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En las últimas semanas una serie de reveses habían puesto en jaque a la apuesta de paz total del presidente Gustavo Petro. Entre ellas, por ejemplo, la captura del jefe disidente Giovany Rojas, conocido como Araña, el pasado 13 de febrero por agentes del CTI que portaban una circular roja de Interpol por narcotráfico. Esa detención frenó en seco el proceso de paz que lleva el Gobierno con la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y al mando de Wálter Mendoza.
Además, la grave crisis humanitaria de Catatumbo tras el brutal ataque del ELN y los enfrentamientos entre esa guerrilla y la otra disidencia de FARC conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), comandado por Calarcá Córdoba, no solo provocaron la segunda ruptura en el proceso con el ELN, sino también pusieron en pausa las actividades y ciclos que se llevaba con el EMBF.
Sin embargo, en la última semana, las delegaciones de algunas mesas de paz, incluidas las que se llevan con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y con las bandas criminales de Buenaventura, Los Shottas y Espartanos, han mostrado algunos avances.
1. La mesa con la disidencia de Calarcá Córdoba: tierras para campesinos y acuerdos con comunidades
Entre los principales avances en la mesa de negociación con la disidencia de las FARC conocida Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), comandada por Calarcá Córdoba, un grupo que opera en zonas estratégicas del Meta, Guaviare y Caquetá, ha sido la entrega de tierras para campesinos y la celebración de algunos acuerdos para la protección de algunas áreas de la Amazonía.
El pasado 9 de marzo, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó 63 títulos de propiedad, que corresponden a 8.153 hectáreas, a 315 campesinos del municipio de San Vicente del Caguán. Esta área hace parte un primer grupo de adjudicaciones de baldíos en los Llanos del Yarí, pero vendrían más. La ANT anunció que ya hay un segundo polígono sobre el cual se espera tener los actos administrativos listos en el curso de los próximos cinco meses.
Además, tras varios meses de postergarse e incluso de amenazas de un paro campesino, se realizó la reunión entre campesinos y entidades del Gobierno para resolver algunos problemas sobre tierras.
Al encuentro que se realizó el pasado fin de semana en La Macarena, Meta, asistieron alrededor de 400 líderes de los departamentos de Guaviare, Meta y Caquetá. Uno de los temas de mayor relevancia que salieron a la luz durante el diálogo fue el impulso de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC).
Además, en la declaración se habló de una iniciativa llamada “Amazonía para la paz”, un proceso en construcción con elementos como la regularización, normalización y titulación de tierras a los campesinos y la garantía de derechos a los pueblos indígenas y los legítimos propietarios de la región.
En el comunicado final se abrió la posibilidad de extender el cese al fuego -que termina el próximo 15 de abril-. En las próximas semanas se desarrollará el séptimo ciclo entre las partes, que no se encuentran desde octubre del año pasado. Entre sus temas centrales está dicha prórroga.
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2. Disidencia de Walter Mendoza: reanudación de la mesa tras el caso ‘Araña’
El gobierno y la disidencia de las FARC liderada por Wálter Mendoza acordaron reanudar las negociaciones tras la captura de Giovany Rojas, conocido como ‘Araña’, uno de los líderes de este grupo. La detención generó tensiones entre el Gobierno y la organización armada, ya que se interpretó como una violación a los acuerdos previos sobre garantías para los negociadores.
Después de varios días de incertidumbre, ambas partes decidieron reactivar el diálogo, buscando evitar una ruptura total del proceso. La mesa con la disidencia de Mendoza es clave, ya que este grupo tiene presencia en varias regiones estratégicas y ha mantenido una fuerte influencia en redes de narcotráfico y control territorial.
“La delegación del Gobierno Nacional y la delegación de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano reafirmaron su compromiso de reactivar la mesa, continuar los diálogos de paz, definir las garantías para restablecer la confianza, aportar en la transformación territorial y fortalecer la autonomía de las comunidades”, se lee en el comunicado firmado por las delegaciones.
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Dentro de los compromisos también se acordó retomar los compromisos firmados en febrero durante el tercer ciclo de diálogo como el piloto para la sustitución de cultivos de uso ilícito en Nariño; las garantías de seguridad para los diálogos de paz; y la creación de una subcomisión para abordar la situación jurídica de los disidentes de la Coordinadora.
3. La mesa con Shottas y Espartanos: una tregua frágil en Buenaventura
Las bandas criminales Shottas y Espartanos, que se disputan el control del puerto de Buenaventura, llegaron a un acuerdo con el gobierno para cesar el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes en sus actividades ilegales.
Este pacto ha sido considerado un avance en la protección de la niñez en la ciudad, donde el reclutamiento forzado ha sido una de las principales amenazas para los jóvenes. Sin embargo, con una tregua unilateral con el grupo Los Shottas, se hace difícil mantener la tranquilidad en el puerto. En las últimas semanas se han registrado nuevos enfrentamientos en la ciudad.
El desafío para el gobierno es transformar este acuerdo en un proceso más amplio que permita una reducción definitiva de la violencia y la generación de oportunidades para los jóvenes que han sido vinculados a estas estructuras criminales.
4. La mesa con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: acuerdos de protección a la población
El gobierno también abrió recientemente un canal de diálogo con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), un grupo heredero del paramilitarismo con fuerte presencia en la costa Caribe. Uno de los principales avances en esta mesa ha sido el compromiso de este grupo armado de no reclutar menores de edad ni presionar a las comunidades con extorsiones. También se ha pactado que no interferirán en las economías locales, lo que podría reducir el impacto del conflicto en la población civil.
No obstante, expertos advierten que sin un mecanismo de desmovilización claro y sin garantías de seguridad para los desmovilizados, estos acuerdos podrían quedarse en declaraciones sin efectos concretos en la vida de las comunidades.
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5. La construcción de paz con Comuneros del Sur
Comuneros del Sur fue un frente que se separó del ELN en mayo de 2024 para iniciar por un proceso de diálogo independiente con el Gobierno. Este grupo, que antes era un Frente, llegó a Nariño en la década de 1990 y es uno de los responsables de algunos casos de desaparición forzada en esa región.
Como parte de los diálogos que se adelantan entre Comuneros y el Gobierno, el pasado 15 de marzo se anunció la puesta en marcha de la formación de un grupo de guerrilleros buscadores de desaparecidos. Esta iniciativa se enmarca en la apuesta de “co-construcción de paz” y en uno de los compromisos acordados en octubre de 2024 que responde al clamor de las comunidades por encontrar a sus seres queridos.
La jornada de capacitación fue liderada por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y contó con el acompañamiento de la Gobernación de Nariño a través de la Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos, la MAPP-OEA y la Consejería Comisionada de Paz, representada por el jefe de la Delegación del Gobierno, Carlos Erazo.
6. Un pequeño gesto en la mesa con el ELN
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) es el grupo con el que el gobierno Petro ha tenido más dificultades para consolidar un proceso de paz. Las negociaciones, que comenzaron con avances importantes, entraron en su segunda crisis en enero de 2025, cuando un ataque del ELN en el Catatumbo dejó varias víctimas civiles. Como respuesta, el gobierno suspendió temporalmente la mesa de diálogos, generando incertidumbre sobre el futuro del proceso.
Para intentar reactivar las negociaciones, la delegación de Gobierno en ese proceso convocó un Congreso por la Paz el próximo 5 abril, con el objetivo de discutir el estado del proceso y buscar mecanismos para retomar los diálogos. Sin embargo, la gran pregunta sigue siendo si el ELN está realmente dispuesto a abandonar la lucha armada.
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