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A poco menos de año de las elecciones, la paz total no se perfila como un proceso cerrado, sino como una arquitectura incompleta que el Gobierno intentará dejar instalada. Las Zonas de Ubicación Temporal son la principal herencia: espacios pensados para contener la violencia y permitir el tránsito a la vida civil, incluso más allá del mandato de Petro.
El interrogante ya no es si habrá paz total, sino qué tan sostenible será lo que se deje andando en 2026.
Así van las negociaciones.
Comuneros del Sur: el proceso que ya entró en fase territorial
El proceso con Comuneros del Sur, el frente que se dividió del ELN y que tiene presencia concentrada en Nariño, es hoy uno de los más avanzados dentro de la política de paz total. Tras meses de diálogo, el Gobierno logró cerrar la consulta previa para instalar una Zona de Ubicación Temporal, un paso clave que marca el tránsito del discurso a la implementación en territorio. La ZUT está pensada como un espacio donde los integrantes del grupo se concentrarán sin armas, con acompañamiento estatal y verificación, mientras avanzan los acuerdos para su reincorporación a la vida civil.
Este proceso se ha caracterizado por su enfoque local: no busca una negociación nacional ni una transformación estructural del conflicto armado, sino una salida específica para un actor con arraigo territorial delimitado. En ese sentido, el Gobierno lo ha presentado como un modelo “realista” de paz, donde la reducción de la violencia y la estabilización de un territorio pesan más que los grandes acuerdos políticos.
Su impacto es limitado porque es regional y muy localizado y su sostenibilidad dependerá de que el Estado llegue de manera efectiva con inversión social y garantías de seguridad. Aun así, Comuneros del Sur se perfila como uno de los procesos que sí podría dejar resultados concretos antes de que termine el mandato de Gustavo Petro.
Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano: concentración y tránsito, sin cierre político
Algo similar ocurre con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), la disidencia comandada por Walter Mendoza y una estructura armada que también entró en la lógica de las Zonas de Ubicación Temporal como paso previo al tránsito a la vida civil. En este caso, el Gobierno ha anunciado que parte de sus integrantes se concentrarán en dos ZUT en Nariño y Putumayo, con un esquema gradual que incluye destrucción de armas, protocolos de seguridad y acompañamiento institucional.
Sin embargo, el proceso aún carece de un acuerdo político de fondo y enfrenta desafíos de legitimidad y control interno del grupo. La pregunta que queda abierta es si la concentración en zonas temporales logrará sostenerse en el tiempo o si quedará como un experimento incompleto, dependiente del respaldo del actual Gobierno.
Estado Mayor de los Bloques y Frentes: la apuesta más grande y más inestable
El proceso con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), una de las principales disidencias de las FARC, es quizás el más ambicioso y al mismo tiempo el más frágil. Aquí, las Zonas de Ubicación Temporal han sido concebidas como un mecanismo para contener la violencia mientras se negocia un acuerdo más amplio. En regiones como el Catatumbo, el Gobierno ha planteado ZUT asociadas a frentes específicos, como el Frente 33, con la idea de separar a los combatientes de la población civil y abrir la puerta a procesos de reincorporación.
No obstante, este proceso ha estado marcado por incumplimientos, enfrentamientos armados y una violencia persistente que ha puesto en entredicho la viabilidad de los acuerdos. Aunque sobre el papel existen protocolos y estrategias para el tránsito a la vida civil, en la práctica el Estado ha tenido dificultades para garantizar control territorial y protección a las comunidades.
A esta fragilidad se suma un escándalo que puede resultar particularmente grave para el futuro del proceso. Investigaciones periodísticas basadas en infiltraciones a los computadores de Alexander Díaz, conocido como Calarcá Córdoba, revelaron presuntas comunicaciones entre miembros del EMBF y un general del Ejército, así como un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia.
Aunque el Gobierno ha negado cualquier vínculo irregular y ha pedido verificar la autenticidad del material, la sola posibilidad de infiltración de una disidencia armada en estructuras estatales de seguridad amenaza con minar la confianza política, institucional y social en la negociación. De confirmarse, el impacto no sería solo judicial, sino potencialmente devastador para la legitimidad del proceso de paz con el EMBF.
De cara a 2026, el EMBF representa una herencia compleja: un proceso abierto, con instrumentos creados —como las ZUT—, pero sin la certeza de que pueda consolidarse sin una redefinición profunda de la estrategia de seguridad y negociación.
Clan del Golfo: las ZUT como apuesta polémica hasta 2026
El proceso con el Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), es el más polémico, más sensible y de mayor envergadura dentro de la política de paz total. No solo por la naturaleza criminal del grupo, sino porque se trata de la estructura armada ilegal más grande del país, con presencia en al menos 23 departamentos, control de corredores estratégicos del narcotráfico y una capacidad sostenida de confrontación armada contra el Estado.
A finales de 2025, el Gobierno dio un paso sin precedentes al firmar la resolución que crea tres Zonas de Ubicación Temporal -dos en Chocó y una en Córdoba- para esta organización, con una vigencia que se extiende explícitamente hasta 2026, es decir, más allá del mandato del presidente Gustavo Petro. La decisión marca un punto de no retorno en la paz total porque por primera vez, el Estado apuesta por concentrar a una estructura narcotraficante de alcance nacional en espacios delimitados, con el objetivo de frenar la violencia, evitar nuevas expansiones armadas y abrir un camino hacia el sometimiento y el tránsito a la vida civil.
Pero justamente ahí se concentran las críticas más duras. Para sectores políticos, organizaciones de derechos humanos y parte de la opinión pública, estas ZUT rozarían la línea roja de otorgar beneficios anticipados a una organización responsable de masacres, desplazamientos forzados, control social violento y ataques sistemáticos contra la Fuerza Pública.
El temor es que, lejos de desmantelar al Clan del Golfo, el proceso termine reconfigurando su poder, otorgándole reconocimiento político de facto sin exigirle, en el corto plazo, una renuncia clara a las economías ilegales que lo sostienen.
Además, la magnitud del grupo plantea desafíos adicionales. A diferencia de estructuras más pequeñas o regionales, el Clan del Golfo no es un actor homogéneo ni centralizado del todo. Su tamaño y expansión hacen que la concentración en ZUT sea logísticamente compleja y políticamente riesgosa: cualquier fractura interna o incumplimiento podría traducirse en nuevos ciclos de violencia en regiones donde el Estado sigue siendo débil.
Aun con esas tensiones, el hecho político es innegable: el Gobierno quiere dejar estas ZUT creadas, reglamentadas y en funcionamiento para el Clan del Golfo. Eso convierte este proceso en uno de los que más claramente se proyecta hacia el próximo mandato presidencial -de hecho el decreto va hasta diciembre 2026-. La decisión de desmontarlas, mantenerlas o transformarlas ya no recaerá en este gobierno, sino en el siguiente, que heredará no solo las zonas, sino también el dilema de fondo: qué hacer con la mayor organización criminal del país cuando ya fue incorporada, de facto, a una arquitectura de paz.
Las bandas en Medellín, Buenaventura y Chocó: contención sin transformación
En los procesos con estructuras criminales urbanas, la paz total adoptó una lógica distinta a la de los diálogos con actores armados rurales. No se trata de negociaciones políticas ni de Zonas de Ubicación Temporal, sino de acuerdos de reducción de violencia y diálogos sociojurídicos orientados a contener la confrontación armada en contextos urbanos y portuarios altamente fragmentados. El balance, sin embargo, varía de manera significativa según el territorio.
Medellín ha sido el laboratorio más visible de esta estrategia. Allí, el Gobierno impulsó diálogos con voceros de estructuras históricas del crimen organizado. El resultado más tangible fue una reducción sostenida de homicidios en ciertos periodos, atribuida en parte a pactos de no agresión entre bandas y a la mediación institucional. El otro acuerdo fue de cero extorsión, pero no existen mediciones fiables sobre el éxito o no de ese pacto.
No obstante, estos acuerdos no han implicado el desmonte de las estructuras criminales ni la desaparición de las rentas ilegales. El control territorial, la extorsión y el microtráfico se mantienen, ahora bajo esquemas de mayor disciplina interna. En la práctica, el proceso ha funcionado más como un mecanismo de administración del crimen que como una ruta clara de salida a la legalidad.
En Buenaventura, el diálogo se dio en un contexto aún más frágil. Allí, la violencia entre estructuras como Los Shottas y Los Espartanos ha marcado por años la vida cotidiana del principal puerto del país. Los acercamientos promovidos por el Gobierno permitieron treguas temporales y reducciones puntuales de homicidios, lo que generó alivio momentáneo para la población. Sin embargo, la disputa por el control del puerto y las economías ilegales asociadas —narcotráfico, contrabando y extorsión— sigue intacta. Sin una intervención estatal integral y sostenida, los acuerdos han demostrado ser reversibles, y el riesgo de recomposición violenta permanece latente. El proceso actualmente está sin muchos avances.
El caso del Chocó combina dinámicas urbanas y rurales en un escenario de altísima precariedad institucional. Allí, los diálogos con estructuras criminales han buscado contener la violencia en centros urbanos y corredores estratégicos, pero se enfrentan a la presencia simultánea de actores armados de mayor escala y a economías ilegales profundamente arraigadas. La falta de capacidades estatales y la debilidad del Estado en amplias zonas del departamento han limitado el alcance de estos procesos, que dependen en gran medida de equilibrios informales entre grupos armados y autoridades locales.
En conjunto, estos procesos representan el eslabón más débil de la paz total. A diferencia de los diálogos con grupos armados rurales, el Gobierno no deja en estos territorios infraestructuras institucionales, mecanismos verificables ni rutas claras de tránsito a la vida civil, sino acuerdos frágiles y altamente dependientes del contexto político local. Si bien han permitido contener la violencia en momentos críticos, su capacidad de transformación estructural es limitada y su sostenibilidad más allá de 2026 sigue siendo incierta.
ELN: la paz total que se quedó en pausa
El ELN, el actor históricamente más simbólico para cualquier política de paz, llega a 2026 con el proceso pausado y con pocas esperanzas de reanudación tras el paro armado de fin de año y la arremetida que protagoniza con el Frente 33 en Catatumbo. Aunque muy al inicio el proceso tuvo avances importantes —como la instalación de la mesa y un cese al fuego bilateral—, las crisis recurrentes, los secuestros y la falta de mando unificado llevaron a un congelamiento de facto del diálogo.
En este caso, la paz total deja más expectativas frustradas que resultados concretos, y traslada al próximo gobierno la decisión de reactivar, reformular o cerrar definitivamente el proceso.
Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: diálogo sin estructura definida
Finalmente, el proceso con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada sigue en una fase temprana y sin avances comparablesl. El diálogo se ha centrado en compromisos humanitarios y en reducir tensiones con comunidades indígenas y campesinas, pero sin una hoja de ruta sólida.
Este proceso ilustra otro límite de la paz total: no todos los actores han llegado al punto de la implementación, y algunos podrían quedar en el camino si no se producen avances rápidos.
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