Alistan la ponencia de una reforma tributaria recargada

Comienza el debate de la reforma tributaria en el Congreso.

Foto: archivo

La reforma tributaria con la que el gobierno aspira a conseguir $15,2 billones llega de nuevo al Congreso, recargada: ya no son 35 artículos sino 56 producto de un ramillete de proposiciones que presentaron los congresistas.

El proyecto de inversión social propuesto por el gobierno mantiene la promesa de no afectar a la clase media, ni a los pobres, y se conserva el IVA para los productos de la canasta familiar sin modificaciones.

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En la ponencia se propone ampliar el régimen de tributación simple en sustitución de propuestas sobre tarifas diferenciales del impuesto sobre la renta. La idea busca beneficiar a más empresas. Actualmente este tributo favorece a 36.000 empresas y la finalidad es llevarlo a nuevas compañías; el rango pasa de $2.800 millones a $3.500 millones.

Sociedades como restaurantes que se acojan al régimen simple se reducirá el impuesto a cargo al 50%. Este tributo simple contempla el impuesto al consumo y el pago de seguridad social de los trabajadores.

Se fortalecen las políticas para la generación de empleo: se amplía el PAEF (Programa de Apoyo al Empleo Formal) que estaba hasta junio y se extiende hasta diciembre de 2021, y se incluyen las cooperativas de trabajo asociado a este programa. Para las empresas que se vieron afectadas por el paro nacional y los bloqueos se propone un subsidio del 20% de un salario mínimo de cada uno de los trabajadores en nómina. Este beneficio puede tener un costo fiscal cercano a los $400.000 millones.

Para las empresas que empleen mujeres sin importar el rango de edad hay incentivos. Si es menor de los 28 años se aplica el subsidio otorgado a los jóvenes, y para los mayores a esa edad se da un incentivo especial.

Se mantienen los tres días sin IVA, pero se autoriza participar no solo con dinero plástico sino también en efectivo.

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Se contempla en la propuesta de ponencia un descuento hasta del 80% en intereses y sanciones a las empresas y personas morosos con la DIAN, lo mismo se aplicará para los impuestos territoriales.

Se impone la meta para que los beneficiarios del programa ‘Colombia Mayor’ reciban un subsidio superior a la pobreza extrema, es decir, $125.000 mensuales. Se mantiene el Ingreso Solidario como lo propuso en principio el gobierno.

Fernando Nicolás Araujo insistió en que en la ponencia se sigue respetando la clase media, y los colombianos pobres, es decir, no se afectarán sus ingresos, ni se modificará el IVA de la canasta familiar. Otros ponentes coincidieron en la explicación del senador del Centro Democrático.

Además, en la ponencia se incluye una nueva causal para la devolución automática del IVA, se amplía el tema de obras por impuestos para que este mecanismo se pueda utilizar en otras regiones.

En cuanto a la Regla Fiscal, la ponencia propone modificar el Comité Asesor para que tenga presencia la mujer y se garantice la participación de los presidentes de las comisiones económicas del Congreso.

Uno de los temas que pueden levantar ampolla es el relacionado con la garantía procesal a los contribuyentes. La propuesta explicada por el director de la DIAN, Lisandro Manuel Junco, señala que se busca determinar a las personas que deben pagar el impuesto de renta, a las cuales se les notifica mediante un correo electrónico y, si la persona no se acoge a esta situación, se genera un tema jurídico. Esta decisión, que forma parte del programa de lucha contra la evasión, podría generar recursos por el orden de los $300.000 millones.

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Igualmente, se contempla alivios a deudores del Icetex y se autoriza a Findeter para que apoye a los municipios con créditos buscando la reactivación de la economía regional.

La reforma propone meter en cintura la proliferación de aprobaciones para la creación de estampillas. El gobierno nacional debe presentar un proyecto de ley aclarando el objetivo de estos sellos.

De la propuesta presentada por el Gobierno se eliminaron tres artículos: el octavo que habla de la disminución en la retefuente a las inversiones de portafolio; el artículo 9 que ponía a los notarios a expedir una certificación notarial sin la negociación entre particulares, y también se sacó del articulado el relacionado con las facultades extraordinarias al presidente.

El representante por el Partido Liberal Jhon Jairo Roldán manifestó que la ponencia respeta el ingreso de los empleados y particulares que se verían afectados con un aporte para el Ingreso Solidario.

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Por último, se aclara el procedimiento para la venta de los bienes incautados a las mafias y el narcotráfico. Roldán explicó que este procedimiento estaba supeditado a un tema de extinción de dominio que demora entre 25 y 30 años; ahora se define que un inmueble de una sociedad en liquidación o con cinco años o más administrado por la SAE se puede vender de manera directa. Con estas ventas se puede recoger al menos $1 billón.

Cronograma del Presupuesto y la reforma

El tránsito de la reforma tributaria por el Congreso indica que la ponencia se anuncia este martes y entre miércoles y jueves será debatida por las comisiones económicas conjuntas del Congreso y en los siguientes ocho días estudiada en las plenarias de Senado y Cámara, que deben sesionar en forma simultánea porque la iniciativa tiene mensaje de urgencia.

Por su parte, el Presupuesto General de la Nación, aforado en $350,4 billones para 2022, hace su debut en el Congreso este martes. Luego se anuncia, vienen después coordinadores y ponentes para entrar a las comisiones conjuntas de Senado y Cámara, para pasar a plenarias y ser aprobado antes del 20 de octubre. El primer debate del proyecto de presupuesto tiene que surtirse antes del 25 de septiembre.

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Desde ya se anuncia que el proyecto de Presupuesto General tendrá un artículo relacionado con la modificación de la ley de garantías. Se van a suspender los efectos para la elaboración de convenios entre los entes territoriales y el gobierno nacional.

Esa decisión permitirá que, a partir del 13 de noviembre, los gobiernos nacional, departamental y municipal podrán firmar convenios interadministrativos para garantizar la reactivación económica en el país a través de las obras públicas con recursos de la Nación. La ley de garantías fue aprobada durante la época de la reelección presidencial que ya no existe.