Paz y Memoria

4 Jan 2022 - 1:00 p. m.

“Quienes piensan que el Acuerdo se debe aplicar tal como se firmó se equivocan”

Emilio Archila, consejero para la Estabilización, afirma que han hecho todos los esfuerzos por proteger a los excombatientes y que el programa de sustitución de coca es un éxito. En el último año del gobierno Duque, hace un balance de la implementación del Acuerdo de Paz y sus pendientes.
Sebastián Forero Rueda

Sebastián Forero Rueda

Periodista Colombia 2020
El consejero Archila afirma que el traslado de excombatientes del antiguo ETCR del Yarí no puede ser considerado un desplazamiento forzado. / Gustavo Torrijos
El consejero Archila afirma que el traslado de excombatientes del antiguo ETCR del Yarí no puede ser considerado un desplazamiento forzado. / Gustavo Torrijos
Foto: GUSTAVO TORRIJOS

A mediados de diciembre, una caravana humanitaria conformada por excombatientes de las Farc y sus familias, junto con entidades oficiales, fue atacada cuando salía de los Llanos del Yarí (Meta) hacia El Doncello, en Caquetá. Uno de los camiones con enseres fue incinerado. Justamente, los exguerrilleros salían de esa zona tras constantes amenazas y hostigamientos por parte de disidencias de las antiguas Farc. El ataque al operativo de salida fue la confirmación de que, si se hubieran quedado, habrían corrido la misma suerte de los casi 300 exmiembros de las Farc asesinados desde que se firmó la paz.

El episodio en el Meta es el más reciente ataque contra los excombatientes de las Farc que avanzan en su reincorporación. Aunque en 2021 los asesinatos a esa población disminuyeron —fueron menos de 50 casos, frente a los más de 70 en 2019 y en 2020—, la violencia en contra de esa población no cesa. Ese panorama es hoy uno de los reclamos más contundentes sobre el gobierno de Iván Duque y Emilio Archila, su consejero para la Estabilización.

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A pocos meses de entregar el cargo, Archila responde en esta entrevista a Colombia+20 sobre las críticas a la situación de los exguerrilleros, la lenta implementación del programa de sustitución de cultivos de coca y la reforma rural, entre otros.

¿Por qué siempre habla de la política de Paz con Legalidad, pero no del Acuerdo de Paz que se firmó en La Habana?

La Corte Constitucional dijo que los acuerdos de La Habana no generaban obligaciones en sí mismos, sino en la medida en que van siendo incorporados dentro de la legislación, como con todas las leyes que se expidieron mediante el FastTrack. Fue un muy buen balance que hizo la Corte entre el cumplimiento de los acuerdos, que debe darse de buena fe durante tres gobiernos, y la democracia, porque cada presidente va a seguir siendo elegido con distintos mandatos. Cada uno de los tres presidentes no solo tiene la posibilidad, sino la obligación de señalar cuál es el contenido y la orientación que le va a dar a ese cumplimiento. Nosotros, al principio del gobierno, expedimos un documento que se llama política de Paz con Legalidad y ese fue el compromiso que asumimos de qué se iba a hacer de implementación en estos cuatro años. Nunca ha tenido el alcance que se pretende darle, de que contrasta o reemplaza, no [al Acuerdo de Paz]. Quienes piensan que los acuerdos se deben aplicar tal como fueron firmados en La Habana están equivocados, eso no fue lo que dijo la Corte. Dijo que uno debía tomar esos textos, convertirlos en instrumentos jurídicos y de política y a través de ellos darle cumplimiento, que es lo que hemos hecho.

¿El Gobierno Nacional dejó hundir en el Congreso el proyecto de la jurisdicción agraria?

Después de firmados los acuerdos, las responsabilidades les corresponden a distintas ramas del poder público. Obviamente, hacer las leyes cuando la iniciativa no es reservada al Gobierno es una responsabilidad del Congreso. Si esa norma no ha salido es por culpa del Congreso, no del Gobierno.

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Pero el Ejecutivo puede empujar proyectos dentro del Congreso y lo que se dice es que a esta iniciativa le quitó el acelerador y la dejó hundir…

Yo tengo la claridad de que el presidente Duque me ha dicho a mí y a sus ministros que la jurisdicción agraria es un tema importante y que debemos mantenerlo dentro de las prioridades del Gobierno.

¿Por qué no ha habido claridad en las cifras de predios entregados a campesinos sin tierra? El Gobierno está mezclando la tierra nueva que se adjudica y la que se formaliza a campesinos que ya la tenían, inflando las cifras…

No, no hay ninguna pretensión ni de inflarlas ni de ocultarlas. Ahí lo que hay es una diferencia de interpretación, pero que es absolutamente transparente. En criterio de algunos, cuando se trata de formalización de predios baldíos, esos no deben contar en el indicador. Nosotros, los que son baldíos formalizados sí los contamos. La otra diferencia es que nosotros entendemos que de lo que venía del antiguo Incora hay un montón de trabajo represado y nosotros no podemos simplemente, por una interpretación de un indicador, abandonar unos trámites que estaban en curso. Por eso, también incluimos dentro de los indicadores la tierra que se va entregando y formalizando, no obstante que los procedimientos se hubieran iniciado antes de la firma del Acuerdo. Entonces, hay diferencias de interpretación, pero ese no es un tema oscuro, ni que lo tergiversemos, ni que lo ocultemos. Es más un tema político y jurídico, que un tema de transparencia.

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¿Por qué tras cinco años de la firma del Acuerdo todavía no existe la política para el desmantelamiento de grupos herederos del paramilitarismo que debía haber surgido de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad?

Lo primero es que antes de que se fuera el comisionado [Miguel] Ceballos, él realizó un estudio que puso de presente en la Comisión de Garantías en repetidas oportunidades en el que hacía dos análisis: uno, que la Corte Constitucional señalaba que el Estado no puede delegar en esa instancia la formulación de las políticas y que esa es una instancia que es consultiva, no una instancia decisiva. En la otra presentó a esa misma instancia todas las medidas que debían haberse adoptado y mostraba que con nombres diferentes ya se habían adoptado la totalidad. De otra parte, la JEP le hizo un requerimiento al comisionado Ceballos y hasta donde yo entiendo, el cronograma con el cual se comprometió él lo ha venido cumpliendo Juan Camilo Restrepo.

Este año disminuyeron los asesinatos de excombatientes de las Farc. Sin embargo, ya son casi 300 de ellos asesinados tras haber firmado la paz. ¿Por qué el Estado no ha podido garantizar la seguridad de esa población?

Tratándose de un tema como la vida o la muerte, no hay ninguna cifra distinta de cero que sea el objetivo. La meta es ninguno. Sí es muy relevante que este año hayan disminuido los asesinatos y, de hecho, si mira los últimos tres meses ha sido el período en que menos muertes ha habido y ya llevamos un período largo sin que haya habido uno. La cifra ha sido decreciente. La otra circunstancia que hay que tener en cuenta es que, desafortunadamente, en todos los procesos de armisticio se dan asesinatos, aquí y en el resto del mundo. En el caso colombiano ha habido un número importante de armisticios y este es en el que menos muertes ha habido. También es ilustrativo que, de esas personas, solamente en el caso de una —debieron ser cero— ha estado involucrada la fuerza pública y eso es muy relevante para distinguir con otros procesos con los cuales han pretendido asimilar esto. En ese caso, que fue el de Dimar Torres, los responsables están siendo procesados, en la cárcel y fueron expulsados del Ejército. Llevamos más de 50 sentencias y allí están tanto los autores intelectuales como los materiales. Todas las medidas de seguridad se han mantenido y se han fortalecido. Veníamos trabajando en el Plan Estratégico de Seguridad, la JEP dijo que yo era el que tenía que expedirlo y lo expedí hace cuatro meses.

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Acabamos de ver el traslado del antiguo espacio territorial del Yarí y a ese caso se le suma el de Ituango. ¿Que un espacio territorial se tenga que trasladar completo no es la muestra de que el Estado no pudo protegerlos?

Absolutamente lo contrario. Cuando se firmaron los acuerdos, ya existía el Eln, el Clan del Golfo, Los Caparros, los Puntilleros, Los Contadores... A eso se le sumaron las disidencias. La realidad es que más allá de los titulares y la fanfarria, que se firmara un acuerdo con las Farc nunca iba a ser suficiente para lograr una paz estable y duradera. Eso era un titular. Siempre fue evidente que íbamos a tener que ir avanzando no solamente en el proceso de reincorporación, sino en todos los demás frentes de la paz con legalidad, al mismo tiempo que había que ir resolviendo esos otros temas. Cuando los espacios territoriales iban llegando a su fin jurídico —porque esto todo estaba pensado para que se acabara en 2019—, nosotros hicimos un análisis muy juicioso de esos espacios para ver qué vocación deberían tener. Fue dentro del máximo nivel de responsabilidad con su protección que nosotros estimamos en ambos casos que por razones de seguridad era mejor el traslado. Este traslado al que usted hace referencia, más allá de las consideraciones políticas, todos los que están involucrados, incluidos los excombatientes, reconocen que nos salió muy bien y que fue un éxito.

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Si salieron de allí porque estaban siendo blanco ataques y algunos de ellos habían sido asesinados, ¿no sería más bien un desplazamiento forzado y no un traslado concertado?

Yo sé que jurídicamente ese no es un desplazamiento, pero periodísticamente usted verá cómo le parece que lo puede o lo debe titular. Desde el punto de vista fáctico, nosotros identificamos que había un riesgo de seguridad hace muchísimo tiempo. Empezamos a trabajar con ellos, conseguimos un sitio a donde los íbamos a llevar, miramos los proyectos productivos que podríamos trasladar, hablamos con ellos, nunca hubo ninguna cosa que se hiciera de emergencia. Acordamos esto con todos los alcaldes que estaban involucrados, con el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud, el Bienestar Familiar. La llegada es a un sitio donde vamos a tener la oportunidad de seguir con su proceso de reincorporación. Teníamos no una, ni dos, sino tres alternativas para la protección dentro del tras-lado. Incluso los sitios a donde llegaron cumplen los estándares que nos han señalado las agencias de las Naciones Unidas. Acordamos esto con meses de anterioridad con la Defensoría del Pueblo, con la Misión de Verificación. Aquí hay una consideración política, una consideración periodística y una consideración legal.

Menos del 20 % de las 99.000 familias inscritas al programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito tienen un proyecto productivo. ¿Reconoce que el Estado les incumplió a esos campesinos que dejaron los cultivos de coca?

No es cierto que 100.000 familias hubieran arrancado la coca hace cuatro años. De las 40.000 hectáreas que han sido erradicadas con ese programa, 18.000 lo fueron en este gobierno. Es decir, por lo menos quienes arrancaron esas 18.000 hectáreas lo hicieron de tres años para acá. Y tendría que detenerse a mirar cuáles son los pasos previstos en cada una de esas regiones, porque no todas las responsabilidades eran del Gobierno, sino que había unas decisiones que ellos tenían que tomar y ahí se activaban otra vez los tiempos. Tener un programa que recibimos hecho un completo desastre, con 100.000 familias, es decir 400.000 colombianos, y en tres años tener ya el 20 % con su proyecto productivo es un superéxito.

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¿Usted está al tanto del estado en el que están llegando en muchos casos los insumos, los animales, las gallinas, los cerdos, para esos proyectos? Organizaciones campesinas en varias partes del país denuncian que lo que está llegando está en condiciones paupérrimas, lo que estaría llevando eso al fracaso…

En eso opera la Agencia de Renovación del Territorio, a través de su dirección de sustitución, y con ellos hicimos un énfasis grande en que los proveedores fueran locales. Tengo conocimiento de que, como en todos los contratos, se presentan reclamos y que esos reclamos son atendidos. No tengo ninguna información parecida a la muy alarmante que usted describe en donde esas malas calidades estén llevando a fracaso el programa de sustitución.

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¿Usted va a estar en el cargo hasta el 7 de agosto de 2022?

Yo voy a estar en el cargo hasta que le sea útil al presidente.

¿En el uribismo y el resto del Gobierno hay sectores que no lo quieren por defender la implementación de lo pactado mientras ellos reiteran su desacuerdo con ello?

Sinceramente no lo sé. Mi forma de trabajar es muy sencilla: yo trabajo para el presidente y yo no tengo sino un solo jefe, que es él. Y de parte de él nunca he tenido instrucciones que sean ambivalentes o confusas.

¿No se va a ir a ninguna campaña política de cara a las elecciones de 2022? Su primo Enrique Peñalosa es precandidato presidencial...

Yo no tengo sino admiración por mi primo y cada cosa que él emprenda, siempre deseo por él y por el país que le vaya muy bien, pero no tengo pensado irme a hacer campaña con él. No tengo pensado salirme del Gobierno para irme a ninguna campaña.

¿Qué no va a alcanzar a hacer?

Estoy mucho más optimista hoy que hace un par de meses. Me dolían las entrañas con la idea de que se iba a terminar el Gobierno y no iba a lograr que la implementación se convirtiera en una causa común de todos los colombianos. En los últimos dos meses el nivel de reconocimiento a lo que ha logrado el presidente Duque ha sido muy importante. La idea de que tenemos que construir sobre lo construido ha tomado un impulso muy grande. Eso se lo he oído a muchísimas personas de muy distintas vertientes políticas. Eso me tiene mucho más tranquilo. Si logramos que el país tenga la convicción de que tenemos que encontrar problemas solamente para mejorarlos, eso va a partir en dos la historia del país para bien.

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