![Foto de archivo que muestra un acto público -de cara a las negociaciones con el Gobienro- realizado por el Estado Mayor Central en Casa Roja, lugar ubicado entre Caquetania y El Diamante, en las sabanas del Yarí (Caquetá).](https://www.elespectador.com/resizer/v2/JTZEUGEEGRDZPMTRHCWXNTMG5Q.jpg?auth=03496fb62ac6bd7c0045c4adb1c1a9f8884b288328023ae7783ffd6246d78a5a&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
A través de un comunicado titulado “Nuestro grito por la vida y por la paz”, 270 organizaciones de diferentes partes del país hicieron varias peticiones al Gobierno de cara a la política de Paz Total. Una de ellas es la de restablecer el cese bilateral al fuego con la disidencia de las antiguas FARC autodenominada Estado Mayor Central (EMC) para evitar que se agudice la crisis humanitaria y la conflictividad en los territorios.
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Las organizaciones firmantes del comunicado piden agilizar los mecanismos necesarios para que se pueda instalar de manera inmediata la mesa de conversaciones con el EMC y restituir los Mecanismos de Veeduría, Verificación y Monitoreo (MVMV) a nivel local -por ahora solo está el nacional-con participación activa y efectiva de la sociedad.
“Exigimos al Gobierno Nacional y a los diferentes grupos armados, frenar esta crisis humanitaria y avanzar en todos los espacios de paz existente, en acuerdos en torno a ceses bilaterales, multilaterales y de hostilidades, considerando las distintas desarmonías y formas de violencia que afectan a nuestros pueblos y comunidades. Garantías para la vida y la permanencia en los territorios”, señalan las organizaciones.
La decisión de la suspensión del cese al fuego la tomó el Gobierno el pasado 22 de mayo, a raíz del reclutamiento y asesinato de cuatro niños indígenas del pueblo Murui en Putumayo, por parte de esta disidencia. Dos días después de la suspensión, esta disidencia comandada por Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como Iván Mordisco reconocieron el asesinato de los niños y señalaron que “fueron ajusticiados” y que se comprometerán a reparar a la comunidad indígena.
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Las organizaciones son principalmente de las zonas donde se decretó la suspensión del cese al fuego (Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare), pero también se unieron otras provenientes de los departamentos de Cauca, Sucre, Boyacá, Bolívar, Cesar, Santander, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Nariño, Córdoba y La Guajira.
Lea aquí el comunicado de las organizaciones:
En el documento, también pide acciones por parte de la Fiscalía General de la Nación. “Le hacemos un llamado para que se agilice la suspensión de las órdenes de captura a las vocerías de los Grupos Armados y posibilitar la instalación pronta de las mesas de diálogo, dice. Esta fue una de las razones por las que el pasado 16 de mayo no se pudo hacer la instalación de la mesa de diálogos con el Estado Mayor Central, acciones que fueron catalogadas por esta disidencia, hace unas semanas, como un “peligroso letargo”.
Además, se refirieron a otros diálogos que adelanta el Gobierno. “A los grupos armados que están avanzando en procesos exploratorios con el Gobierno Nacional y que han demostrado su voluntad real de paz, los exhortamos a generar los escenarios formales de diálogo lo más pronto posible”, indicaron.
Sobre el proceso con la Segunda Marquetalia -otra disidencia de la extinta guerrilla de las FARC-, afirmaron: “Reconocemos los esfuerzos orientados a la instalación de la mesa con la Segunda Marquetalia e invitamos a desentrabar este proceso surtiendo los procesos jurídicos y judiciales que sean pertinentes”.
Por último celebraron la continuación de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero llamaron a “traer a las mesas de diálogo a los territorios para forjar propuestas de Paz con las comunidades.”