Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La crisis humanitaria en el Chocó llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según conoció Colombia+20, el próximo 20 de noviembre, en Miami, Estados Unidos, el organismo dedicará su única audiencia sobre Colombia de este periodo a escuchar las denuncias de las comunidades del Atrato, que acusan al Estado de incumplir su deber de proteger la vida, el territorio y la identidad cultural de los pueblos étnicos del departamento.
La alerta de las comunidades de la cuenca del río Atrato, donde se guarda una gran parte de la historia de esta población, es que hoy es el Clan del Golfo quien ejerce una gobernanza criminal sobre más de 20 ríos y sus afluentes, sagrados para la población.
Ante ese panorama de violencia que golpea con especial fuerza a las poblaciones étnicas y a sus territorios, y frente a la persistente ausencia del Estado, el Cinep-Programa por la Paz envió el 22 de agosto una solicitud de audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“El objetivo de la audiencia es presentar ante la CIDH el grave incumplimiento del Estado colombiano de las obligaciones contenidas en la Convención Interamericana de Derechos Humanos de garantizar el derecho a la propiedad colectiva, la identidad cultural y la vida de los pueblos indígenas y comunidades negras en el departamento de Chocó”, se lee en la solicitud a la que accedió este diario.
Durante el encuentro en Estados Unidos, la directora ejecutiva de la Red Departamental de Mujeres Chocoanas, un miembro del Foro Interétnico Solidaridad Chocó, uno de Cocomacia (Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato) y el Cinep serán los delegados que presentarán ante el organismo internacional los principales hallazgos del informe “EGC en Chocó: violencia, poder y miedo”, publicado por el Cinep-Programa por la Paz en el mes de junio.
En su momento, Colombia+20 difundió el informe en el que se denunciaba los patrones de violencia de género que ha impuesto el Clan del Golfo en ese departamento y que amenazaba con romper los tejidos sociales y ocupar los espacios que han ganado lideresas del territorio.
“Vamos a generar una serie de recomendaciones a la Comisión Interamericana sobre el cómo hacer, el qué hacer frente a aquella situación”, explicó a este diario Juan Pablo Guerrero, subdirector del Cinep.
Entre los puntos que abordarán están la exigencia de una participación real y efectiva de las comunidades en los diálogos, medidas de protección para líderes y lideresas que contribuyeron al informe y la solicitud de que la Comisión Interamericana realice visitas in situ al Bajo Atrato y al Urabá para verificar lo que se está negociando con el actor armado.
“Todos estamos de acuerdo con que se dialogue, eso es importante como alternativa de construcción de paz, pero tenemos muchas dudas en relación a con quién se está dialogando, qué se está dialogando y cuál es la participación de las víctimas, especialmente frente al actor armado, si no hay marco regulatorio en relación al sometimiento”, señala Guerrero.
“Exigimos garantías para la vida e integridad”: el llamado de las comunidades
La solicitud es también una respuesta de las organizaciones sociales al silencio estatal frente a sus alertas. Desde el anuncio de los diálogos del Gobierno de Gustavo Petro con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), han pedido públicamente ser parte del proceso.
El pasado 3 de septiembre, casi un mes después de que el presidente Gustavo Petro anunciara desde Tierralta (Córdoba) el inicio de conversaciones con el Clan del Golfo, organizaciones sociales emitieron un comunicado en el que apoyaron el diálogo, pero advirtieron que la paz solo será posible si se garantizan la vida, dignidad y derechos de comunidades negras, indígenas y campesinas, históricamente golpeadas por el conflicto.
“En particular, exigimos garantías para la vida e integridad de quienes hemos asumido con valentía la tarea de documentar, denunciar y construir este informe, como un aporte colectivo a la verdad y a la paz”, afirmaron entonces.
La solicitud fue reiterada el 19 de septiembre, tras la primera ronda de conversaciones entre el Gobierno y el EGC en Doha, Qatar.
En contexto: En Catar concluyó primera ronda de negociación entre Gobierno y Clan del Golfo
Frenar la violencia sexual, entre los llamados urgentes
En esos comunicados, las organizaciones también alertaron por la situación de violencia que golpea al territorio. Uno de los puntos en los que hicieron énfasis fue en la violencia sexual que arremete contra las mujere niñas y jóvenes. Este tema también fue aborado en la solicitud para la audiencia enviada al CIDH.
“Es importante aclarar que el hecho de que se hayan reducido ciertas victimizaciones que fueron frecuentes en tiempos anteriores, no implica que hoy la violencia se haya mitigado, pues en este momento las principales victimizaciones reportadas son el confinamiento, la violencia sexual y el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes”, dice el documento dirigido a ese órgano internacional.
La solicitud también expone otros tipos de violencia ejercidas por el Clan del Golfo, como los 240 confinamientos entre enero de 2022 y diciembre de 2024 en municipios de la cuenca del Atrato, que registra la Unidad para las Víctimas. Además, denuncia la gobernanza punitiva impuesta por el EGC, que sanciona comportamientos cotidianos y censura a la población LGBTIQ+. También la coacción armada en procesos electorales y el control de rentas y rutas migratorias.
Las alertas tempranas de la Defensoría
“El sentimiento generalizado y compartido de las organizaciones es que nos toca buscar un intermediario, que en este caso es la CIDH, para poder hablar con el Estado colombiano incluso en otro país. Eso es absolutamente lamentable”, señala Guerrero.
La solicitud del Cinep también recuerda que, desde 2018, la Defensoría del Pueblo ha emitido 24 alertas tempranas por graves vulneraciones a las comunidades étnicas del Chocó, sin que la situación haya cambiado.
“La respuesta dada por el Estado colombiano es lamentable, pues la información que brinda es la misma que se encuentra en la respuesta a un derecho de petición presentado por cualquier ciudadano. Esto demuestra la negligencia con la que el Estado de Colombia está atendiendo la grave situación que se presenta”, concluye el documento.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.
