Cacao y caucho, las apuestas agrícolas con las que resiste el Sur de Córdoba

Libardo Martínez hace parte de la asociación Activa G10 y gracias al cacao ha sacado su familia adelante y generar empleo

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A 84 kilómetros de la capital de Córdoba se encuentra la vereda Las Balsas, del municipio de Tierralta, donde Libardo Martínez tiene su finca en la que cultiva cacao, plátano, yuca, piña y aguacate. Desde muy joven se interesó en “el cacaíto”, como él lo llama, porque en su casa tenían una pequeña mata de la que sacaban cosecha para vender.

A raíz del conflicto armado en Córdoba, con la presencia de guerrillas, paramilitares y cultivos de uso ilícito, tuvo que desplazarse con su familia hacia Tierralta. Desde allí ha trabajado con cultivos de cacao, que no solo le han permitido sacar adelante a su familia sino también a las de sus ocho trabajadores. “El cacao ha sido una alternativa para ayudar al campo. El producto, para ser exportado, necesita un tratamiento especial, riguroso; todo eso se logra con capacitaciones y ese conocimiento hay que llevárselo a los campesinos”, explicó Martínez a Colombia+20 durante la visita a su finca.

Capacitaciones en tratamiento del cacao, cuidado de los suelos, producción orgánica y manejo del producto son algunos de los espacios de formación que han recibido 114 beneficiarios, durante dos años, a través del proyecto de fortalecimiento del ciclo productivo del cacao. Este es liderado por la Agencia de Renovación del Territorio (ART) en alianza con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Las organizaciones Fundación Skambra al Desarrollo, Asociación de cooperativas y organizaciones de Tierralta y Valencia (Activa G-10), Asociación de Guardabosques del Alto Sinú (Guardabosques V10) y Asociación para el Desarrollo Alternativo Sostenible e Integral del Alto Sinú (Integrasinu) son las que han participado en las capacitaciones y contado con acompañamiento técnico.

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José María Garcés, ingeniero agrónomo del proyecto, explicó la importancia de fortalecer los procesos asociativos y la certificación de los cacaoteros.

“A través de las asociaciones se pueden superar los problemas técnicos y llevar el cacao a otro nivel. Si cada uno de los miembros logra tener un proceso de certificación eso les da un plus. Por ejemplo, en genética del cacao pueden injertar clones considerados finos para exportar a un mercado de elaboración de bombonería”, señaló Garcés.

Para Félix Tordecilla, cacaotero de la vereda El Banquito, la formación que han recibido les ha ayudado a tener más rentabilidad e incluso a construir un ambiente de paz en Tierralta. “La gente se ha enamorado de este cultivo y están tranquilos porque están vendiendo algo que nadie les va a reprochar porque es limpio y bueno, no como la coca. En este territorio siempre hubo violencia, pero el cacao es un producto con el que puede reinar la paz”.

De acuerdo con Maya Takagi, representante de la FAO en Colombia, con este proyecto se mejoró la calidad del cacao con infraestructura para procesar variedades mejoradas, fortalecer las organizaciones y consolidar acuerdos comerciales para explorar nuevos mercados de exportación en un mediano plazo.

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Un cultivo para las generaciones

Aunque muchos llevan más de 10 años apostándole al cacao como una alternativa económica, lejos de la coca, aún no existe esa “cultura del cacao” para que las generaciones se interesen. Así lo explicó Quira López, cacaotera de la vereda Manantiales, quien junto a su esposo erradicaron sus cultivos ilícitos, hace ocho años, para dedicarse al cacao. “Junto a mi esposo y mis tres hijos trabajamos en el cacao, también con un sobrino, pero son poquitos los jóvenes que hay”, comentó López.

Danilo Martínez es uno de los pocos jóvenes de Tierralta que, tras graduarse del colegio, se ha dedicado a trabajar su cultivo de cacao. Según él, muchos de sus compañeros no ven al campo como una alternativa de vida y se van a la ciudad.

Libardo Martínez llama al cacao un “cultivo para viejitos”, porque permite que hombres y mujeres de la tercera edad puedan seguir siendo activos y apoyar la economía del hogar. Sin embargo, sí hay preocupación por el relevo generacional de este cultivo y su legado.

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“Mi sueño es que nuestros nietos aprendan del campo porque nosotros ya vamos decayendo físicamente, pero que ellos se vayan levantando con energía para que sigan adelante”, afirmó Félix Tordecilla.

Este proyecto se enmarca en los planes de reactivación socioeconómica y comunitaria en los territorios PDET, priorizados por las afectaciones que vivieron a causa del conflicto. Tierralta, Puerto Libertador, Montelíbano, San José de Uré y Valencia hacen parte de la subregión PDET del Sur de Córdoba.

Caucho, el cultivo con el que se respira paz en Puerto Libertador

A orillas de la vía que conduce a la vereda Buenos Aires Arriba, del municipio de Puerto Libertador, se encuentra la casa de María Alquerque, una cordobesa que desde hace más de 12 años se dedicó a sembrar árboles de caucho junto a su esposo e hijo. Este cultivo tocó a su puerta hace más de 15 años, mediante un proyecto estatal que buscaba la sustitución de cultivos de uso ilícito. Con pocas capacitaciones e información, sacaron adelante sus dos hectáreas de caucho. No obstante, fue con la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, en 2016, que volvió a llegar acompañamiento estatal para su cultivo.

En 2021, luego de tres años de diagnósticos y concertación con la comunidad, inició el proyecto “Fortalecimiento de la cadena productiva de caucho natural en el municipio de Puerto Libertador, Córdoba”, liderado por la Agencia de Renovación del Territorio en alianza con la FAO. Gracias a este proyecto, la población ha recibido asistencia y asesoría técnica, al igual que insumos y materiales para estos cultivos.

Para María Alquerque, este apoyo ha significado un mejoramiento en su cultivo, que le permitió certificar su producto como tipo exportación. “Pudimos sembrar nuevas plantas de caucho y aunque el proceso es lento, ya podemos sacar látex cada semana. Por estas dos hectáreas, al mes recibimos un salario mínimo por familia y con eso nos da para vivir”, señaló Alquerque.

Ella hace parte de los 193 afiliados que tiene la Asociación de Caucheros Agropecuarios de Puerto Libertador (ASCAP), que desde su creación, en 2009, ha agrupado a las familias puertolibertadorenses para impulsar los cultivos lícitos y de larga vida útil. Un árbol de caucho puede producir por 30 años y, como bien resalta María Alquerque, “si no lo vemos nosotros, lo verán los nietos”.

En la comunidad hay un interés de animar a los jóvenes a trabajar el campo y encontrar en el caucho una alternativa económica y de paz, en medio del conflicto armado que aún se vive en la zona. De hecho, según registros del Observatorio de Drogas de Colombia, Puerto Libertador ocupa el segundo lugar de los municipios del Sur de Córdoba con más área cultivada en coca (1.374 hectáreas).

Francia Pinilla, profesional socioempresarial y de género del proyecto, le explicó a Colombia+20 que en el territorio aumentó la participación de mujeres y jóvenes en procesos de formación y liderazgo: “Tenemos jóvenes de 14, 15 y 16 años que afirman tener como proyecto de vida la producción de caucho y asisten a las capacitaciones. Este año logramos capacitar como ralladores a 11 personas, en su mayoría jóvenes”.

La labor de los ralladores es la más importante porque son quienes extraen el caucho del árbol, con una herramienta metálica, que sale de forma líquida de los troncos, de color blanco, como si fuera pegamento. También deben recoger y mantener el producto en estado líquido en unas tazas de plástico, que contienen un químico para favorecer el proceso.

Esta labor es de paciencia, aprendizaje y cuidado, comenta Antonio Genaro Tobio, ingeniero agrónomo de la región, para no afectar la corteza del árbol y mantener la vida útil de la planta. Sin embargo, la dedicación y el esfuerzo que requiere el caucho ha sido un elemento que genera competencia laboral con otras ofertas, por ejemplo el trabajo en empresas mineras como Cerro Matoso. Según los habitantes de Puerto Libertador, estas son más rápidas, sin tanto esfuerzo y con prestaciones laborales.

El trabajo de los afiliados de ASCAP, la instalación de equipos de acopio y el procesamiento del látex son la carta de presentación para que sus vecinos se animen a sumarse al cultivo familiar y a la apuesta de la reactivación socioeconómica y comunitaria en los territorios afectados por el conflicto.

Su labor es otra de las experiencias destacadas de los PDET del Sur de Córdoba. Pero estos programas también están en otras zonas. De hecho, con recursos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado (Frisco), ART y FAO invirtieron cerca de $8.180 millones para fortalecer estas alternativas agrícolas y frenar la deforestación y el aumento de cultivos de uso ilícito en Córdoba, Nariño, Norte de Santander, Arauca y Antioquia.

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La búsqueda de nuevos productos

Los esfuerzos en comercialización, educación y motivación de las futuras generaciones son una tarea que continúa y de la que se han apropiado los integrantes de ASCAP. Una de las proyecciones es poder sacar subproductos, desde las fincas, como láminas, que se podrían vender a un precio mayor al que venden el látex líquido.

Según la población, el litro de látex se vende a unos $1.500 colombianos, mientras una lámina se podría valer $9.000. Por esto, uno de los llamados que hace la comunidad es seguir contando con proyectos de formación y maquinaria como laminadoras para diversificar el mercado y explotar mucho más su producción de caucho sin afectar el medio ambiente.