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Seis organizaciones sociales y religiosas del Chocó denunciaron en la noche del miércoles 8 de septiembre el desplazamiento de aproximadamente de 204 personas de 70 familias de la comunidad La Playa, zona rural de Lloró, hacia el casco urbano por amenazas e intimidaciones del Clan del Golfo.
Los hechos que desencadenaron el desplazamiento iniciaron el jueves 2 de septiembre. “En horas de la noche de aquel día, hombres uniformados sacaron de sus casas de forma violenta a todos los habitantes de la comunidad, sin distinción alguna (...), preguntaron por el representante legal del Consejo Comunitario Local y por otros líderes, amenazando con matar a alguien si no salían”, dice el comunicado emitido por las organizaciones.
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Advierten que los hombres armados, quienes se identificaron como miembros del Clan del Golfo, además de amenazarlos, robaron varias de las pertenencias de los miembros de la comunidad, entre ellas las lanchas que utilizan para desplazarse. Las intimidaciones continuaron por varios días, hasta que las 70 familias que habitan La Playa decidieron desplazarse hacia el casco urbano “buscando condiciones óptimas para su atención integral inmediata y garantías de seguridad”.
Freddy Alexander Abadía, personero municipal, señaló que desde la alcaldía municipal se les brindó asistencia inmediata a las personas que llegaron a la cabecera de Lloró en temas como alimentación, hospedaje, saneamiento básico y ropa. Abadía indicó que casi todas las personas desplazadas regresaron a su territorio el miércoles 8 de septiembre gracias al acompañamiento que brindaron el Ejército y Policía Nacional. Sin embargo, otras personas, por cuestiones de seguridad, permanecerán en la cabecera municipal.
Sobre la situación de seguridad en Lloró y las zonas rurales, un habitante de la región que pidió reserva de su identidad, señaló que la presencia del Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), o Clan del Golfo, es percibida incluso en la cabecera municipal. Sin embargo, señala, “es un pueblo en donde se vive tranquilo, de vez en cuando ellos ponen banderas o pintan las casas, pero se vive tranquilo”.
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En noviembre del 2020 la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 049 en relación con estos municipios. En el documento la entidad alertaba sobre el “incremento y/o fortalecimiento de la presencia armada de las Agc y el control social que este grupo ha emprendido” en la región. El interés de los grupos armados en estas tierras radica en “el control de las zonas cuyos suelos poseen gran concentración de minerales y la implementación de circuitos económicos alrededor de la explotación maderera y de la economía cocalera. En paralelo, su territorio ha sido utilizado como lugares de retaguardia, repliegue y abastecimiento”.
Desde la personería municipal le hicieron un llamado a la Fuerza Pública para que garantice la seguridad de los habitantes de la región y se eviten estos desplazamientos forzados. También instaron al gobierno departamental y nacional para que haga una presencia integral en el territorio y subsane deficiencias en la infraestructura y prestación de servicios como la salud o la educación.
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Mientras tanto, las organizaciones que denunciaron el desplazamiento, entre las que se encuentra el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular y Campesina del Atrato (Cocomopoca), a la cual pertenece Lloró, así como la Diócesis de Quibdó y el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch), entre otras, le exigieron al gobierno nacional “implementar el Acuerdo Final de Paz, el Capítulo Étnico y adelantar las acciones pertinentes a la aprobación oficial e implementación del Acuerdo Humanitario Ya!”.