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Martes 19 de mayo, son casi las once de la noche y las calles de Puerto Tejada están desoladas. Desde hace dos meses, el sonido de una alarma inunda el pueblo todos los días a las 8:00 p.m. para avisar el toque de queda. Anderson Arboleda —un joven de 19 años, tez morena, labios gruesos y cabello afro— conversa con Nicol, su novia, afuera de su casa en el barrio Santa Elena, cuando los previene el sonido de una moto que se acerca. Son dos policías que avanzan en medio de la calle y se detienen frente a ellos. El relato lo cuentan sus familiares.
Los policías les piden que se entren, amenazan con ponerles un comparendo por no cumplir el aislamiento. Anderson llama por la ventana para que le abran. Dentro de la casa, su tía Magaly Arboleda nota el sonido de la moto y una luz inusual que entra por la ventana. Camina hacia la puerta, cuando la novia de Anderson empieza a gritar desesperada:
—¿Por qué le pegan? ¿Por qué le pegan? ¡Magaly, Magaly, le están pegando!
Magaly corre hacia la ventana: un policía golpea con un bolillo a Anderson en la cabeza. Ella sale de inmediato y se mete entre el policía y su sobrino, pero el uniformado le asesta otro golpe a Anderson en la cabeza por encima de ella. En medio de los gritos y el forcejeo, el policía esparce gas pimienta para liberarse, se monta en la moto y se marcha con su compañero.
—No le quedó más que sacar el gas pimienta y accionárselo en la cara, ahí mismo nosotros nos entramos, cerramos la reja y cuando lo vemos es ahí accionando de igual forma el gas hacia adentro de la casa. En ese momento yo no podía ni hablar porque el gas me afectó la garganta, quedé como muda (…) —recuerda Magaly Arboleda.
La novia de Anderson cuenta que en total fueron tres bolillazos en la cabeza. Magaly llama por teléfono a la mamá de Anderson, Claudia Ximena Arboleda, quien llega a la casa al cabo de unos minutos. Ella y su hijo van hasta la estación de policía del barrio La Esperanza a denunciar la agresión. Un policía que por ese momento estaba encargado de la estación le resta importancia a la denuncia:
—Allá pues no nos atendieron prácticamente, no nos pararon bolas, que porque no creían, que los cuadrantes eran muy decentes, que a esa historia le faltaba algo, que fuera al otro día con un registro—cuenta Claudia Arboleda al otro lado del teléfono.
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Al no lograr ninguna respuesta en la estación de policía, Anderson y su madre se regresan a casa. Anderson siente un fuerte dolor de cabeza. Antes de dormirse, su abuela le da un acetaminofén y le pone paños con vinagre para el dolor. A la mañana siguiente, Anderson despierta con un dolor más intenso. Tiene mareos.
Su abuela le está dando una sopa cuando Anderson empieza a vomitar con sangre y queda inconsciente. El reporte del hospital ESE Norte 3 de Puerto Tejada dice que Anderson entra por urgencias a las 12:04 p.m. del 20 de mayo. Al ver que no reacciona, un médico lo remite de inmediato a la clínica Valle del Lili en Cali.
El viaje en la ambulancia tarda alrededor de 20 minutos. En las horas siguientes Claudia Arboleda está sentada en una sala de espera aguardando noticias de su hijo. “Yo me quedé allá con él hasta las tres y pico de la tarde que me dijeron que tenía muerte cerebral” —cuenta su madre. Anderson estaba en coma y el personal médico tuvo que entubarlo para que continuara respirando. Falleció el miércoles 20 de mayo. En el informe de su autopsia se lee que su muerte fue a causa de “lesiones encefálicas presentadas por traumatismo contundente”.
¿Quién era Anderson?
Anderson nació en Puerto Tejada el 1 de julio del 2000. Se crió con su madre y tres hermanos en el barrio El Triunfo, al sur del municipio. Estudió la primaria y bachillerato en el colegio Fidelina Echeverry. Sus amigos cuentan que le gustaba jugar fútbol y tenía un gusto particular por coleccionar tenis vistosos. En su tiempo libre, trabajaba cuidando motos afuera de los supermercados. Este año recién había terminado de prestar servicio militar en el Batallón Pichincha de Cali.
Duván Camilo Salazar, su amigo de infancia, prestaba guardia en el batallón cuando se enteró de la muerte de Anderson:
—Yo estaba de centinela cuando pasó un compañero de nosotros y me dijo que habían matado a Arboleda, y yo le dije, pero ¿cómo? No le creí mucho, pero de todas maneras me quedé pensando hasta que terminó mi turno y llegué al alojamiento. Allá unos amigos me dijeron lo mismo (…). Yo subí una foto que tenía con él y puse que cómo se había ido así de rápido. Hasta el día anterior me había escrito para que le pasara unos videos.
Anderson comenzó su servicio militar a mediados de 2018. Luego motivó a Salazar y a otro grupo de amigos a enlistarse. Juntos convivieron en el batallón de Cali durante un año y medio. Salazar cuenta que les gustaba jugar fútbol en sus ratos libres cuando les daban permiso:
—Él era el que armaba los equipos cuando jugábamos un partido, le gustaba mucho el futbol (…). Él era muy alegre, la iba con todo mundo, no peleaba con nadie.
Ambos integraban una banda marcial del batallón. Según Salazar, luego de prestar los tres primeros meses de servicio como recluta, los soldados pasan a integrar una compañía específica. Ellos eligieron la banda marcial, cada fin de semana hacían presentaciones en barrios de Cali y en otras ciudades como Popayán.
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Hacía tres meses que no se veían, pues Anderson terminó el servicio militar primero que Salazar. Sobre sus planes a futuro, Anderson le había contado a su amigo que estaba buscando trabajo como vigilante o escolta, pues salió certificado para hacerlo luego de terminar el servicio militar.
¿Casos aislados o violencia estructural?
En la página de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no se encuentran informes recientes sobre las demandas en contra de la Nación. Un informe de 2013 indica que una de las entidades estatales más demandadas es la Policía. Para esa fecha, ocupaba el quinto lugar con 14.127 procesos. Las causas van desde procedimientos irregulares, uso desmedido de la fuerza, hasta presuntos homicidios.
Desde su fundación en 1999, el Esmad (Escuadrón Móvil Anti Disturbios de la Policía) se ha visto implicado en la muerte de por lo menos 59 personas, entre estos, estudiantes, indígenas y afrodescendientes.
Una de las muertes que más ocupó la agenda pública nacional fue la de Dilan Cruz en noviembre de 2019, en el marco de las protestas del 21N. Dilan tenía 19 años, era estudiante y participaba de una manifestación en Bogotá, cuando fue impactado en la cabeza por una bolsa de material textil con perdigones de plomo que disparó un agente del Esmad.
El 6 de enero de 2017, el patrullero Víctor Pabón asesinó al dispararle en la cabeza y en la espalda a Wilber Alvarado, un joven de 19 años que se había colado en una estación de Transmilenio en Bogotá. Aunque el policía fue capturado, once meses después un juez de Bogotá le concedió la libertad por vencimiento de términos.
La lista continúa: Jhonny Silva, Nicolás Neira, Fredy Conda, Diego Becerra, Orlando Doria… La mayoría de estos casos tardan años en resolverse o en su defecto nunca se esclarecen.
El problema parece ser estructural y afectar a muchos países en el mundo. Hace poco se conoció el asesinato de George Floyd en Estados Unidos durante un arresto por un supuesto billete falso, en Argentina un grupo de indígenas fue agredido por policías hace una semana en la provincia del Chaco, y en México denunciaron que Giovanni López fue asesinado y torturado por la policía en Jalisco debido a que no utilizaba tapabocas.
Un grupo de investigadores que hizo un estudio en 2017 sobre casos de abuso policial en Colombia, concluye que "La investidura del uniforme y la posesión de un arma de fuego, inciden potentemente en el imaginario colectivo de los policías; haciéndoles creer en que se posee un poder legítimo para coaccionar al otro, intimidándolo y restringiéndolo tanto psicológicamente como de manera física”.
La familia pide justicia
Hasta la mañana del 1 de junio de 2020, pocos colombianos habían oído hablar de Puerto Tejada, un municipio al norte del Cauca, a 16 km del sur de Cali. Ese día, Goyo —artista de ChocQuibTown— publicó un tuit donde denunció el asesinato y compartió la noticia que un medio local había publicado una semana antes, y que hasta ese momento no había tenido mucho alcance.
Al día siguiente, la noticia estaba en los principales medios del país y en los perfiles de políticos y artistas influyentes como Juanes y J Balvin. En cuestión de días, el caso trascendió fronteras y llegó a medios internacionales como BBC News, incluso en las protestas en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd se veían carteles con mensajes alusivos a Anderson Arboleda.
Ante la ola de presión mediática, el Departamento de Policía Cauca emitió un comunicado el 3 de junio donde afirman haberse enterado del caso por “medios de comunicación y redes sociales” y que, hasta la fecha del comunicado, “los familiares no habían formulado denuncia penal o queja disciplinaria por el hecho en referencia”.
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En el comunicado, la Policía se defiende con excusas que ignoran varios hechos. El primero es que el mismo día de la agresión, Anderson y su mamá acudieron a poner la denuncia en la estación de policía, pero un comandante encargado los ignoró. Hasta el día de hoy, la familia no ha identificado al policía que los atendió y piden que sea investigado por negligencia.
Por otro lado, Claudia Arboleda —mamá de Anderson— dice que hizo la denuncia formal en la Fiscalía el 2 de junio, un día antes del comunicado que emitió la policía. Cuenta que no lo había hecho antes porque en su familia estaban consternados y porque pasaron cinco días de muchos trámites entre el momento de la agresión y el día que finalmente pudieron enterrar a Anderson. Cuenta que, además, no denunció antes porque creía que no le correspondía a la familia sino a la Fiscalía de Cali, que inició la investigación al hacer el levantamiento del cuerpo en la Clínica Valle del Lili.
El alcalde de Puerto Tejada, Dagoberto Domínguez, dijo que rechaza todo acto de violencia y que el hecho ya es materia de investigación. “Si tienen pruebas vayan denuncien, pero denuncien para que se haga justicia” —sostuvo el alcalde en una entrevista con el líder social del municipio Delio Girón. Una postura muy parecida a la del comunicado de la Policía.
Hay una pista clave en la investigación: para averiguar la identidad del policía que asesinó a Anderson, habría que consultar el libro de minuta de la estación de policía, y así determinar el cuadrante que patrullaba la noche del 19 de mayo del 2020 en el barrio Santa Elena. Fue una sugerencia de Delio Girón con la que el alcalde se comprometió, pero hasta hoy no ha emitido ningún otro comunicado en relación al caso.
El domingo pasado, Noticias Uno también denunció en un reportaje que el 20 de abril había pasado un caso similar en Puerto Tejada. Se trata de Janner García, un joven futbolista de 22 años que murió a causa de dos disparos que le propinó presuntamente un policía. La familia de Janner dice que tiene identificado al policía responsable, pero la investigación penal no ha dado resultados.
El líder social del municipio Delio Girón también denunció que en Puerto Tejada la policía captura jóvenes que están cometiendo un delito, los golpean en la estación “y los hacen firmar un libro después de salir estropeados, en el que digan que los atendieron como a príncipes”.
Por ahora, la investigación sobre el asesinato de Anderson sigue en curso. Su madre Claudia Arboleda dice que el 4 de junio llegaron desde Popayán dos funcionarios de la Procuraduría a investigar el caso y que la familia ha sido citada a varios interrogatorios. El alcalde Dagoberto Domínguez ofreció una recompensa de cinco millones a quien entregue información que permita aclarar los hechos, pero hasta el momento no ha habido ninguna captura.
Entretanto, en Puerto Tejada se ha convocado una manifestación en rechazo del asesinato de Anderson para el 12 de junio. La iniciativa está tomando fuerza y se dice que también habrá manifestaciones en otras ciudades del país. Las autoridades, en cabeza de la Policía, Fiscalía, Procuraduría, Alcaldía y Personería municipal de Puerto Tejada, tendrán que dar explicaciones cuanto antes, pues las manifestaciones podrían tornarse violentas y, además, convertirse en un foco de contagio de COVID-19, ya que Puerto Tejada ha alcanzado la tasa de contagio más alta del departamento en los últimos días.
Desde su casa, Claudia Arboleda pide que se haga justicia, que el victimario sea destituido de la policía y tenga que pagar el crimen con cárcel. Se escucha decidida al otro lado del teléfono:
—Yo no tengo nada de miedo, a mí me preguntaron que si los perdonaba y yo dije que no, que cómo yo los iba a perdonar si me habían matado mi hijo. Que se haga justicia.
*Revista Ciudad Vaga (Publicación de periodismo narrativo de la Universidad del Valle)