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El Comando Central del ELN, máxima instancia de direccion de esta guerrilla, ordenó a todas sus estructuras en el territorio nacional prepararse para el cese de operaciones ofensivas, incluidas las actividades de inteligencia contra la Fuerza Pública a partir de las cero horas de este 6 de julio.
La orden se da en cumplimiento del acuerdo que firmaron las delegaciones el pasado 9 de junio en La Habana, Cuba, tras el cierre del tercer ciclo de diálogos.
El comunicado de esta guerrilla explica que la orden es impartida para “comandantes de dirección nacional, estado mayor nacional, mandos de direcciones de frentes de guerra, estados mayores regionales y responsables de estructuras y equipos nacionales especializados” y termina el 3 de agosto.
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La orden, sin embargo, señala que las unidades guerrilleras deberán “mantener activados todos los dispositivos de defensa y seguridad para responder a amenazas o ataques de cualquier estamento o grupo armado contra nuestras unidades o contra la población civil”.
En desarrollo del Acuerdo No. 11, que establece la creación de un canal de comunicación entre la guerrilla y el Gobierno Nacional para tramitar asuntos relacionados con el cese, el Coce designó para estas tareas a su equipo de gestoría de paz que deberá “informar sobre novedades que puedan presentarse en desarrollo del cese al fuego”.
El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda reaccionó al anuncio señalando que “es el compromiso que se asumió en el acuerdo de Cuba. Vamos avanzando con este anuncio en el que el ELN asume públicamente una responsabilidad de lo que pueda suceder desde el próximo 6 de julio en relación con sus ataques a la Fuerza Pública”.
“Es aquí donde se va a probar la unidad de mando que pueda tener el Ejército de Liberación Nacional”, afirmó. También anunció que el Presidente de la República hará en un pronunciamiento en el mismo sentido de órdenes explícitas y específicas a la Fuerza Pública.
Este comunicado se conoce un día después de que circulara un audio por redes sociales en el que una persona que se identifica como Gerson, comandante del Frente de Guerra Occidental del ELN, decretara un paro armado indefinido desde este martes 4 de julio.
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“Desde las 00 horas del día 4 de julio 2023 en toda la región del San Juan, Sipí, Cajón y todos sus afluentes. Llamamos a todos los habitantes y transportadores para que se abstengan de circular en el territorio mientras esté vigente dicha orden”, decía el audio.
La amenaza afecta directamente a las comunidades de los ríos Taparal, Sipí y San Juan. Según la comunicación del ELN el paro obedece a una supuesta incursión armada de las AGC o Clan del Golfo en la vereda Chambacú del municipio de Sipí, donde habrían asesinado al campesino José Florencio Condumí de 50 años de edad y herido a su hijo de nueve años.
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“La comunidad de dicha vereda se encuentra actualmente confinada y secuestrada por este grupo paramilitar, impidiendo la libre movilidad de sus habitantes”, dice el audio que además señala la existencia de una supuesta colaboración entre el Ejército y las AGC que pondría en riesgo el cese al fuego.
Según el acuerdo y los protocolos firmados por las delegaciones de paz del Gobierno Nacional y del ELN, tras esta orden de alistamiento, la implementación plena del cese al fuego comenzará el jueves 3 de agosto y a partir de la fecha, se contarán 180 días para su cumplimiento.
Ese día, también se desplegará el Mecanismo de Monitoreo y Verificación que estará compuesto por delegados de la Misión de Verificación de la ONU, la Fuerza Pública, del ELN, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Conferencia Episcopal. Ese organismo tendrá un componente nacional, que funcionará en Bogotá, otro local que funcionará en ocho regionales y 20 locales, ubicados principalmente en los departamentos de Arauca, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Santander, Antioquia y Nariño.
También se estableció que la sociedad civil podrá acompañar el cumplimiento del cese al fuego bilateral a través del rol de Veeduría Social que no se ha definido aún.
En este momento, una pequeña delegación del Gobierno Nacional y del ELN debaten en La Habana los ocho protocolos que faltan para poner en marcha el cese al fuego. Encabezados por el jefe del equipo negociador Otty Patiño, de parte del gobierno están el almirante Orlando Romero, Horacio Guerrero, Juan Carlos Ospina, como asesor jurídico, y el coronel de la Fuerza Aérea Rodrigo Mezú como miembro del equipo de observadores militares. De parte del ELN están Bernardo Téllez, Tomas García Laviana, Gustavo Martínez y Pablo Beltrán.
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El pasado 9 de junio las partes dieron a conocer varios documentos: el Acuerdo No. 10, que contiene el marco general del cese al fuego; el protocolo de Acciones Específicas, que describe las acciones prohibidas para la Fuerza Pública y para el ELN; y el protocolo de Mandato del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, que crea ese organismo cuatripartito (ELN, Gobierno, Misión de Verificación de la ONU e Iglesia Católica) que será el encargado de velar por el cumplimiento del cese.
Mientras en La Habana (Cuba), una pequeña comisión del Gobierno Nacional y el ELN avanza en la discusión de los ocho protocolos que faltan para la implementación plena del cese al fuego bilateral, en Colombia otra comisión de las partes avanza en los acuerdos para poner en marcha los mecanismos de participación de la sociedad civil en ese proceso de paz.
Según el acuerdo al que llegaron las partes el pasado 9 de junio, los dos temas, cese al fuego y participación, deben cumplirse de manera simultánea. En ese sentido, el próximo lunes 10 de julio, el pleno de la mesa de diálogo sesionará en La Habana para aprobar los protocolos y detalles de conformación del Comité de Participación Nacional, que debe instalarse el 25 de julio en territorio colombiano.
El próximo 3 de agosto deberá entrar en vigencia plena el cese al fuego bilateral y el 10 de ese mismo mes, la mesa arrancará el cuarto ciclo de negociaciones en Caracas (Venezuela).