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Los movimientos alrededor de la mesa de negociación con la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), al mando de Calarcá Córdoba, no cesan. El proceso continúa en medio de crecientes cuestionamientos, así como tensiones entre la apuesta de paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro y las decisiones judiciales.
Este miércoles 1 de abril, Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), presentó su renuncia irrevocable en medio de señalamientos por su presunto vínculo con esa disidencia, que se dio a conocer en unos archivos revelados por Noticias Caracol en noviembre y diciembre pasado. La salida de Mejía puso nuevamente en el centro de la conversación al tablero de paz con el EMBF.
Las fotos, conversaciones y videos fueron encontrados en un computador atribuido a Calarcá, incautado en un polémico retén en Anorí, Antioquia, en julio de 2024, en el que fueron capturados varios disidentes –entre ellos el propio jefe guerrillero– cuando se transportaban en camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Entre los documentos hallados no solo aparecen presuntos nexos de la disidencia con integrantes del Ejército y de la DNI –en los que Mejía es mencionado junto al general (r) Juan Miguel Huertas en una propuesta para crear una empresa de seguridad fachada en Colombia–, sino también reportes de reclutamiento de menores, secuestros y delitos contra defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz.
La salida de Mejía se conoció poco después de que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmara en entrevista con El Espectador que el ente investigador encontró información relevante en los equipos incautados durante el retén.
“Ratificamos información grave de los computadores y celulares sobre relaciones del grupo con un general y una persona de la DNI. Así comprobamos que hay hechos muy graves asociados a alias Calarcá y muchos de ellos fueron revelados por Noticias Caracol. Algunos tienen que ver con homicidios que habría encargado alias Calarcá. Su caso es muy grave como para estar en una mesa de negociación. En eso se fundamenta nuestra solicitud al alto comisionado de paz para que permita emitir la orden de captura”, dijo la fiscal Camargo.
La discusión de las órdenes de captura y las afectaciones humanitarias
Justamente, la falta de voluntad de paz de Calarcá en la mesa de diálogos con el Ejecutivo que señala la Fiscalía, sumada a la presunta comisión de delitos después de haber sido designado gestor de paz, llevó a una reunión de emergencia entre el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, y la fiscal Camargo para definir el futuro de las órdenes de captura.
El encuentro se dio después del ultimátum de la fiscal para reactivar las órdenes de captura contra el jefe disidente.
En contexto: Fiscalía y comisionado acuerdan plan para verificar cumplimiento de negociadores de paz
El resultado de la runión fue un plan de verificación de la voluntad de paz de quienes hoy tienen suspendidas esas órdenes en el marco de las negociaciones. “Se definió una metodología de seguimiento al cumplimiento de los requisitos para el mantenimiento de la suspensión de las órdenes de captura en el marco de la Ley 2272 de 2022 (o Ley de Paz Total)”, se lee en el comunicado, que además advierte que habrá revisiones periódicas.
Laura Bonilla, investigadora y subdirectora de Pares, señaló hace unos días a Colombia+20 que para que esa metodología funcione no puede limitarse a los ceses al fuego, sino que debería medir el impacto de las acciones del grupo armado sobre la población civil. “Tiene que hacerse en el marco de los derechos humanos, no solamente del Derecho Internacional Humanitario. Si la Fiscalía y esta comisión se ciñen estrictamente a los ceses al fuego firmados, probablemente no van a encontrar gran cosa”, afirmó.
Esas afectaciones humanitarias y el temor de la población civil frente al grupo de Calarcá quedaron en evidencia nuevamente esta semana en el bajo Caguán. Una pareja que había sido secuestrada logró huir del cautiverio y, por miedo a represalias y al reclutamiento forzado, escondió a sus cinco hijos –de entre 3 y 16 años– en la selva. El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, confirmó el rescate este 31 de marzo.
Ese caso se suma el secuestro de dos menores de edad en El Bagre (Antioquia), quienes fueron acusadas –sin pruebas– de colaborar con otro grupo armado y liberadas el 16 de marzo, cuatro días después, tras presión de las autoridades.
Las delegaciones del Gobierno y la disidencia no se han pronunciado sobre la continuidad del proceso en medio de los cuestionamientos a la mesa. Sin embargo, Colombia+20 conoció que la semana pasada el equipo negociador del Ejecutivo se trasladó a los llanos del Yarí para reunirse con Calarcá, en medio de este escenario de tensiones.
El viernes, la mesa informó, además, la inauguración de una planta de bioabonos y un reservorio de semillas en la vereda Puerto Cachicamo, en San José del Guaviare. El anuncio no deja de llamar la atención: aunque es una señal de que el proceso sigue en pie y que hay avances territoriales, también contrasta con la presión de la Fiscalía y las dudas sobre la legitimidad de la mesa.
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