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Una vez más, habitantes de Puebloviejo, Magdalena, recurrieron a las vías de hecho tras completar cuatro días sin servicio de energía. El bloqueo de la Troncal del Caribe, a la altura del kilómetro 55, en el sector del Puente de La Barra, afectó la movilidad.
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El episodio ocurrió en el kilómetro 55 de la vía Barranquilla-Santa Marta, en el sector del Puente de La Barra. La protesta terminó adquiriendo una dimensión nacional cuando el presidente Abelardo de la Espriella ordenó a la Policía intervenir para recuperar la movilidad. “Entiendo su preocupación, pero en Colombia los problemas no se solucionan bloqueando las vías. Aquí se hacen las peticiones respetuosamente y el gobierno soluciona”, afirmó.
La decisión dejó abierta una discusión: ¿cómo garantizar el derecho de las comunidades a reclamar por servicios básicos sin que miles de ciudadanos terminen pagando las consecuencias de una crisis que no provocaron?
Una comunidad que llegó al límite
Para quienes viven en el sector afectado, el bloqueo no comenzó en la carretera. Comenzó mucho antes, en sus viviendas, negocios y actividades cotidianas, después de varios días sin electricidad.
En hogares donde se almacenan alimentos, implica pérdidas, mercancía que puede dañarse y ventas que dejan de hacerse; para familias con niños o adultos mayores, representa dificultades adicionales para desarrollar actividades básicas.
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La protesta, por tanto, no puede analizarse únicamente desde el impacto que tuvo sobre la carretera; también debe entenderse desde la frustración de ciudadanos que consideran que los canales institucionales no han sido suficientes para resolver una necesidad elemental.
La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, reconoció la gravedad del problema. En medio de la controversia por los cierres, calificó como “absolutamente inaceptable” que comunidades del departamento permanezcan durante días sin energía y cuestionó las respuestas de las empresas responsables del servicio.
“Lamentablemente, la gente termina bloqueando las vías porque siente que es la única manera de ser escuchada”, dijo Guerra, quien también advirtió que el cierre de una carretera nacional termina trasladando el costo del problema a ciudadanos que nada tienen que ver con la falla del servicio.
El otro rostro del bloqueo: viajeros atrapados
Mientras la comunidad reclamaba, al otro lado de la barricada había viajeros que simplemente intentaban llegar a su destino. Familias que regresaban de un fin de semana, trabajadores que debían cumplir con sus jornadas, conductores de transporte público y de carga que se desplazaban entre Santa Marta, Barranquilla y otros municipios del Caribe.
La situación no es nueva. Cotelco Magdalena ha advertido en otros episodios que los bloqueos tienen efectos sobre hoteles, restaurantes, operadores turísticos, transportadores y pequeños negocios que dependen del movimiento de visitantes.
En junio, el gremio reportó cancelaciones y afectaciones a más de 150 personas por restricciones en corredores turísticos del departamento, por lo que el gremio respaldó la decisión del presidente.
Omar García Silva, presidente de Cotelco Magdalena, subrayó que la posición del gremio no se limita, sin embargo, a celebrar que la carretera vuelva a estar despejada, sino que también valoró que el Gobierno anunciara una respuesta al problema que originó la protesta: la disposición de un nuevo transformador para atender la falla eléctrica.
La advertencia de la Gobernación: autoridad sí, pero también soluciones
Margarita Guerra ha intentado ubicarse en medio de dos derechos que en este episodio terminaron enfrentados: el derecho de las comunidades a reclamar por servicios públicos y el derecho de los ciudadanos a circular libremente por las carreteras.
La gobernadora respaldó la intervención para recuperar la movilidad, pero insistió en que el problema no puede terminar con el levantamiento de la protesta. Para ella, si las fallas de energía persisten, la posibilidad de nuevos bloqueos continuará latente.
“Los bloqueos no pueden convertirse en la única salida para reclamar un derecho”, manifestó Guerra, que además pidió respuestas de fondo frente a las fallas atribuidas a Afinia y Air-e y planteó la necesidad de una intervención que permita evitar que las comunidades tengan que volver a la carretera para obtener atención.
El presidente De la Espriella aseveró que “en la era del Tigre los bloqueos están prohibidos y existe orden presidencial de intervenir inmediatamente cuando se presenten”, afirmó.
La pregunta, entonces, no es solamente quién despeja la carretera, sino quién garantiza que la comunidad no vuelva a pasar cuatro días sin energía.
La Defensoría del Pueblo ha identificado los bloqueos de vías como uno de los principales mecanismos utilizados en Colombia para manifestar inconformidades sociales. En su balance sobre 2025, representaron el 41 % de los mecanismos de manifestación registrados. Magdalena estuvo entre los departamentos con una participación significativa en los conflictos sociales del país.
La discusión, por tanto, no puede reducirse a estar a favor o en contra de un bloqueo.
La verdadera solución tendrá que medirse cuando el transformador anunciado esté instalado, cuando el servicio eléctrico haya sido restablecido y cuando las comunidades tengan canales efectivos para reclamar sin necesidad de cerrar una vía nacional.
Mientras tanto, la Troncal del Caribe vuelve a estar abierta. Y detrás de los vehículos que recuperaron el paso quedan dos realidades que el Estado tendrá que atender al mismo tiempo: la de quienes bloquearon porque no se sentían escuchados y la de quienes quedaron atrapados porque también puede afectar sus economías.