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A exactamente un mes de las elecciones al Congreso —en las que también se escogerán las curules de paz creadas por el Acuerdo de 2016 para garantizar representación política de las víctimas del conflicto—, varias alertas electorales se encendieron en Catatumbo, una de las 16 Circunscripciones Especiales Transitoria Especial de Paz (Citrep, nombre jurídico de las curules de paz) y una región que atraviesa desde hace un año una crisis humanitaria sin precedentes en décadas.
El escenario combina persistencia de violencia armada por los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), denuncias de presiones a candidatos, aspirantes cuestionados por no cumplir los requisitos legales o con procesos judiciales abiertos.
Con procesos con la DIAN y por extinción de dominio
Entre estos últimos casos aparece Carlos Alberto Salcedo Salazar, quien murió el pasado 28 de enero en un accidente aéreo en Ocaña, en el que también falleció Diógenes Quintero, quien ostentaba la curul de paz de Catatumbo.
Aunque la campaña de Salcedo quedó truncada, una revisión de expedientes judiciales realizada por Colombia+20 muestra que su nombre aparecía en procesos de extinción de dominio y en denuncias de la DIAN por presunta omisión de obligaciones como agente retenedor.
En el territorio, la candidatura del fallecido aspirante, quien se presentó por la Asociación de Cafeteros del corregimiento de La Victoria, Sardinata (Asocafevic), era una de las más fuertes, pero a la vez más polémicas.La narrativa de campaña de Salcedo en territorio se centró en gestión social. Sin embargo, las denuncias en la región apuntaban a presuntos pagos por obras en algunas comunidades. Por ejemplo, en una de sus piezas audiovisuales, publicada en Tiktok y grabada en el corregimiento de Guamalito, él presenta la remodelación de la fachada del ancianato Ana Gregoria Pallares como resultado de gestiones impulsadas desde su entorno.
En el video, Salcedo señala a la cámara: “Vamos a tratar a ver si por medida de una gestión podemos lograr que esto se haga una realidad para los abuelitos”. En efecto, el video muestra el antes y el después de esa obra.
@carlossalcedoficial 💛El ancianato Ana Gregoria Pallares es el corazón de Guamalito. Aquí se quiere y se respeta a nuestros abuelitos. Querer a los viejos es querer al pueblo. #Catatumbo #CarlosSalcedo #elcarmen
♬ sonido original - Carlos Salcedo
Su nombre, además, aparece en 19 expedientes judiciales -16 como demandado y tres como demandante-. Al menos tres de ellos están relacionados con extinción de dominio.
El más reciente fue radicado el 7 de febrero de 2025. El demandante es la Fiscalía 63 Especializada en Extinción de Dominio y los demandados son Salcedo, el exalcalde de Cúcuta César Rojas y su esposa Zuleima Amparo Cruz Gaona, quien es también una alta funcionaria de la Fiscalía, e Isabel Márquez Rubio, exsecretaria de Equidad y Género en la Alcaldía de Rojas.
Otros dos casos son de julio de 2024. El demandante es Bancolombia y también la Fiscalía 63 Especializada en Extinción de Dominio contra 36 personas y entidades, entre otros el exalcalde de Cúcuta Donamaris Ramírez, de nuevo Rojas y Salcedo, y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Cúcuta y la Contraloría General de Cúcuta.
El otro es del 8 de marzo de 2024 con igual demandante y demandados. Documentos de un juzgado especializado en extinción de dominio de Cúcuta muestran que Salcedo figuraba como afectado dentro de al menos dos trámites de esa jurisdicción, en los que se relacionan bienes ubicados en Ocaña con medidas cautelares vigentes. En los edictos de emplazamiento se detallan los activos vinculados y medidas cautelares vigentes, entre ellos la de un predio en Ocaña con “embargos activos”.
En paralelo, Salcedo también tenía procesos tributarios. En julio de 2024 fue informado de denuncias presentadas ante la Fiscalía por el delito de “omisión del agente retenedor” relacionadas con declaraciones de IVA y retención en la fuente de 2016. Según escritos aportados por su defensa y conocidos por este diario dentro de esos trámites, Salcedo suscribió al menos un acuerdo de facilidad de pago y posteriormente radicó un derecho de petición para obtener el expediente completo de obligaciones en mora de la Corporación Americana Barí, entidad de la que era representante legal.
De acuerdo con esos documentos, la DIAN entregó meses después un expediente de varios cientos de folios con actuaciones de fiscalización y cobro coactivo que, según su versión, no conocía en su totalidad y frente a las cuales planteó reparos sobre los procedimientos de notificación. Ninguno de estos procesos registra sentencia condenatoria.
Tras su muerte, su esposa, Diana Pérez, busca continuar su proyecto y sus banderas en la contienda de la circunscripción.
Los “colados” y la presión de los armados
A la par de los riesgos de seguridad y de los cuestionamientos sobre hojas de vida, la competencia por la curul de paz de Catatumbo también empezó a estrecharse por decisiones de la autoridad electoral.
El Consejo Nacional Electoral dejó sin efecto el pasado 5 de febrero la inscripción de Corina Durán como candidata a la curul de paz porque ya había sido alcaldesa de Tibú. Los aspirantes a curules de paz no pueden haber tenido cargos de elección ni haber sido avalados por partidos políticos.
El caso de otro aspirante señalado como posible no habilitado, Rafael Pertuz, aún está pendiente de decisión.
Sobre la falta de garantías para hacer campaña, la Defensoría del Pueblo también alertó sobre interferencias directas en la actividad proselitista. La defensora, Iris Marín, reveló hace dos semanas el caso de un candidato en Sardinata cuya campaña fue detenida por integrantes del ELN hasta que sostuvo una reunión con ellos.
Personas que presenciaron el hecho le contaron a este diario que el candidato -de quien por seguridad omitimos su nombre- suspendió durante un día sus actividades electorales en el corregimiento de Las Mercedes, del municipio de Sardinata. El grupo armado obligó al aspirante a presentarse ante algunos miembros de esa guerrilla, explicar las tareas que adelantaba y así dar una especie de “permiso” para moverse en esa zona.
“Efectivamente, hay situaciones, hay lugares del país donde hay diferentes, digamos, condiciones, no es solo el tema del día de las votaciones (…) El punto es la libertad durante las campañas. Es decir, que los candidatos y candidatas puedan moverse por el territorio, que tengan libertad de hablar de cualquier tema”, dijo Marín hace unos días a Caracol Radio.
La defensora también indicó que la entidad ha emitido recomendaciones a la Fuerza Pública y a los grupos armados para que respeten los procesos electorales y recalcó que varias estructuras armadas se han comprometido a respetar las elecciones no solo en la jornada en urnas, sino en todo el ciclo de campaña.
Esa entidad, de hecho, emitió en septiembre de 2025 una alerta temprana en la que afirmaba que, si bien se había anunciado la instalación de 20.000 mesas de votación, principalmente en las zonas de las curules de paz, “aún persisten dudas sobre cómo el Ministerio de Defensa garantizará que estas puedan instalarse y funcionar de manera efectiva, especialmente en áreas rurales”, especificaba el documento.
Este panorama convierte la disputa por esta circunscripción de paz en una de las más frágiles del mapa electoral, pero, además, coincide con un hecho de alto impacto ocurrido esta misma semana. El miércoles, las Fuerzas Militares realizaron justamente en Catatumbo el primer bombardeo contra el ELN dentro de la actual etapa de la política de paz del gobierno de Gustavo Petro.
La Misión de Observación Electoral (MOE) dijo esta semana en su mapa de riesgo electoral que Catatumbo era una de las regiones donde la violencia tiene incidencia directa en el riesgo del proceso -entre otras por los masivos desplazamientos-. En una región donde el control territorial sigue en disputa, la pregunta ya no es solo quién ganará la curul, sino en qué condiciones democráticas se podrá elegir.
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