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El arranque de 2026 trae una noticia poco habitual para los habitantes del Caribe. La tarifa de energía de Air-e se mantendrá estable durante todo el año, con un valor de COP 796 kilovatio hora, una cifra que se ubica COP 80 por debajo del promedio nacional, calculado en COP 876 al cierre de 2025.
Según informó la empresa, aplicará para los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, territorios históricamente golpeados por el alto costo de la energía y por una relación tensa entre usuarios, empresa y Estado.
“El resultado es producto de una gestión técnica responsable, decisiones oportunas y una negociación eficiente en la compra de energía con los generadores, priorizando precios justos y sostenibles para los usuarios”, explicó Air-e en un comunicado.
Otro componente clave ha sido la priorización de fuentes renovables en la compra de energía. En la práctica, esto reduce la exposición a combustibles fósiles más volátiles y ayuda a darle mayor previsibilidad a la tarifa.
Un respiro con condiciones
La estabilidad tarifaria llega acompañada de un mensaje claro hacia los usuarios: pagar a tiempo o acogerse a planes de financiación permite mantener el flujo de recursos para invertir, mejorar la red y asegurar continuidad en el servicio.
El anuncio convive, sin embargo, con un debate que ya avanza en el plano regulatorio. El Ministerio de Minas y Energía publicó el borrador de una resolución que propone un aumento transitorio en la tarifa de energía a nivel nacional para cubrir parte de la deuda acumulada de Air-e.
La deuda que presiona al sistema
Mientras la tarifa regional se mantiene, el Gobierno reconoce una tensión estructural en el mercado eléctrico. Air-e acumula una deuda cercana a COP 2,5 billones, producto de cartera vencida y obligaciones pendientes con generadores y transmisores. Según el Minenergía, esta situación configura una circunstancia extraordinaria con potencial de afectar la estabilidad del sistema eléctrico nacional.
El borrador de resolución plantea un cargo adicional de COP 8 por kilovatio hora, aplicado a la demanda total del Sistema Interconectado Nacional.
Para un usuario residencial promedio, el efecto estimado ronda los COP 1.200 mensuales. En grandes empresas, el impacto puede escalar hasta COP 40 millones al mes, dependiendo del nivel de consumo.
¿Cómo funcionaría el cobro?
La recaudación estaría a cargo del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (Asic), entidad encargada de distribuir los recursos entre los agentes del mercado eléctrico. Los fondos se asignarían de forma proporcional a las deudas registradas por cada acreedor, siguiendo los mecanismos definidos en la regulación vigente.
El borrador detalla que se tendrá en cuenta la deuda acumulada a 30 de noviembre de 2025, incluyendo obligaciones liquidadas por el Asic y el LAC (el liquidador del mercado). El objetivo es aliviar la presión financiera sobre generadores y transmisores, actores clave para garantizar el suministro, especialmente en escenarios de baja hidrología.
En la región Caribe, donde se concentra más de un cuarto de la demanda nacional y una parte significativa de la población enfrenta limitada capacidad de pago, el equilibrio entre estabilidad financiera y protección al usuario se vuelve más delicado.
Con la publicación del borrador, el Ministerio abrió un periodo de cuatro días calendario para recibir comentarios de la ciudadanía y de los agentes del sector. Finalizado ese plazo, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y el Ministerio definirán si el cobro se adopta, bajo qué condiciones y por cuánto tiempo.
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