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Desde antes que comenzara, se sabía que la concertación del incremento del salario mínimo estaría complicada, pues 2022 ha sido marcado por una creciente inflación, lo que plantea la necesidad de subir significativamente este ingreso, pero también el reto de los empresarios para asumir esta alza en sus costos de operación el próximo año.
Faltando un día para que se les termine el plazo, la mesa de concertación no ha llegado a un acuerdo. Según lo comunicado por el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, hoy decidieron tener reuniones bilaterales (empresarios y trabajadores) para que, de forma informal, se busque concertar la cifra. Si todo sale como lo esperan, mañana a las ocho de la mañana estarían comunicando el incremento que tendrá el salario mínimo para 2023.
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De lo contrario, será el presidente Gustavo Petro quien defina el alza (vía decreto). “No queremos que se vaya por decreto. Eso no reflejaría el esfuerzo que hemos estado haciendo durante todos estos días”, detalló Cabal.
La incertidumbre persiste, pues hay que recordar que este año (por primera vez en la historia de la concertación) los empresarios optaron por no presentar una cifra en la mesa. El argumento que en su momento empleó el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, es que el panorama macroeconómico es tan complejo que prefieren no poner un piso en la negociación, sino usar el techo del 20 % de incremento que propusieron las centrales y sobre ese concertar una cifra unificada.
En otras palabras, los empresarios están midiendo lo máximo que pueden dar para garantizar la recuperación del poder adquisitivo de sus trabajadores, sin que su capacidad de contratación se vea afectada. Porque sí, según lo dicho por el presidente de Fenalco, un aumento del 20 % se les hace alto.
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Pero también hay que tener en cuenta los argumentos que han empleado los representantes de los trabajadores. Para ellos es indispensable, y hasta conveniente, que quienes dependen del salario mínimo reciban un aumento considerable; no solo porque la inflación este año castigó en sobremanera a su poder adquisitivo, sino porque la economía podría entrar en un enfriamiento y desaceleración mayor, pues al no haber dinero para comprar cosas, las empresas tampoco venderían, lo que a largo plazo empeoraría aún más el panorama macroeconómico del país.
Para ellos su propuesta es justa, pues suma el 14 % que registró (en noviembre) la inflación en los sectores más empobrecidos del país (que son los que dependen del salario mínimo) con la productividad total de los factores (PTF, que es el valor agregado que aportaron los trabajadores a la economía este año, que fue del 1,24 %) y un 4,76 %, que sería la recuperación del poder adquisitivo que se le estaría dando a los trabajadores para enfrentarse a 2023 (que, según proyecciones del Banco de la República, podría cerrar con una inflación cercana al 7 %).
El camino hacia la concertación
El fuerte impacto de la inflación hizo que esta concertación fuera atípica. El más reciente dato del DANE muestra que este indicador registró una variación anual del 12,53 % en noviembre, lo que consumió el aumento del salario mínimo que se le dio el año pasado a los trabajadores, que fue del 10,07 %.
Ante el complejo panorama macroeconómico que persiste (no solamente en Colombia sino en parte de las principales economías del mundo), el reto que tuvo la mesa de concertación este año fue el de mitigar los riesgos para que la inflación no le vuelva a quitar el poder adquisitivo a los trabajadores que dependen del mínimo.
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De allí que la cifra de incremento pasó a un segundo plano (los empresarios ni siquiera presentaron una en el tiempo estipulado), y las conversaciones se centraron más en diseñar estrategias para mitigar el coletazo de la inflación en 2023.
La desindexación de más de 200 productos del salario mínimo fue la iniciativa más ambiciosa, pues planteó la importancia de que no todo subiera al mismo ritmo del incremento salarial. Ejemplo de esto son las multas de tránsito, que desde el primero de enero incrementará con base en las Unidad de Valor Tributario (UVT, la cual varía anualmente con base en la inflación); también están las cuotas moderadoras que se cobran en el servicio de salud y otros cobros relacionados a rubros como vivienda, agricultura y justicia.
Otra propuesta robusta, a la que se adhirieron empresarios y centrales obreras, fue la de pedir a la Superintendencia Financiera que reduzca la tasa de usura, pues esta ya casi triplica a la inflación. Con esto se busca que el pago de los créditos en los colombianos pese menos en sus bolsillos, aunque hay que recordar que el argumento que emplea el Banco de la República para elevar las tasas es que con esa medida se desestimula el consumo y se mitiga la inflación (la teoría económica detrás de esto es que a menor demanda los precios de los productos deberían bajar).
También se ha pedido revisar la fórmula con la que se calculan los precios de la energía en el país, pues las centrales obreras aseguran que la actual es contraproducente para los colombianos,ya que, dicen, les pasa factura de las pérdidas que tienen las empresas generadoras y transmisoras.
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