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La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ratificó que las vigencias futuras de la APP El Estanquillo–Popayán, clave para financiar el 97 % del proyecto, están aseguradas, despejando las inquietudes de inversionistas nacionales e internacionales sobre la estabilidad del cronograma. El anuncio se dio en el tercer showroom realizado en el Ministerio de Transporte, con presencia de empresas de países como España, Francia, Japón, China y Reino Unido.
Roberto Uparela, vicepresidente ejecutivo de la ANI, aclaró que la reprogramación de vigencias futuras que estudia el Gobierno (mediante modificaciones al decreto 1082 de 2015, incluyendo el artículo 88 en el proyecto del presupuesto de 2026) no impacta a este corredor vial, pues está concebida solo para proyectos en ejecución con dificultades financieras.
La promesa viene desde 2023, cuando el presidente Gustavo Petro anunció su compromiso con el corredor. En noviembre de 2024, la ANI publicó los prepliegos en la plataforma Secop I. Hoy, diez meses después, el proyecto avanza en visibilidad, pero con esperanza de poner las manos en el concreto cuanto antes.
Gina Rincón, vicepresidenta de Estructuración de la entidad, insistió en que el proceso de licitación sigue en los tiempos definidos: recepción de ofertas hasta el 24 de noviembre y adjudicación en diciembre de 2025.
El mensaje de tranquilidad llega después de meses de dudas. En mayo, Luis Eduardo Acosta, vicepresidente técnico de la entidad, admitió en el Congreso que no había cupo fiscal en el esquema APP y que sería necesario incorporar el proyecto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Ese retraso llevó a cuatro aplazamientos en la publicación de pliegos definitivos, lo que sembró incertidumbre sobre la viabilidad financiera.
En julio, el Departamento Nacional de Planeación dio su concepto favorable, lo que permitió radicar la solicitud de vigencias futuras y obtener aval fiscal. Solo entonces se confirmó la apertura de la licitación el 14 de julio, con la promesa de adjudicar antes de terminar el año.
A la fecha, las vigencias futuras de la obra ascenderían a $19,6 billones, según cifras del Ministerio de Transporte.
Alcances de la megaobra
El Estanquillo–Popayán contempla inversiones por $8,8 billones, con un periodo de dos años de preconstrucción, 4,5 de construcción y 18 de operación y mantenimiento. La infraestructura incluye:
- 14 túneles (17,9 km en total).
- 125 puentes vehiculares y 15 peatonales.
- 62,3 km de doble calzada nueva.
- 9 intersecciones a nivel y desnivel.
- Obras de estabilización de taludes y pasos de fauna.
- Compra de más de 600 predios rurales y suburbanos.
Durante la fase de construcción se estima que se generarán 150.000 empleos entre directos e indirectos, priorizando la mano de obra local.
La obra beneficiará a más de un millón de personas en Cauca y departamentos vecinos, mejorando la conexión de Popayán con municipios como Timbío, Rosas y Patía, y articulando corredores logísticos hacia Valle del Cauca, Nariño, Putumayo y Ecuador.
Aunque la ANI insiste en que la financiación está blindada, analistas del sector recuerdan que el proyecto refleja las tensiones habituales de la infraestructura en el país: promesas ambiciosas, cronogramas ajustados y la necesidad de blindar recursos en un escenario fiscal frágil. La concesión, además, dependerá en 3 % de los ingresos por peajes, un punto sensible en el Cauca por la resistencia histórica de comunidades locales, aunque la entidad aseguró que este punto ya está zanjado.
El desenlace, previsto para diciembre con la adjudicación, marcará si el proyecto finalmente logra superar la etapa de papeles y convertirse en la obra estratégica que el Gobierno promete o si repite la historia de retrasos que ha acompañado a otros corredores clave del país.
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