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Las tensiones geopolíticas están marcando las negociaciones en la Décimocuarta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Los representantes de 166 países están reunidos en Yaundé (Camerún) para tomar decisiones que pueden cambiar el rumbo del organismo multilateral: sobre la mesa está la propuesta de establecer una hoja de ruta para reformar la organización. Mientras tanto, ante la dificultad de tener consenso, los países están avanzando en acuerdos por grupos.
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Los aranceles de Donald Trump redibujaron el tablero del comercio mundial, sin que los países tuvieran margen de maniobra. Esta ola arancelaria dejó al descubierto las limitaciones de la OMC, que ya se venían discutiendo desde hace tiempo. Los países están de acuerdo en que es necesario reformar la Organización, pero hay distintas perspectivas sobre cómo hacerlo.
Si bien Estados Unidos ha atacado las reglas del sistema de comercio mundial, principalmente con sus políticas arancelarias, tiene grandes apuestas en el marco de la OMC.
Una de las claves de la reforma serían los cambios en el principio de consenso: hasta ahora en las negociaciones deben participar todos los países miembros y, por ende, las decisiones que se tomen terminan afectando a todos.
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, aseguró que se debe explorar la vía para hacer posible que los acuerdos plurilaterales (que sólo incluye a algunos grupos de países) sean incorporados dentro de la arquitectura de la OMC. “El futuro de las negociaciones comerciales probablemente será plurilateral. Si se bloquea esta vía de incorporación, los países seguirán negociando con sus socios comerciales, pero no será dentro de la OMC”, aseguró.
Rashid Kaukab, asesor en comercio y desarrollo sostenible del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD), explica que, hasta ahora, no hay ninguna regla que prohíba a los países establecer acuerdos entre ellos. Sin embargo, dichos acuerdos necesitarán otro mecanismo institucional porque no pueden incorporarse dentro de las reglas de la OMC.
Un ejemplo claro es que este sábado 66 países avanzaron en un acuerdo sobre comercio electrónico con disposiciones provisionales. La iniciativa, impulsada por Australia, Japón y Singapur y firmada por la Unión Europea, China y por varios latinoamericanos (como Perú) y asiáticos, entrará en vigencia cuando 45 países lo ratifiquen.
“Varios países ya habían anunciado en Ginebra hace un par de semanas que, si este acuerdo no pasaba a formar parte de la OMC (para lo que se necesita consenso), seguirían adelante e implementarían el acuerdo entre ellos”, explicó el profesor Kaukab.
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Li Yongjie, embajadora de China ante la OMC, destacó que en los últimos 30 años el sistema multilateral de comercio basado en normas ha generado un entorno comercial abierto, estable y predecible. Sin embargo, reconoció, entre otros puntos, que en los últimos años “los aranceles unilaterales han perturbado el orden comercial mundial” y que hay dudas sobre si el mecanismo de toma de decisiones ha obstruido los resultados de las negociaciones.
“China acepta iniciar la reforma con tres áreas prioritarias: mecanismos de toma de decisiones, cuestiones de desarrollo y competencia leal. La tarea urgente en la MC14 es adoptar un plan de trabajo de reforma equilibrado que refleje los intereses de la amplia membresía y guíe el trabajo en Ginebra después de la ministerial”, dijo la embajadora en una rueda de prensa a medios internacionales, incluyendo a El Espectador.
Fuentes consultadas por este diario aseguraron que es difícil llegar a un consenso sobre la hoja de ruta, pues se están discutiendo cambios a principios base de la OMC, que probablemente no beneficiarán los intereses de países en desarrollo.
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La gran apuesta de Estados Unidos
Pero hay temas que van más allá de la reforma. Aunque Estados Unidos ha bloqueado en diferentes sentidos a la OMC —por ejemplo, el sistema de solución de diferencias, que está estancado desde 2017 por la decisión de ese país de no nombrar nuevos miembros del órgano de apelación— tiene importantes intereses en juego en la conferencia que se desarrolla en Camerún. Su apuesta clave es una moratoria para aranceles a las transmisiones electrónicas.
La moratoria, que implica que los países no pueden cobrar aranceles para contenidos digitales que se envían por internet, se aprobó por primera vez en 1998 y se ha renovado cada dos años.
“Todos los bienes y servicios en la economía tienen aranceles, desde la electricidad pasando por un CD hasta llegar a un auto. Los datos son un bien en la economía y hoy pasan a través de los países sin aranceles. Puedes descargar todas las películas, todas las canciones, todo lo que quieras y sin tarifas, pueden tener impuestos internos, pero no aranceles”, explicó Sofia Scasserra, de Transnational Institute, a El Espectador.
Esta vez, desde África, Estados Unidos va por más: quiere que la restricción se vuelva permanente.
Sobre la mesa hay otras tres propuestas: el grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico propone prorrogar la moratoria por dos años; otro grupo de miembros propone establecer un comité de comercio digital que permita tener debates más profundos, y Brasil propone establecer un comité y prorrogar la moratoria hasta la próxima conferencia.
El representante de comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo que los miembros de la OMC han respetado la moratoria por tres décadas, pero que llegó el momento de hacerla permanente para “maximizar los beneficios” y la competitividad exportadora de todas las empresas, especialmente las mipymes.
“Estados Unidos no está interesado en otra extensión temporal de la moratoria. No proporcionaría la certidumbre que nuestras empresas necesitan para operar. Además, debilitaría aún más la posición de la OMC. Después de casi 30 años de aplicar esta práctica, si los miembros no están listos para hacerla permanente, nadie puede esperar razonablemente que la OMC logre resultados significativos en otros sectores”, dijo Greer.
Scasserra sostiene que la moratoria debe terminar para que cada país pueda decidir qué política industrial digital quiere proteger. Desde el punto de vista de las organizaciones de la sociedad civil, aprobar la moratoria por dos años puede ser una buena idea porque permitirá tener más tiempo para dar el debate.
Estados Unidos podría ser el más beneficiado con la moratoria permanente (por eso la impulsa), considerando que es el principal exportador de transmisiones digitales en el mundo, vía sus grandes compañías.
“La economía digital creó unos desbalances grandes: vemos empresas de tecnología cada vez más poderosas, cada vez más ricas y no vemos que esos beneficios se distribuyan. Existen empresas digitales, por ejemplo, en Colombia está Rappi, pero son pequeñas comparadas con Amazon o Google. Los países en desarrollo no están consiguiendo generar competidores para estas grandes empresas, entonces la idea es que los países puedan crear políticas para redistribuir esos beneficios”, aseguró.
Los resultados de esta negociación probablemente se conocerán el domingo, día en el que concluye la conferencia ministerial. Fuentes dijeron a este diario que, al parecer, Estados Unidos no está logrando su objetivo.
El acuerdo sobre comercio electrónico
Los 66 países que adoptaron el acuerdo (Colombia no está en esa lista, por ahora) sostienen que, como las transacciones digitales representan más del 60 % del PIB mundial, es necesario implementar normas globales de comercio digital para que empresas y consumidores puedan aprovechar los beneficios.
En un comunicado conjunto, Australia, Japón y Singapur aseguraron que los 66 países buscarán que todos los miembros de la OMC se unan al acuerdo. Según los países firmantes, la medida fortalecerá la estabilidad y previsibilidad para empresas y consumidores; abrirá oportunidades para micro, pequeñas y medianas empresas al reducir barreras regulatorias.
El acuerdo fomenta marcos legales que reconozcan las transacciones electrónicas y traten la información digital y en papel como equivalentes, también prohíbe la imposición de aranceles aduaneros a las transmisiones electrónicas entre las partes (punto que se revisará en cinco años) y exige marcos legales para proteger a los usuarios.
La bandera de Colombia
Colombia ha sido protagonista de la propuesta para prorrogar por dos años la moratoria de las “reclamaciones no basadas en infracción”, en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC, que establece las reglas mínimas de propiedad intelectual.
Carolina Botero, cofundadora de la Fundación Karisma, explicó en una columna publicada en este diario que sin la moratoria quedaría habilitado el artículo 64 del ADPIC que le permite a los países demandar a otros ante la OMC “no por violar una norma, sino por afectar sus expectativas comerciales”. En la práctica, agregó, significa que un país podría ser cuestionado por “aplicar flexibilidades legítimas previstas en su legislación y tratados internacionales”.
“Todo dependerá de cómo se lleven a cabo las negociaciones y quizá lo que ocurra con otros temas, como lo que pase en la moratoria de comercio electrónico. (...)Ha sido y sigue siendo importante “blindar” de demandas varias políticas públicas, especialmente aquellas relacionadas con salud pública”, dijo a El Espectador Mauricio Alberto Bustamante, embajador de Colombia ante la OMC.
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