:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/uQnJ_fdieHJbrEbPGdXEZAwJ1Dk=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/YJCZCXQ5E5CIRKZVY64I63KIFI.jpg)
Miles de voces y un solo grito contra la muerte, la violencia y la impunidad. Ese fue el común denominador de las marchas, plantones y homenajes que este viernes se realizaron en cerca de 100 ciudades del país y el mundo para visibilizar la tragedia de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, que en Colombia están siendo asesinados a cuentagotas.
El problema no se puede reducir a cifras, pero los números hablan por sí solos. Según la Defensoría del Pueblo, entre el 1° de enero de 2016 y el 28 de febrero de 2019 mataron a 462 líderes sociales en el país. Una cifra que alarma y a la que habría que sumar por lo menos otras 20 muertes, que se han registrado después de esa fecha; los cerca de 983 líderes amenazados o los atentados y ataques directos.
(Le puede interesar: Líderes sociales: ¿cuántos crímenes están en la impunidad?)
Por eso la consigna este viernes fue declararse a favor de la vida. “Detengan el asesinato de líderes sociales”, “Defendemos la vida, caminamos por la paz. Ni uno más”, fueron algunas de las arengas entonadas por cientos de colombianos que también se tomaron las calles de ciudades del mundo como Bruselas, Berlín, Dubái, París, Londres y Madrid. En Colombia, la concentración más grande fue en Bogotá, en donde los marchantes se dieron cita a las 5:00 p.m. en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, ubicado en la calle 26, para caminar hacia la Plaza de Bolívar.
La marcha la convocó el movimiento Defendamos la Paz, para llamar la atención sobre los crímenes que, aseguran, son sintomáticos de una enfermedad arraigada en Colombia: “La de querer descabezar, desanimar, eliminar, asustar, exterminar a cualquiera que quiera levantar cabeza, que quiera denunciar una injusticia o proponer una reforma, una solución o una reivindicación popular, necesaria y justa”.
Por su parte, el presidente Iván Duque hizo un llamado para desmarcar la movilización y quitarle los tintes políticos, entendiendo que no se trata de causas ideológicas o de polarización entre Gobierno y oposición. “Abordemos esta causa sin envidia, sin mezquindades, sin dobleces, sin segundas intenciones (...) Vinimos hoy a expresarles a los líderes que, al marchar, lo hacemos para que Colombia rechace la violencia, el narcotráfico y la corrupción”, dijo el mandatario desde Cartagena en donde lideró una sesión del Plan de Acción Oportuna para la prevención y protección de líderes sociales.
(Vea también: Cuatro testimonios de líderes sociales que están en riesgo)
Lo cierto es que la movilización pone la lupa sobre un problema que no solo preocupa en Colombia. Los 15 representantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que estuvieron hace unas semanas en el país, como parte de una visita oficial de apoyo al proceso de paz, hicieron un llamado al Gobierno para que las medidas anunciadas se traduzcan en hechos concretos, que permitan prevenir los ataques y evitar que los crímenes queden en la impunidad. Desde el organismo también alertaron de otro fenómeno que deja cifras igualmente preocupantes: la persecución a exguerrilleros de las Farc. A la fecha se han registrado 136 homicidios de excombatientes, 35 de sus familiares y 11 desapariciones forzadas.
La situación es tan crítica, que incluso el pasado 8 de julio la Unión Europea anunció que destinará cerca de $7.000 millones para al fortalecimiento de la unidad especial de la Fiscalía que investiga los asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros, con el fin de combatir la impunidad en estos casos. La idea, ha dicho el Gobierno Nacional, es que dichos dineros sean ejecutados durante 18 meses, con inversiones en aspectos claves como el mejoramiento de recursos logísticos, técnicos y tecnológicos; facilidades para el acceso a las zonas más apartadas, y la transformación de la Unidad Especial de Investigaciones de la Fiscalía.
Pero, más allá del contexto internacional, en Colombia los escenarios de riesgo para los líderes están identificados y desde distintos sectores han lanzado varias alertas sobre la urgencia de atacar los fenómenos que confluyen en los territorios y que configuran una verdadera bomba de tiempo. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo habla de tres aspectos determinantes: la recomposición de dominios armados en territorios, que durante décadas estuvieron bajo la influencia de las Farc y que quedaron con un vacío de poder tras la salida de esa guerrilla del escenario de conflicto; la persistencia de otros actores armados que viven de las rentas de las economías legales e ilegales, y los pocos avances —en algunos casos nulos— en la implementación del Acuerdo Final de Paz.
(Le puede interesar: Marcha del 26 de julio: el poder transformador de la paz)
Incluso, varios organismos nacionales e internacionales han documentado la existencia de una concentración geográfica de los homicidios como una muestra clara de que existe una práctica generalizada. En departamentos como Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca y Arauca, donde en el último año ha habido un escalamiento de la violencia, hay una alta concentración de economías ilícitas y las dinámicas del conflicto están transformándose, por eso siguen figurando como los que más casos registran de asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos.
Casos puntuales como Ituango, en Antioquia, o Tierralta, en Córdoba, en donde las comunidades han denunciado que grupos paramilitares, asociados con el Clan del Golfo o las Autodefensas Gaitanistas, patrullan las calles de las veredas, decretan toques de queda y imponen normas de convivencia, muestran el nivel de riesgo que deben enfrentar desde los líderes de las juntas de acción comunal hasta aquellos que trabajan en procesos como la reclamación de tierras o la sustitución de cultivos.
Para no ir más lejos, mientras miles de colombianos se manifestaban en las calles de Colombia y el mundo en contra de la violencia, Carlos Alberto Tovar Mosquera, integrante del Comité del Paro Cívico de Buenaventura, permanecía en cuidados intensivos recuperándose de un atentado del que fue víctima la noche del jueves. El líder fue atacado por desconocidos que le dispararon seis veces mientras se encontraba en su vivienda, ubicada en la comuna 12, barrio Nueva Frontera. Son justo este tipo de casos los que hoy justifican el llamado de miles de voces para luchar contra la muerte, la violencia y la impunidad que hoy amenaza a los líderes sociales.