El cambio que se dio el viernes ante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre las tareas de la Misión de Verificación de la ONU no debilita el Acuerdo de Paz, pero sí da algunas alertas sobre cómo las relaciones con Estados Unidos están pasando por su peor momento y trayendo consecuencias en lo doméstico.
A excepción de Estados Unidos, todos los demás miembros estuvieron en desacuerdo sobre recortar dos tareas que la Mision ya no hará: verificar las sanciones propias de la JEP y el capítulo étnico del Acuerdo de Paz.
Esa ausencia de supervisión internacional sobre el sistema de justicia transicional, abre un nuevo flanco: la posibilidad de que, sin ese control externo, la Corte Penal Internacional (CPI)-que se había “apartado de Colombia” cuando llegó la JEP-vuelva a poner los ojos sobre el país, tal como advierten expertos en derecho internacional y justicia transicional.
Lo paradójico de la decisión es que la función de verificar las sanciones de la JEP fue solicitada por el gobierno de Iván Duque, en 2021.
En una carta enviada al secretario general, António Guterres, el entonces presidente pidió formalmente que la Misión de Verificación acompañara la imposición y el cumplimiento de las sanciones propias dictadas por la JEP.
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Cuatro años después, dirigentes de su mismo partido, el Centro Democrático, pidieron lo contrario.La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia envió una cartaen julio pasado al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, pidiendo que ese paísno apoyara la renovación del mandato, justamente por esa tarea.En la misiva, Valencia acusó a la JEP de “promover impunidad” para exmiembros de las FARC. El contraste es evidente: el mismo sector político que solicitó la verificación internacional en 2021 hoy celebra su eliminación.
De hecho, la misma senadora Valencia dijo este domingo en sus redes sociales que esta reducción de tareas derrumbaba el avala internacional que blinda el Acuerdo de Paz, lo cual no es cierto a la luz de lo que los países afirmaron en la votación del viernes.
“El Consejo de Seguridad ha emitido una decisión que derrumba el aval internacional que -decían- blindaba el Acuerdo. Retirar la verificación de las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no es un mero ajuste técnico, es un veredicto político: se rompe la ilusión de que la “justicia restaurativa” colombiana estaba acorde con el Estatuto de Roma”, dijo Valencia.
Sin embargo, todos los países, a excepción de Estados Unidos, afirmaron que no estaban de acuerdo con la reducción de tareas a la Misión y otros más, afirmaron que tomaron esa decisión porque el gobierno norteamericano había presionado con que se hiciera esa disminución o haría uso de su poder de veto. Eso último hubiera sido más grave.
Según fuentes diplomáticas en Nueva York, Estados Unidos advirtió que vetaría la resolución si se mantenían las menciones a la justicia transicional y al capítulo étnico, e incluso coqueteó con la idea de no mencionar la violencia sexual y de género, aunque finalmente se conservó un párrafo que alude a la violencia “contra mujeres y niñas”.
El viraje rompe con la política tradicional de Washington hacia Colombia. Durante años el país fue considerado un modelo de transición apoyado por Estados Unidos y Europa, y la Misión de la ONU, uno de los experimentos de verificación más exitosos de la ONU.
Esa postura cambió con la llegada de Donald Trump nuevamente a la Casa Blanca en enero. Desde entonces las tensiones con el presidente Gustavo Petro se han multiplicado por los choques por la política antidrogas, la posición sobre la guerra en Gaza , entre otros. A ello se suman dos golpes simbólicos en las últimas semanas: la inclusión de Petro en la Lista Clinton y la descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.
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