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El Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia (Sintraelecol) en la Electrificadora de Santander (ESSA), filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), anunció que se irá a huelga.
Este hecho ha despertado preocupación en el sector, porque la huelga pondrá en riesgo la entrega de un servicio esencial para los ciudadanos: el de la energía eléctrica.
La Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (ASOCODIS), la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) y el Consejo Gremial Nacional rechazan el anuncio y recuerdan que la Constitución y la ley expresamente prohíben el ejercicio de la huelga para los servicios públicos, como lo es el servicio de energía eléctrica, ya que atienden derechos fundamentales y necesidades básicas de la población.
De cumplirse, la suspensión sería de gran magnitud, pues afectaría aproximadamente a 958.344 clientes, incluidos más de 243.000 usuarios rurales y 64.833 usuarios bajo la modalidad de energía prepago. Asimismo, se comprometería la operación de 517 establecimientos de salud, 71 usuarios electrodependientes o en condición crítica, 47 hogares geriátricos y 54 hogares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Andesco calculó que el pliego presentado por Sintraelecol asciende aproximadamente a COP 243 mil millones, de los cuales cerca de COP 98 mil millones recaen sobre nuevos beneficios y COP 132 mil millones por salarios, derivados de una solicitud de incremento del 23 %, equivalente al aumento del salario mínimo. Es importante destacar que ninguno de los trabajadores de la compañía percibe una remuneración mínima.
Por eso, en conjunto, las entidades le piden a la Procuraduría General de la Nación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minas y Energía y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que garanticen el cumplimiento de las normas constitucionales y obligaciones legales.
“La prestación de los servicios públicos como el de la energía, es fundamental para la calidad de vida de los ciudadanos, y para que otros servicios y sectores sociales y económicos no sufran alteración en su funcionamiento”, resaltó José Camilo Manzur, presidente de ASOCODIS.
Por su parte, desde Andesco reiteran el respeto por el derecho a la asociación sindical y a la negociación colectiva. Sin embargo, enfatizaron que estos deben ejercerse dentro del marco constitucional vigente y garantizando la prevalencia del interés general.
¿Qué piden las asociaciones?
ASOCODIS dijo que entendía y valoraba el aporte de los trabajadores que contribuyen al sector con su esfuerzo. Y reconocieron su derecho legal al reclamo de mejoras laborales, pero que ello no debe afectar el derecho fundamental de las mayorías a gozar de un servicio como el de la energía eléctrica.
Finalmente, desde Andesco hicieron un llamado a las partes y a las autoridades competentes para que, dentro de sus competencias legales, adopten las medidas necesarias que aseguren la continuidad del servicio y protejan los derechos fundamentales de los usuarios, los cuales deben prevalecer sobre cualquier desacuerdo laboral. Además, para que “coadyuven a llegar a acuerdos razonables en lugar de materializar una huelga sin precedentes”.
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