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Daniela Valderrama pagaba aproximadamente COP 1.200.000 por un apartamento en Medellín, en el barrio Rodeo Alto, Belén. Cuando el dueño se lo pidió, se lo arrendó a otra persona en COP 1.700.000, y hoy en ese mismo sector ella asegura que ve avisos de hasta COP 2.500.000. Hace dos años se mudó a Bello, un municipio al norte del Valle de Aburrá, porque no encontró nada que pudiera pagar en Medellín, y ahora que busca casa de nuevo cree que tendrá que quedarse allá porque "en Medellín está imposible". Historias como la suya han puesto a los Airbnb, viviendas dedicadas al turismo, en el centro de la discusión sobre por qué vivir allí es cada vez más caro, en una ciudad que en 2025 recibió un récord de 1,2 millones de turistas extranjeros y donde este tipo de viviendas inscritas en el Registro Nacional de Turismo crecieron 123 % entre 2022 y 2025.
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Esa discusión llegó al Concejo de Medellín en agosto de 2026 con el Proyecto de Acuerdo 104 del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT). La última versión se aprobó en 2014, cuando la ciudad estaba lejos del auge turístico de los últimos cinco años y su revisión busca corregir lo que el alcalde Federico Gutiérrez considera errores, pues "el POT del 2014 estancó a Medellín en materia de vivienda". La propuesta incluye cambios en las reglas para la vivienda turística que clasifican la renta corta, de estancias menores a 30 días, como servicio de hospedaje y la permite principalmente en las zonas de alta mixtura, donde conviven vivienda, comercio y servicios.
Ante la polémica que surgió en redes sociales por el proyecto que busca regular viviendas que sirven de Airbnb, Gutiérrez declaró: "regular no es prohibir. Usted no puede poner una fábrica ni una discoteca en la mitad de un barrio residencial. Entonces, ¿por qué convertir barrios donde viven familias en zonas de hospedaje?". Según el alcalde, hoy Medellín tiene 8.322 viviendas turísticas registradas y con la propuesta habría capacidad para desarrollar hasta 179.000 en nuevas construcciones que se realicen en lotes destinados a este tipo de viviendas. "¿Dónde está la prohibición que tanto dicen?", cuestionó el mandatario.
Por su parte, Asohost, el gremio del alquiler turístico, advirtió que miles de familias que viven de esta actividad se verían afectadas por los cambios en el nuevo POT, y según sus proyecciones, cerca de 4.500 de los 8.300 registros podrían quedar por fuera de este. Según el Departamento Administrativo de Planeación de la ciudad, la renta corta nunca estuvo permitida en zonas residenciales, y respondieron que quien opere legalmente conservará su uso.
El principal argumento del lado de las rentas cortas es un estudio de la Pontificia Universidad Javeriana, presentado en septiembre de este año, que analizó más de 15.000 manzanas entre 2015 y 2025 y aseguró no haber encontró evidencia de que la renta corta suba los arriendos pues Airbnb se concentra donde los precios ya eran altos. Sin embargo, en una nota al pie de la investigación se declara que “contó con el apoyo parcial de un contrato de consultoría entre la Pontificia Universidad Javeriana y Airbnb Latin America, entidad que aportó una parte significativa de la financiación. Los datos sobre la actividad de alquiler a corto plazo utilizados para construir la variable de tratamiento fueron suministrados por Airbnb”.
En el mismo estudio, además, se menciona que en los estratos 4 a 6 se encontró una reducción cercana al 20 % en los avisos de arriendo de largo plazo, una señal que los investigadores consideran sugestiva y recomiendan monitorear. Medellín pasó de ser una ciudad de propietarios a una de arrendatarios: los hogares de vivienda propia cayeron del 60 % al 47 % y los arrendados subieron del 36 % al 45 %. Una vez más, es importante aclarar que el estudio declara en sus notas al pie que el trabajo "no ha sido sometidos a evaluación por pares para su publicación. Los contenidos son responsabilidad exclusiva de los autores".
Federico Hoyos, excongresista del Centro Democrático, cuestionó la eficacia de la medida de regulación, pues para él, el problema de fondo es la falta de vivienda nueva, y advierte que una regulación solo municipal "podría simplemente desplazar parte de la actividad hacia municipios vecinos". Aun así, reconoce que "puede existir un efecto de Airbnb sobre los precios en determinadas zonas de alta concentración y es importante medirlo".
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Fernando Cadavid, dueño de un Airbnb en el barrio Boston, en el centro de la ciudad, está de acuerdo con reglamentar, pero cree que "la limitación debe hacerse por excepción” sin restringir por zonas, porque considera que muchas problemáticas se pueden controlar entre el anfitrión, la plataforma y las autoridades. Admite, sin embargo, que la renta corta "aumenta la demanda de vivienda y por ende su precio de arrendamiento". Otro exanfitrión del Valle de Aburrá compara el caso con lo que ocurrió entre los taxis y las aplicaciones de transporte; en este caso, los hoteles, dice, pagan impuestos que muchos alojamientos de renta corta no pagan, "y eso hace que haya una competencia desleal". Por eso cree que la actividad debe regularse, también para darles más seguridad a los turistas.
Mientras el Concejo decide y la discusión se desarrolla, la búsqueda de vivienda de Daniela, y muchos ciudadanos como ella, sigue y se convierte cada vez más en una odisea: ni siquiera en Manrique, Aranjuez o Belén, lejos del circuito turístico de El Poblado y Laureles (donde los arriendos llegan hasta a COP 20.000.000), encuentra fácil algo a su alcance, allí una casa de tres habitaciones se arrienda "incluso en COP 4.000.000, y los apartamentos más baratos, de 50 o 60 metros cuadrados, no bajan de COP 1.600.000. A eso se suman las inmobiliarias, que piden que cada adulto gane el doble o el triple del canon, fiadores con finca raíz, depósito y, a veces, comisión".