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Las razones de la FIFA para no sancionar a Estados Unidos tras lo sucedido en Venezuela

Aunque hay precedentes, como el de Rusia, el máximo ente del fútbol se aferra a argumentos legales para no tocar a los estadounidenses. La Copa del Mundo de 2026 no corre riesgo.

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Fernando Camilo Garzón
04 de enero de 2026 - 07:01 p. m.
En el sorteo del Mundial, el pasado 5 de diciembre, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, le entregó a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, el premio FIFA de la Paz.
En el sorteo del Mundial, el pasado 5 de diciembre, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, le entregó a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, el premio FIFA de la Paz.
Foto: EFE - WILL OLIVER
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La madrugada del sábado, en la que Estados Unidos ejecutó una operación militar en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, no solo alteró el tablero político regional: también encendió una pregunta que incomoda al fútbol mundial, un cuestionamiento que toca al deporte. A poco menos de seis meses para la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuyo eje organizativo y operativo está concentrado principalmente en suelo estadounidense, el impacto de un conflicto armado protagonizado por uno de los países anfitriones vuelve a poner bajo la lupa el alcance real del principio de neutralidad que defiende la FIFA.

La inquietud no es abstracta ni teórica. El antecedente más cercano sigue siendo contundente: Rusia fue excluida de todas las competiciones tras la invasión a Ucrania, una sanción que continúa vigente.

Sin embargo, el escenario actual introduce matices decisivos. La estrecha relación política y simbólica entre Donald Trump y Gianni Infantino, presidente del máximo ente del fútbol, plantea una tensión distinta: hasta dónde está dispuesta a llegar la FIFA cuando el país cuestionado no es un actor periférico, sino el corazón del Mundial que viene. Hay argumentos jurídicos, pero principalmente, por supuesto, es un asunto político.

Las razones legales que argumenta la FIFA para no tocar a Estados Unidos

El contraste es inevitable. En febrero de 2022, apenas un día después de que Rusia invadiera Ucrania, el mundo del deporte reaccionó con una rapidez inédita: la FIFA y la UEFA vetaron a las selecciones y clubes rusos de todas sus competiciones, una decisión que fue acompañada por el Comité Olímpico Internacional y casi todos los organismos que rigen el deporte global. Aquella exclusión, que sigue vigente, se convirtió en un precedente contundente de cómo el deporte podía actuar frente a un hecho considerado una violación flagrante del derecho internacional.

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Sin embargo, con Estados Unidos, en cambio, el escenario es radicalmente distinto. Pese a que hay juristas, analistas y organizaciones internacionales que consideran que la operación militar en Venezuela constituye una flagrante violación al derecho internacional humanitario y que podría llegar a tener una injerencia directa en la soberanía de otro Estado, no ha habido pronunciamientos ni advertencias desde la FIFA ni desde otros entes deportivos.

El silencio resulta aún más llamativo después de que Donald Trump afirmara públicamente que Washington “manejará” Venezuela hasta que se concrete una transición política, una declaración que el propio mandatario celebró como un golpe directo a la soberanía venezolana y que, aun así, no provocó reacción alguna en el ecosistema deportivo internacional.

La explicación, según los mismos estatutos de la FIFA, está en los márgenes legales que fija el reglamento del máximo ente del fútbol. Por ejemplo, en los artículos 14 a 16 de sus Estatutos habilitan sanciones a federaciones nacionales únicamente en casos de injerencia gubernamental directa en la gestión del fútbol —como la intervención de un gobierno en una federación— o por violaciones estrictamente deportivas. La política exterior, incluso cuando es agresiva o controvertida, no aparece tipificada como causal de sanción dentro del marco normativo vigente del organismo. Un marco legal que puede ser usado según la conveniencia política de cada caso.

A esto se suma que la Copa Mundial de la FIFA 2026 se rige por contratos específicos. La FIFA adjudicó la sede a Estados Unidos, México y Canadá mediante Hosting Agreements jurídicamente vinculantes, cuya rescisión o modificación solo puede darse ante incumplimientos contractuales graves, situaciones de fuerza mayor o riesgos directos para la seguridad y ejecución del torneo. Los hechos geopolíticos externos, por sí solos, no extinguen esas obligaciones ni habilitan automáticamente una retirada de la sede.

Desde el punto de vista reglamentario, tampoco existe una sanción automática por conflictos armados que no estén directamente ligados a la actividad futbolística. El reglamento FIFA no contempla castigos generales a países anfitriones por acciones militares en el exterior, siempre que estas no afecten la autonomía del fútbol local ni la organización del torneo. En términos estrictamente jurídicos, el Mundial 2026 no corre riesgo porque no se ha configurado ninguna causal prevista en los estatutos que permita intervenir.

El caso ruso, entonces, aparece como una excepción más que como una regla. En 2022, la decisión de FIFA y UEFA se apoyó en una “imposibilidad material” de competir en igualdad de condiciones y en riesgos competitivos y logísticos inmediatos, más que en la aplicación de una cláusula general contra la guerra, aunque se vendió así.

Es decir, para la FIFA el caso de Rusia fue tratado como una situación extraordinaria porque la invasión a Ucrania generó un escenario de imposibilidad material inmediata para sostener la competencia deportiva: selecciones que se negaban a jugar contra equipos rusos, cierres del espacio aéreo, restricciones de visados, riesgos de seguridad para delegaciones y una ruptura total de las condiciones mínimas de igualdad competitiva.

Ante ese colapso práctico del calendario y del normal desarrollo de los torneos, la FIFA y la UEFA optaron por una exclusión de emergencia para preservar la integridad de sus competiciones, más que por la aplicación de una norma general que castigue automáticamente a un país por iniciar una guerra. Aprovecharon, no obstante, el margen legal para hacer una declaración: “la condena a la invasión rusa”. En términos jurídicos, no fue una sanción estructural contra la guerra como fenómeno político, sino una decisión excepcional basada en la inviabilidad concreta de competir en ese contexto.

La conclusión jurídica es clara, aunque incómoda: no existe base reglamentaria para sancionar a Estados Unidos ni para suspender el Mundial 2026 por hechos políticos externos. Ese vacío normativo explica el silencio que reina, incluso cuando el contexto internacional vuelve a tensionar la relación entre fútbol, poder y soberanía.

La cercanía política de la FIFA con Donald Trump

Más allá de que el andamiaje normativo le permita a la FIFA resguardarse en una lectura estrictamente reglamentaria, el debate no se agota en lo jurídico. La inacción del máximo ente del fútbol abre inevitablemente la puerta a una discusión política, en la que la relación entre el poder deportivo y el poder estatal aparece como un factor imposible de ignorar. Y en ese terreno, la cercanía entre la FIFA y la administración de Donald Trump resulta cada vez más visible.

Desde hace meses, Gianni Infantino ha cultivado un vínculo estrecho con el mandatario estadounidense, impulsado por una agenda común en la que el fútbol ocupa un lugar central. No solo está en juego la Copa Mundial de la FIFA 2026: en 2025, Estados Unidos albergó el primer Mundial de Clubes FIFA 2025 con 32 equipos, un proyecto emblemático para Infantino y un escaparate ideal para Trump.

El presidente estadounidense entiende el Mundial —el evento deportivo de mayor audiencia global— como una herramienta de sportswashing, es decir, el uso del deporte de masas para proyectar una imagen positiva del país, suavizar críticas internacionales y desplazar del foco mediático decisiones políticas, conflictos o acciones militares.

Esa sintonía se ha expresado incluso en gestos simbólicos. Después de no recibir el Premio Nobel de la Paz, Infantino anunció la creación del llamado “FIFA de la Paz”, un reconocimiento inexistente hasta entonces, que terminó siendo otorgado a Trump.

Poco después, no pasó ni un mes, el mandatario desplegó una ofensiva internacional que incluyó acciones directas en Nigeria y las ya sabidas en Venezuela, que conmocionaron al mundo. Eso sin contar las amenazas a otros países como Colombia y su presidente, Gustavo Petro, a quien advirtió que podría enfrentar consecuencias similares a la de Nicolás Maduro si no se alinea con sus políticas.

En ese contexto, el silencio de la FIFA no solo contrasta con su reacción frente a Rusia: expone, también, hasta qué punto el fútbol global se mueve hoy en una frontera difusa entre neutralidad institucional y conveniencia política.

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