A punto de cumplirse 48 horas del paro armado nacional anunciado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que iría hasta el próximo 17 de diciembre, el balance se acerca al menos 13 departamentos afectados con ataques, bloqueos, amenazas y restricciones de movilidad.
El Ministerio de Defensa reportó cerca de 51 ataques de esa guerrilla en puntos de Santander, Norte de Santander, La Guajira, Sucre, Chocó, Antioquia, así como en otras zonas del oriente y occidente del país.
El titular de esa cartera, Pedro Sánchez, explicó que, de los 51 ataques, 38 corresponden a lo que denominó “terrorismo mediático”, el cual consiste en la instalación de banderas alusivas al grupo armado, grafitis en paredes y vehículos, además de acciones orientadas a generar miedo a través de redes sociales.
¿Cuáles y en dónde han sido las afectaciones?
La acción más violenta de este lunes se dio en el Magdalena Medio, donde se presentó un ataque al peaje de La Lizama, en la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja. El hecho dejó una funcionaria herida y obligó a activar protocolos de seguridad.
El departamento de Norte de Santander ha sido uno de los más azotados con el paro. En Villa del Rosario y Cúcuta se reportaron hechos violentos, incluido el hallazgo de dos jóvenes sin vida.
En Puerto Santander, un ataque a la subestación de Policía, atribuido al ELN, terminó con la muerte del conductor de una ambulancia en medio del fuego cruzado. Además, fueron desactivados cilindros explosivos en la vía Cúcuta–Pamplona, se registraron bloqueos en la carretera entre El Zulia y Astilleros y una reducción significativa del transporte público en el eje Cúcuta–Ocaña–Aguachica.
En Antioquia, hubo un artefacto explosivo en Copacabana, que aunque no dejó víctimas sí obligó al cierre temporal de la vía.
También se presentó la incineración de un bus en jurisdicción de Valdivia, en el sector de La Paulina, sobre la ruta hacia Tarazá.
A esto se suma una explosión en la entrada al municipio de Salgar, que mantiene restringido el paso vehicular mientras las autoridades verifican la zona, así como una alerta preventiva en el norte del departamento ante reportes de encapuchados y posibles artefactos en el corredor vial entre Llanos de Cuivá, Yarumal y Valdivia.
En Arauca, una de las zonas más controladas por el ELN, el paro armado arrancó con un ataque con tatucos bomba contra el Batallón del Ejército en Puerto Jordán, que se presentó el sábado y dejó daños materiales. Este es el mismo batallón que el ELN ha atacado en al menos dos oportunidades en el último año.
La primera fue el 17 de septiembre de 2024, un ataque que dejó 26 militares heridos y dos muertos y precipitó la primera ruptura del proceso de paz entre el Gobierno y el ELN que desde entonces no se ha retomado.
La segunda ocurrió el pasado 6 de octubre. Ese atentado dejó un militar muerto y seis heridos.
Desde la madrugada del domingo el transporte público permanece suspendido y se han reportado banderas del ELN instaladas en vías de Fortul, Arauquita y Saravena, reforzando el control territorial y el mensaje de intimidación a la población.
Hechos similares se han registrado en Boyacá, donde el Batallón de Alta Montaña del Espino fue atacado con disparos desde las montañas. En Casanare, varias empresas de transporte decidieron suspender sus servicios ante el riesgo de ataques, afectando la movilidad intermunicipal.
En el Cauca, el paro armado ha tenido un impacto directo sobre la vía Panamericana. En el sector de Mondomo fue hallado el sábado un cilindro con emblemas del ELN, lo que obligó al cierre temporal del corredor mientras el Ejército y la Policía realizaban una detonación controlada.
Además, se han encontrado banderas, grafitis y cilindros en municipios como Cajibío, Piendamó, Patía, Caldono y Santander de Quilichao, en una demostración de presencia armada que mantiene en alerta a las autoridades.
En el Cesar, la quema de maquinaria amarilla en el municipio de Manaure afectó un área donde avanzan procesos de reincorporación de firmantes del Acuerdo de Paz, mientras que en Pelaya se reportan interrupciones en el transporte.
En el Chocó, otra región de control del ELN, hay suspensión total del transporte fluvial y terrestre, junto con la instalación de banderas y avisos del ELN en carreteras de municipios como Istmina, Medio San Juan, Río Iró, Tadó y Carmen de Atrato.
La Guajira también ha sido escenario de acciones intimidatorias. En la vía entre Barrancas y Fonseca fue hallado un cilindro con grafitis alusivos al ELN, lo que obligó a suspender preventivamente el tránsito.
En otro tramo, entre Fonseca y Distracción, hombres armados instalaron cilindros en un vehículo tras amenazar a sus ocupantes; aunque luego se determinó que no contenían explosivos, el hecho generó pánico.
Este lunes, el Ejército reforzó su presencia en varios puntos viales que conectan Maicao, Uribia y Riohacha, tras reportes ciudadanos sobre tatucos abandonados.
En paralelo, se han presentado suspensiones del transporte terrestre y fluvial en el sur de Bolívar.
En Nariño, actores armados detuvieron una buseta de transporte público en la vía entre El Peñol y Los Andes, amenazaron a sus ocupantes y recordaron el anuncio del paro armado; desde entonces, el paso de vehículos públicos y particulares permanece bloqueado. En otro punto del departamento, en la vía Tuquerres–Samaniego, fue instalada una bandera del ELN junto a un artefacto explosivo.
En el Pacífico, particularmente en zonas como Bajo Calima y el Litoral del San Juan, la restricción total de la movilidad empieza a generar alertas por un posible desabastecimiento de alimentos, en regiones que ya enfrentan altos niveles de vulnerabilidad.
ELN dice que tiene “disposición” de paz
En medio de este panorama, el discurso del ELN contrasta con lo que ocurre en terreno. En un mensaje divulgado durante el paro, Antonio García, máximo comandante de esa guerrilla, aseguró que el grupo mantiene su voluntad de “avanzar en lo pactado” con el Gobierno del presidente Gustavo Petro en la mesa de diálogos, y sostuvo que el paro armado no significa una ruptura del proceso de paz.
Según García, el ELN considera que la negociación sigue vigente y atribuye el estancamiento a lo que califica como incumplimientos del Estado.
La delegación del Gobierno en ese proceso, pausado desde enero pasado por los ataques del ELN y posteriores enfrentamientos con el Frente 33 de la disidencia de Calarcá en Catatumbo, tomó distancia del paro armado.
Según la delegación, la medida violenta “sólo afecta a las comunidades” y calificó como carente de sentido la protesta del ELN contra medidas del Gobierno de Estados Unidos.
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