Contundente y polémica. Así fue la intervención que el presidente Gustavo Petro dio el sábado en Medellín en un nuevo “plazoletazo” convocado por sus bases en esa ciudad, pero respaldado por la Casa de Nariño.
En la tarima de La Alpujarra —centro del poder en la capital antioqueña—, el mandatario estuvo acompañado por parte del gabinete y víctimas, pero también de nueve jefes de las bandas criminales del Valle de Aburrá que fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí. Desde allí, el mandatario propuso que la fiscal general de la Nación lo acompañe a ese centro de reclusión para explorar beneficios jurídicos a cambio del desarme definitivo de esas estructuras armadas. Un gesto político que reactivó el debate sobre los límites de su política de paz total.
“Queremos que la Fiscalía vaya a la cárcel. Yo mismo voy a ir, que me acompañen y, Y a través de las actuales normas jurídicas podemos lograr un acuerdo definitivo en donde cese la violencia aun más en los barrios pobres de Medellín. Vayamos a la cárcel a examinar bajo las normas existentes, legales, las posibilidades de beneficios jurídicos a cambio de la dejación completa y definitiva de las armas, del asesinato, de la sujeción de juventudes, hombres y mujeres de los barrios y de la extorsión y la ayuda al ‘traqueteo’”, señaló el mandatario.
Frente a decenas de jóvenes, artistas y madres de víctimas —en la tarima también estaba Margarita Restrepo, una de las madres buscadoras de La Escombrera—, el mandatario propuso convertir el actual piloto de diálogo con las bandas criminales del Valle de Aburrá en un acuerdo de paz definitivo y verificable que ponga fin a la extorsión, el reclutamiento y el sometimiento de jóvenes en los barrios populares de la ciudad.
El marco jurídico, el problema de siempre
El anuncio ocurre en medio de tensiones. Las estructuras armadas declararon el sábado que el diálogo está en pausa y reclamaron un marco jurídico claro y restaurativo. Aseguran que, sin reglas transparentes ni acompañamiento estatal serio, no hay garantías de avance. Exigen que el Gobierno defina con claridad las condiciones y los beneficios del sometimiento, y que haya seguridad jurídica para los procesos individuales y colectivos.
Para Jorge Mantilla, investigador y experto en crimen y seguridad, el planteamiento del presidente mezcla dos esferas que deberían mantenerse separadas: la negociación judicial y el diálogo de paz. “En Colombia existen herramientas jurídicas como la Ley 1908 de 2018, que permite la sujeción colectiva de organizaciones criminales, pero es una competencia de la Fiscalía, no del Ejecutivo. Lo que veo aquí es una injerencia que resulta inapropiada en términos formales”, señaló Mantilla.
Además, advierte que dotar estas conversaciones de un contenido político y de reconciliación social —como ha intentado Petro al enmarcarlas en su apuesta de paz total— puede desnaturalizar el enfoque jurídico del sometimiento a la justicia.
La propuesta de Petro en Medellín es similar a la que ha hecho con otros grupos con los que más o menos hay avances, como Comuneros del Sur y el Frente 33 de la disidencia del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF). Lo que ha intentado hacer, a poco más de la mitad de su mandato, es acelerar las negociaciones para lograr el desarme en una estrategia que ya dejó de ser “total” para ser “hiperterritorial”. En el fondo, el Gobierno sabe que no logrará la ambición de avanzar con los nueve tableros que tiene activos e intenta finiquitar lo que queda con lo que hay.
El proceso con bandas como Los Pachelly, La Oficina, los Triana, el Mesa, entre otros, han mostrado avances significativos en la reducción de violencia y cumplimiento de compromisos. Entre ellos el plan de no extorsión, el compromiso contra la explotación sexual infantil y el acuerdo de no agresión que ha reducido las disputas entre organizaciones.
Sobre el plan de no extorsión, la senadora Isabel Zuleta, coordinadora del Gobierno en ese espacio de diálogo admitió el sábado en entrevista con Colombia+20 desde Medellín, que la iniciativa enfrente algunos problemas de ejecución.
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Los jefes criminales en tarima
La presencia de jefes de bandas como José Muñoz (conocido como Douglas) y Freyner Ramírez (Pesebre) —condenados por graves delitos y aún bajo investigación judicial— también provocó controversia en sectores políticos, organizaciones de víctimas y autoridades locales.
Junto a elos también estuvieron Juan Carlos Mesa o “Tom”; Juan Fernando Álvarez, “Juan 23″; Wálter Jiménez, “El Tigre” o “Ramón Chaqueta”; Jorge de Jesús Vallejo, conocido como “Vallejo”; Albert Henao, conocido como “Albert”; Dayron Alberto Muñoz Torres o “El Indio”; y Juan Camilo Rendón, “El Saya”.
El comunicado leído por Vallejo, así como el papel activo de las bandas en el evento del sábado no cayeron nada bien entre las autoridades locales de la capital antioqueña, con quienes Petro tiene una confrontación permanente.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo el domingo en su cuenta de X que el hecho de tener a los jefes criminales en la tarima era una amenaza directa y no un acto político.
“Petro sacó de la cárcel a los peores criminales de la historia reciente de la ciudad, muchos capturados en mi primera administración, para subirlos en una tarima a demostrar de qué lado está. Si eso no es una amenaza directa al Estado de derecho, a la democracia y a mí… no sé lo que es”, dijo.
Otros sectores también lo leyeron como una legitimación simbólica. Incluso organizaciones de víctimas afirmaron que era un hecho que revictimizaba.
Según Mantilla, el hecho y la ubicación del evento sí fue un “desafío” para los mandatarios locales y para Medellín, “que ha librado una guerra tan fuerte contra estas bandas” y donde, por obvias razones, persisten las heridas alrededor de ello.
Y agrega que el problema de tener a jefes criminales en un evento así es que se hace en un punto del diálogo de paz en el que aún persisten “elevadísimos niveles de incertidumbre”.
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“Hay dos mensajes. Queda en el aire esa normalización del poder de los cabecillas y de las bandas en Medellín y como una suerte de blanqueamiento de su figura pública que tiende a minimizar el daño que hicieron. El otro es la percepción de impunidad que queda que unos cabecillas condenados puedan asistir a unos eventos de esto que pareciera que se les tuvieran tratamiento preferencial en unas negociaciones informales que aún no tienen avances y que contribuyen a la polarización”, explica.
El presidente Petro, por su parte, dijo en su cuenta de X que Medellín no se está poniendo en riesgo si se busca la paz.
“Medellín no se pone en riesgo si se busca la paz de las comunas populares. Medellín se pone en riesgo si se ponen corruptos en la administración y asesores exfiscales a incidir en las fiscalías de Antioquia, para obtener la cárcel de los opositores”, escribió.
Y reiteró que Medellín debe ser el epicentro de la paz urbana, con prioridad en proteger la niñez y juventud popular. Anunció que exigirá auditorías sobre el uso de recursos educativos y que su gobierno buscará demostrar que el desarme colectivo, bajo condiciones verificables, puede ser viable.
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