‘Esperamos que se busquen recursos porque el Acuerdo de Paz se debe implementar’

Carlos Ruiz Massieu es el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

Foto: Misión de Verificación de la ONU

El jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia y representante Especial del Secretario General de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, habló este jueves en rueda de prensa sobre los alcances de la petición del canciller Álvaro Leyva de crear una Comisión Internacional de Investigaciones de ONU para Colombia.

La petición la hizo el canciller durante la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en la que se entregaba el informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo de Paz, un documento que construye y entrega la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que fue publicado el pasado 10 de abril y abarca el período del 27 de diciembre de 2022 al 26 de marzo de 2023.

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“Como consecuencia de la creciente necesidad de implementar mecanismos para evitar que se continúe afectando el proceso de paz -mediante el entrampamiento realizado por extraños-, lo cual ha ocasionado la conformación de disidencias y el debilitamiento del Acuerdo, se hace necesaria la creación de una Comisión Internacional de Investigaciones de las Naciones Unidas o Grupo de Expertos con el acompañamiento del Secretario General de la ONU”, dijo Leyva.

Massieu afirmó que por ahora esa solicitud no deja de ser un anuncio que se debe materializar en una propuesta formal del Gobierno al Secretaría General de la ONU para que evalúe su viabilidad.

“Se necesita la información puntual de qué es lo que se pretende investigar, qué es lo que se busca. La Secretaría tiene que hacer un análisis interno para ver si le corresponde a Naciones Unidas hacer este tipo de investigación o si procede una comisión de carácter internacional para analizar o investigar cualquier de las conductas o denuncias que pida el Gobierno. Se evaluará si eso le corresponde a las instituciones nacionales o cuál sería la complementariedad”, explicó Ruiz Massieu.

De acuerdo con el representante, ese análisis lleva tiempo y luego debe haber un entendimiento de cuáles son las funciones de Naciones Unidas contra las funciones que le corresponden a ese Estado. “Si eventualmente hay un entendimiento de esas actividades complementarias, tal vez se pueda materializar en una comisión independiente. Hay comisiones más amplias en cuanto a su concepto, hay comisiones contra la impunidad, para investigar actos de corrupción, ese ha sido el mecanismo”, explicó.

La petición de Leyva se dio tras una referencia a uno de los puntos de ese informe de la Misión que da cuenta de la denuncia que la JEP le hizo a antiguos funcionarios de la Fiscalía General por presunta obstrucción a la justicia, fraude a resolución judicial y ocultamiento de material probatorio en 2018 por el caso de Jesús Santrich.

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Sobre ese caso, Ruiz indicó que la Misión no tiene elementos para valorar si lo que ocurrió con Jesús Santrich fue o no un entrampamiento. “Nosotros reportamos en el informe un análisis y una información que publicó la JEP. Tampoco tenemos información de si, con la información que se tiene, se hará alguna acción al respecto”.

Ruiz Massieu también se refirió a las declaraciones dadas hace unos días por el presidente Gustavo Petro sobre que no hay recursos para cumplir el Acuerdo de Paz ni para la indemnización de las víctimas.

El representante dijo que entiende que un acuerdo “tan positivamente ambicioso” como el firmado en 2016 requiera una gran cantidad de recursos en los 15 años que se espera de implementación. “Obviamente a nosotros nos importa y por eso hemos dado siempre seguimiento que los Planes Nacionales de Desarrollo y a los presupuestos para que se incluyan los recursos necesarios para que esto siga avanzando”.

Y agregó: “Más allá de las valoraciones en materia de recursos, que se las dejamos a las instituciones del Estado, nosotros sí vemos que se están asignando recursos y esperamos que si no se tienen o si hay algunos faltantes, se busque la manera de generarlos porque es importante que el Acuerdo se siga implementando”.

También destacó que tras casi siete años de la firma del Acuerdo Final, la cooperación internacional no ha disminuido los recursos destinados para su implementación. “Esto también es raro porque normalmente con tantos conflictos en competencia, a veces la cooperación internacional también baja para priorizar otras áreas. A pesar de esto, y a pesar de que hay muchas situaciones en el mundo que requieren inversión de diferentes países, la verdad es que el compromiso con Colombia también se ve en los recursos que da la cooperación internacional que complementan a los recursos nacionales”, explicó.

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Además, destacó tanto el apoyo del Consejo de Seguridad hacia el Acuerdo de Paz en Colombia como la presencia del Rodrigo Londoño -de manera virtual y por primera vez- ante esa instancia. “Estamos complacidos, por un lado porque el Consejo de Seguridad ratificó una vez más su apoyo irrestricto y unánime al proceso de paz de Colombia. Para efectos globales el proceso de paz sigue siendo inspirador, y por el otro lado porque las dos partes firmantes del Acuerdo estuvieron presentes en la sesión y dieron una opinión y un balance de cómo debe marchar la implementación. La presencia de Rodrigo Londoño como presidente del partido político Comunes y excomandante de las antiguas Farc reviste una importancia particular”, dijo.

Por último, el representante Ruiz Massieu habló sobre la suspensión del cese al fuego con el Clan del Golfo o AGC. “Obviamente las partes, tanto el Gobierno como el grupo armado deben tener certeza hasta cierto punto de que la contraparte va a cumplir. Ojalá se dieran las condiciones (para que se reanude) porque nosotros siempre creemos que los ceses al fuego y las treguas son muy importantes para reducción de la violencia y el beneficio de las comunidades”, explicó.

Pese a ello, instó a que se avance a un cese de hostilidades. “El presidente Petro ha sido muy claro, de que espera que los ceses al fuego también incluyan ceses de hostilidades, porque el primero no puede en ningún momento significar o nunca se debería traducir en que la acción del Estado contra ese grupo le dé más permisibilidad para tener perjuicios contra las comunidades”, dijo.