de los alistamientos de la conjura contra Samper. Nunca participó, pero fue amenazado y luego cayó asesinado en estado de indefensión. Ahora los líderes del partido FARC afirman que fueron ellos y que también mataron al exguerrillero José Fedor Rey, que ciertamente desarrolló su vida en la guerra sucia.
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Todo tendrá que aclararse, pero entre uno y otro caso solo existe una explicación: no hay respuestas porque nunca llegó la justicia a resolverlas. Si fueron acciones de las Farc, está por aclararse si fueron producto de órdenes cumplidas por una cadena de mando o ruedas sueltas en un anárquico panorama. Hay confesiones como las de los asesinatos a sangre fría del exconsejero de paz de Antioquia Gilberto Echeverri o del ex gobernador Guillermo Gaviria, que todo el país supo desde el comienzo cómo y por qué se hicieron. En las del capítulo Gómez y cuatro crímenes más no basta una carta sucinta de confesión, porque hasta en los socavones de la memoria siempre cabe una luz.