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En el inicio del último año del gobierno de Gustavo Petro, la paz total parece transitar de una política para transformar la seguridad del país a una vitrina electoral.
Lo que comenzó como una apuesta integral para negociar con todos los actores armados y desescalar la violencia se ha desplazado hacia escenarios urbanos de alto perfil mediático, cada vez más sincronizados con el calendario electoral de 2026, donde las cámaras, la plaza pública y el impacto en la opinión cuentan tanto como los avances reales en las mesas de negociación.
Medellín se convirtió en el símbolo de este giro en abril, cuando el presidente Petro, políticos de la ciudad-entre ellos Daniel Quintero, quien estará en la consulta del Pacto Histórico, y la senadora Isabel Cristina Zuleta- subieron a tarima para presentar un acuerdo con bandas del Valle de Aburrá contra la extorsión.
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El proceso en Medellín tuvo, además, un componente de narrativa electoral: el anuncio se hizo en una plaza francamente dura y opositora al Gobierno, pero en un momento donde buscaba reposicionar su política de paz en escenarios donde la población urbana pudiera percibir cambios inmediatos. Pero más importante que eso, coincidió también con la entonces reciente aprobación de la reforma laboral, lo que permitió al Gobierno articular un mensaje político más amplio que combinaba logros legislativos y avances en la paz total.
De hecho, podría decirse que esos “plazoletazos” de Petro han tenido tanto de lo uno como de lo otro: negociación y espectáculo político.
Medellín fue el punto de partida, pero Barranquilla —clave en el mapa electoral del Caribe— apareció en la agenda con el anuncio de una mesa de diálogo pese a que la ciudad no vive una crisis de violencia urbana comparable a Buenaventura o Quibdó. El gesto, en plena antesala electoral, tiene un claro valor simbólico: proyectar la paz total en una de las capitales con mayor peso político del país.
Tuluá y Barrancabermeja completan la lista de nuevas vitrinas. La primera, un municipio del Valle del Cauca marcado por el poder de las bandas y su conexión con el narcotráfico; la segunda, puerto petrolero del Magdalena Medio con una larga historia de conflicto armado y economías ilegales. Su inclusión refuerza la narrativa de que la política llega a todos los rincones, aunque los procesos apenas estén en su fase inicial.
En todos los casos el despliegue público ha buscado enviar el mensaje de posicionar la paz total en territorios estratégicos de cara a las elecciones, lo que sería por lo menos una amenaza para los diálogos y las negociaciones, según advierte la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en su más reciente informe sobre el tercer año de gobierno de Gustavo Petro.
“El anuncio de la posible apertura de nuevos tableros de diálogo urbano en Barranquilla, Tuluá o Barrancabermeja parece responder más a una lógica de impacto mediático. Esto sugiere un intento de capitalizar políticamente estos escenarios, especialmente frente a una ciudadanía cada vez más escéptica sobre los resultados concretos de la paz total”, dice el informe.
La ciudadanía, en efecto, ha cambiado de opinión. Según los datos de la encuesta Invamer publicada esta semana, en 2022 el 76 % de los colombianos respaldaban el diálogo como mejor salida al conflicto armado; para junio de 2025, el apoyo se redujo al 47 %, aunque con un leve repunte desde abril.
El desgaste, según la FIP, se explica por “la ausencia de resultados tangibles, la persistencia de la violencia y la percepción de que los grupos armados se benefician más que las comunidades”.
Además, en resultados concretos, de las nueve mesas iniciales, cinco siguen vigentes o activas por decir lo menos: Comuneros del Sur, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y las negociaciones con bandas de Buenaventura y Valle de Aburrá. Varias están en crisis, como la de Quibdó, y otros, procesos como el las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el del Clan del Golfo no han pasado de fases exploratorias.
La FIP advierte que, con este panorama en el último año, Petro “pedirá celeridad a las delegaciones para seguir anunciando acuerdos y mostrar resultados, lo que podría derivar en nuevas concesiones sin contraprestaciones claras”.
Pero ahí se hace otra advertencia: “Al priorizar los anuncios de nuevas mesas (...) se corre el riesgo de generar concesiones unilaterales sin retribuciones claras para el Estado socavando su posición negociadora. Esta dinámica no solo puede incentivar a los grupos armados a instrumentalizar las mesas como espacios de ganancia táctica, como ya viene ocurriendo”, explica el documento.
El informe subraya que este afán de resultados inmediatos puede llevar a repetir errores de procesos anteriores, como en el caso de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del Frente 33 en Catatumbo, que fue anunciada “a pesar de que no existen las condiciones jurídicas, de seguridad y operativas para entrar en funcionamiento”.
Esta semana, el comisionado de paz, Otty Patiño, le dijo a este diario que el retraso era por un tema de desminado y que tanto esa ZUT como la que habrá en Nariño y Putumayo con Comuneros del Sur y la disidencia de Walter Mendoza, estarán listas antes de terminar el año.
La “tormenta perfecta” en seguridad
Este giro electoral ocurre sobre un panorama de seguridad que la FIP describe como “la tormenta perfecta”: una combinación de aumento de la confrontación armada, reconfiguración de actores ilegales y debilitamiento de las capacidades estatales. Las cifras en el plano humanitario son preocupantes: el confinamiento alcanzó “la cifra más alta en los últimos cuatro gobiernos”; el desplazamiento masivo se duplicó, pasando de 35.293 a 70.284 víctimas entre 2024 y 2025 y el reclutamiento de menores creció 27%. Además, en muchos territorios, la violencia se ejerce mediante “estrategias de dominación silenciosa” que controlan la movilidad, el comercio y la vida cotidiana.
Con el calendario electoral ya en marcha, la advertencia de la FIP es tajante: “Es posible afirmar que este Gobierno no va a cumplir su promesa de mejorar las condiciones humanitarias desafortunadamente su legado será el contrario”.
Si en la recta final de Petro la paz total termina consolidándose más como una estrategia de tarima que como una política de transformación real, el costo de ese viraje no se medirá únicamente en términos políticos. Esa percepción quedará anclada en la memoria y hará más difícil que futuros gobiernos logren abrir negociaciones con credibilidad y respaldo ciudadano.
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