El laboratorio de paz urbana de Medellín terminó envuelto en un juego político. Han pasado más de 72 horas desde el plazoletazo del presidente Gustavo Petro en La Alpujarra y el tema todavía marca la agenda mediática con todo tipo de reacciones a favor y en contra de la presencia de los principales cabecillas de las bandas criminales de la ciudad, y voceros en el espacio de diálogo que instaló el Gobierno hace dos años.
Si bien en la tarima también hubo presencia de víctimas, políticos, líderes y sociedad civil, el foco ha estado sobre si es aceptable, o no, que las figuras del mundo criminal de la ciudad compartan el mismo escenario en medio de un discurso con más tintes políticos que de paz urbana. Cabe aclarar que todos son voceros de los diálogos, escogidos como delegados bajo la Ley 2272 de paz total.
Precisamente, las palabras del presidente Petro durante el evento del pasado sábado en el centro del poder antioqueño giraron más sobre la posibilidad de consolidar sus bases en ese bastión político, a pesar de su evidente rivalidad con el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón, y habló muy poco sobre los avances de esa mesa.
A raíz de ese encuentro en el que Petro además aprovechó para medir sus bases en la capital antioqueña, ambos mandatarios locales activaron sus discursos sobre amenazas directas por tener en plena tarima a los jefes criminales de las bandas urbanas. Tal ha sido el revuelo que el martes el equipo negociador del Ejecutivo en ese laboratorio de paz citó a una rueda de prensa para aclarar los asuntos más espinosos que han salido a flote.
La senadora Isabel Zuleta, quien además coordina ese espacio de diálogo, explicó ante la prensa y junto a Freyner Ramírez, también conocido como Carlos Pesebre, y José Leonardo Muñoz, conocido como Douglas y quien recientemente llegó al espacio, las razones de la participación de los voceros de las estructuras en la tarima.
“La delegación de Gobierno es reconocida con una resolución presidencial y la sociedad civil tiene una ruta política. Estamos hablando con voceros reconocidos por una resolución presidencial. En el evento de paz urbana estuvimos los actores que conformamos el proceso de paz y también estuvo la sociedad civil representada en tarima”, dijo Zuleta en la rueda de prensa que se llevó a cabo desde la cárcel de Itagüí.
El día del evento en La Alpujarra también hizo presencia Juan Carlos Mesa o “Tom”; Juan Fernando Álvarez, “Juan 23″; Wálter Jiménez, “El Tigre” o “Ramón Chaqueta”; Jorge de Jesús Vallejo, conocido como “Vallejo”; Albert Henao, conocido como “Albert”; Dayron Alberto Muñoz Torres o “El Indio”; y Juan Camilo Rendón, “El Saya”. Todos llegaron esposados y custodiados por guardias del Inpec, pues todos permanecen recluidos en la cárcel de máxima seguridad La Paz, en Itagüí.
La presencia de estos jefes criminales es el centro de la polémica porque, para muchos fue un acto revictimizante, y “blanqueó” la figura de estas figuras que son responsables de graves crímenes como homicidios, desplazamientos forzados y desapariciones entre otras.
Según se conoció, la solicitud del traslado de los nueve cabecillas fue un pedido expreso de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz al Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) que se dio varios días antes del evento. Además, no es la primera vez que asisten a un evento público.
La senadora Zuleta explicó, además, que su presencia es de cara a la transparencia a la ciudadanía. “Creemos que la paz se hace con la verdad, no ocultando sino de frente. ¿Cuál es el simbolismo de llevar a los voceros y a las víctimas ante la ciudadanía? Nosotros queremos un proceso de paz de frente, no como en el pasado que se ha hecho por debajo de la mesa. Queremos que este proceso sea de frente y con transparencia”, señaló.
En su intervención en la rueda de prensa que se dio desde la cárcel, la senadora también aprovechó para cuestionar que algunas críticas los señalan de ser solo criminales. “Se ha dicho que el proceso de paz llevó criminales a la escena pública, criminales a la tarima. Nosotros no llevamos criminales porque entonces no estarían condenados. Si se les sigue diciendo criminales eso quiere decir que es un fracaso de la política carcelaria del país. Quiere decir que no resocializa, que no sirve de nada estar en las cárceles. Esa narrativa de decir que en la tarima hay criminales, son personas condenadas, que están purgando una pena en una cárcel a custodia del Estado”, agregó.
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¿Una amenaza contra el poder antioqueño?
La presencia del presidente Gustavo Petro en el epicentro del poder antioqueño sumado a la asistencia de los voceros de las bandas criminales en esa tarima representó de entrada una amenaza directa contra la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, que desde un primer momento han rechazado la puesta en marcha del diálogo de paz urbana. Tanto así que el alcalde Gutiérrez publicó al día siguiente un mensaje en sus redes sociales.
“Petro sacó de la cárcel a los peores criminales de la historia reciente de la ciudad, muchos capturados en mi primera administración, para subirlos en una tarima a demostrar de qué lado está. Si eso no es una amenaza directa al Estado de derecho, a la democracia y a mí… no sé lo que es”, dijo.
En su mensaje, el alcalde menciona dos temas clave que los cabecillas de las bandas resaltaron durante la rueda de prensa, uno de ellos fue el apoyo que le han dado al gobierno local en época electoral. “Con todas las alcaldías ha habido acercamientos, no necesariamente acercamientos ilegales. Aquí todos los candidatos cuando están en época de campaña buscan algún tipo de contacto”, señaló Freyner Ramírez.
A su vez, Muñoz también se refirió a las amenazas que denuncia el alcalde Gutiérrez. “Se sienten amenazados en este momento. Pero no se sentían amenazados antes cuando se sentaban con nosotros en reuniones, cuando les ayudamos a conseguir votos para llegar al poder. Ahí sí éramos amigos, ya ahora, otra vez, somos los bandidos”, agregó el vocero.
Durante el evento del sábado, Jorge de Jesús Vallejo, conocido como “Vallejo”, leyó un comunicado en el que señaló varios aspectos relacionados con el espacio, la falta del marco jurídico y de voluntad de la institucionalidad local para acercarse a la mesa de diálogo. Sobre los señalamientos que hizo el alcalde Gutiérrez acerca de una una amenaza directa contra él, ambas delegaciones revisaron nuevamente el comunicado y señalaron que no encontraron amenazas contra el alcalde Gutiérrez.
“El discurso está grabado. No ha habido ni un solo ataque, ni lo habrá. Ni una sola amenaza, ni la habrá. Los hemos invitado muchas veces a que se unan a este proyecto de paz que le conviene a la ciudadanía”, dijo Vallejo.
Ramírez aprovechó el tema para volver a invitar al alcalde al espacio de conversación. “Contra el alcalde no hay una amenaza por parte de nosotros, lo volvemos a invitar a que deje los egos a un lado y hagamos algo por la ciudad. Nunca hemos pensado atentar contra el alcalde. Que se sume a esto. Hay cosas más importantes qué mostrar”, apuntó.
La senadora Zuleta le pidió al alcalde acercarse a los entes investigadores para que presente denuncias formales. “Cuando se recibe una amenaza hay que denunciarlo. El alcalde salió a decir que hubo una amenaza, revisamos el discurso y no la encontramos. Le solicitó que realice las denuncias penales pertinentes porque si no lo hace lo que está haciendo es un nuevo ataque al proceso. Que radique las denuncias”.
Al respecto, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, señaló que es probable que el mandatario local las presente. “En cuanto a la información sobre las amenazas al alcalde, Federico Gutiérrez, él se comunicó conmigo en días pasados y acordamos tener una reunión. Él no ha formulado denuncia, pero entiendo que la va a formular por estas amenazas”
Fiscal dice que examinará la propuesta del presidente
Una de las grandes críticas que ha tenido el espacio de diálogo con las bandas criminales, no solo las de Medellín sino también las de Buenaventura y Quibdó, ha sido la deuda de un marco jurídico que sirva como hoja de ruta para el sometimiento de las estructuras armadas. Precisamente, durante el evento del sábado en La Alpujarra, los voceros de las bandas le pidieron al mandatario mayor celeridad por ese componente y señalaron que sin ese plan el proceso está estancado.
“Con mucha preocupación debemos decirle que el diálogo, a pesar de sus avances, atraviesa por un momento difícil. Ha faltado capacidad del Estado en acompañar las transformaciones. Ha faltado reciprocidad a la hora de avanzar en cuestiones que son elementales en el diálogo. El proceso, en consecuencia, está estancado señor presidente”, señaló Vallejo.
Ante esa deuda, el presidente Petro le extendió una invitación directa a la Fiscalía General de la Nación para que, junto a él, visiten la cárcel de Itagüí, donde se encuentran los jefes de estructuras armadas que han expresado su voluntad de dejar las armas. El Jefe de Estado dijo que el objetivo sería buscar posibilidades de beneficio jurídicos a cambio de la “dejación completa y definitiva de las armas”.
“Queremos que la Fiscalía vaya a la cárcel. Yo mismo voy a ir, que me acompañe. Vayamos a la cárcel a examinar bajo las normas existentes, legales, las posibilidades de beneficios jurídicos a cambio de la dejación completa y definitiva de las armas, del asesinato, de la sujeción de juventudes, hombres y mujeres de los barrios y de la extorsión y la ayuda al ‘traqueteo’”, señaló el mandatario, quien además fue enfático en la necesidad del cese de toda violencia.
Este martes, la fiscal Camargo estuvo justamente en Medellín en una de las visitas semanales que hacen a las direcciones seccionales de la entidad. Aunque la rueda de prensa fue sobre los avances de la investigación en el caso del atentado contra Miguel Uribe, varios periodistas le preguntaron a la fiscal sobre la propuesta de Petro de ir con ella a la cárcel de Itagüí. Sobre ello, la fiscal Camargo afirmó que esa entidad sí está examinando la propuesta del presidente Petro y sí tiene interés en participar.
“Desde la Fiscalía, estamos examinando esa petición que hace el presidente de que nosotros participemos en esas mesas que se llevan a cabo. Lo estamos haciendo porque estamos hablando de que estas personas que se someten a la justicia lo deben hacer en términos del reconocimiento de las conductas punibles que ellos cometen y de cómo desmantelar las estructuras y eso es un tema que atañe directamente a la Fiscalía. Por supuesto que sí, nosotros tenemos interés probablemente en participar. El cómo es lo que hay que definir seguramente con el ministro de Justicia, quien ya también me ha manifestado su intención sobre el tema de nuestra participación y con la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, que es quien dirige estos diálogos”, afirmó.
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Además, dijo que está contemplado en la ley de paz total el componente de sometimiento y que, en principio, ninguna de las personas que están en las cárceles podrían acogerse a ellas porque ya están condenadas.
“El tema es mucho más complejo, por supuesto, porque lo que es una realidad y que nadie puede negar es que estas estructuras muchas veces siguen siendo manejadas desde las personas que están al interior de las cárceles. Y no sería un fenómeno exclusivo de Medellín, sino que es un fenómeno que se hace extensivo al Valle del Cauca, que lo tenemos presente también en Nariño. Es decir, eso es un fenómeno real y también es un fenómeno real que desde los centros carcelarios se delimita”, explicó.
La senadora Zuleta señaló este martes durante la rueda de prensa que todavía no hay una fecha concreta para la vista de la fiscal a la cárcel de Itagüí, pero es un compromiso en el que ya se está trabajando. Asimismo aprovechó para defender su tesis de que la paz urbana se puede adelantar sin tener un marco jurídico para el sometimiento y no sería la primera vez.
“En su primer periodo, el alcalde Federico acudió a las estructuras porque le tocó una guerra muy violenta y sin marco jurídico, pero ahora nos acusan que no tenemos un marco jurídico para el diálogo. Este proceso salió con la ley de paz total y la sentencia de la Corte Constitucional. Tenemos la autorización para el diálogo por el presidente. Eso no existía en el pasado y sin embargo lo hicieron. No vengan a decirnos que esta paz no les sirve. El presidente va a venir a la cárcel de Itagüí con la fiscal para saber hasta donde alcanza el marco jurídico actual y saber qué hace falta (...) Hay que recordar la historia. No vengan a decirnos que este proceso no se puede desarrollar sin marco jurídico. Esas premisas se construyen en el camino”, concluyó Zuleta.
Más allá del debate de si los voceros de las bandas criminales deben estar, o no, en la tarima, y la separación de la justicia, la política y la paz, el asunto de mayor urgencia es la deuda de una ley de sometimiento después de dos años de presentar la ley de la paz total, lo que sigue siendo, sin duda, el tornillo suelto de las negociaciones.
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