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La extradición de Veloza se dio en marzo del 2009, un día después de que el gobierno del presidente Álvaro Uribe entregara a las autoridades de Estados Unidos a Miguel Angel Mejía Múnera, alias el Mellizo, también un exnarcoparamilitar. Alias H.H. fue condenado a una pena de seis años de prisión por los delitos de conspiración para importar y distribuir cocaína en Estados Unidos, como parte de una organización narcotraficante que operó por lo menos durante una década entre Colombia y ese país.
Este es apenas uno de los capítulos criminales contra Veloza García, un hombre de 50 años que a finales de los 80 ingresó a una de las fincas de los hermanos Castaño para ser entrenado por el comandante Doble Ceroy de esta manera convertirse en uno de los terrores del Urabá. En su carrera criminal comenzó como comandante del grupo Escorpión, un brazo armado del bloque Élmer Cárdenas. Posteriormente tomó la comandancia del bloque Turbo, para luego convertirse en el máximo jefe del bloque Bananero y bloque Calima, que actuaba en el Valle del Cauca.
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Luego de su deportación, alias H.H. quedó a disposición de Migración Colombia, que lo entregó a la Dijín de la Policía a la espera de una remisión del Inpec y que pueda pagar su condena de Justicia y Paz: una sentencia de ocho años de prisión por el asesinato de 1.033 personas en los municipios de Turbo, Currulao, Apartadó, Chigorodó, Mutatá y Carepa, en el Urabá antioqueño.
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H.H. fue procesado por los delitos de concierto para delinquir, utilización de insignias y uniformes de uso privativo de las fuerzas militares, homicidio, reclutamiento de menores, desaparición forzada, desplazamiento forzado, secuestro, tortura y actos de barbarie y terrorismo. De no haberse sometido a Justicia y Paz, la condena habría estado estimada en 40 años de cárcel. Igualmente, Veloza García tendrá que hacer un acto de reparación colectiva con las víctimas del exterminio de la Unión Patriótica (UP) y el asesinato de cientos de sindicalistas que trabajaban en el Urabá.
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Entre los procesos que la Fiscalía adelantó en su contra se encuentran imputaciones de cargos por más de mil casos de homicidios y desapariciones forzadas, que ocurrieron entre 1999 y 2004 en los departamentos de Antioquia, Huila, Cauca y Valle del Cauca. Las víctimas esperan por la confesión de al menos 11 mil delitos. Ocho mil de estos estaban relacionados con la actividad de las autodefensas en Urabá y tres mil más en el departamento del Valle del Cauca.