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Gobierno recorta un billón en vigencias: Mulaló-Loboguerrero y Canal del Dique en riesgo

La Cámara Colombiana de la Infraestructura denunció que el Gobierno redujo cerca de un billón en vigencias futuras comprometidas para la vía Mulaló-Loboguerrero y el Canal del Dique.

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16 de enero de 2026 - 08:31 p. m.
La decisión contradice un decreto previo y genera alarma por el impacto en la confianza, el riesgo fiscal y la prima de riesgo país.
La decisión contradice un decreto previo y genera alarma por el impacto en la confianza, el riesgo fiscal y la prima de riesgo país.
Foto: ANI
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La confianza está, de nuevo, a punto de resquebrajarse. Según la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), el Gobierno redujo, por decisión propia, cerca de un billón en recursos que ya estaban comprometidos para dos proyectos estratégicos de infraestructura, es decir, pagos previamente pactados, con reglas claras y respaldo legal.

En juego están la vía Mulaló-Loboguerrero, clave para conectar el suroccidente del país, y la restauración ambiental del Canal del Dique, una intervención crítica para la región Caribe. Dos proyectos congelados, pero incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo y financiados bajo esquemas de Asociación Público-Privada (APP), donde el Estado se compromete a pagar a largo plazo lo que el sector privado adelanta hoy.

La CCI envió una carta a los ministros de Hacienda y Transporte, al Departamento Nacional de Planeación y a la Agencia Nacional de Infraestructura, un primer muro para alertar el riesgo de la decisión que afecta de esta manera a los proyectos:

  • COP 339.000 millones para la vía Mulaló-Loboguerrero, en el Valle del Cauca.
  • 636.000 millones para el proyecto restauración del Canal del Dique, en el Caribe.

Las vigencias futuras se pueden entender como una cuota hipotecaria del Estado. El país no paga toda la obra de una vez, pero se compromete a hacerlo en el tiempo. Y es esa promesa la que sirve de garantía para que los privados consigan recursos a través de bancos e inversionistas y así las obras empiecen. Si el Estado cambia esa cuota sin acuerdo mutuo (como había sugerido), el crédito se tambalea.

El Gobierno ignoró sus propias reglas

Aquí está el nudo del conflicto. El 29 de diciembre de 2025, el propio Ejecutivo expidió un decreto que establecía que las vigencias futuras solo podían reprogramarse con acuerdo expreso del contratista. Dos días después, otro decreto redujo los recursos sin que existiera esa conformidad.

Para la CCI fue una decisión unilateral que contradice el marco que el mismo Gobierno acababa de fijar.

De este modo, hay tres posibles consecuencias. Primero, la ruptura del principio de planificación; segundo, mala gestión en proyectos APP, y tercero, el riesgo legal y fiscal para la Nación (posibles intereses, sanciones o demandas).

Y es que este episodio no ocurrió de la nada. Para entender por qué la decisión prende tantas alarmas, hay que retroceder varios meses. Desde abril del año pasado, el Gobierno venía explorando la reprogramación de vigencias futuras como una forma de “destrabar” billones de pesos inmovilizados en obras paralizadas y mover esos recursos hacia otras prioridades.

El propio presidente Gustavo Petro habló entonces de COP 8 billones atrapados en fiducias de proyectos que no avanzan, muchos de ellos envueltos en disputas legales. La idea era simple en apariencia: ¿por qué dejar la plata quieta si puede usarse en otras urgencias? Con el paso de los meses, ese planteamiento tomó forma normativa, primero en borradores de decreto y luego en el proyecto de Presupuesto General de la Nación de 2026, que terminó ajustando tras la lluvia de críticas.

En la compleja ingeniería de la infraestructura, donde el Estado y el capital privado se alían para construir el país, la credibilidad es un activo tangible. Cuando el Gobierno envía señales de que puede alterar unilateralmente las reglas del juego, los mercados reaccionan. La prima de riesgo país —el sobrecosto que Colombia paga para financiarse— funciona como termómetro de esa confianza.

Lo cierto es que ambas obras están detenidas. Mulaló–Loboguerrero lleva una década atrapada entre litigios, fiducias llenas y máquinas quietas. El Canal del Dique, por su parte, es una intervención ambiental y social que afecta inundaciones, ecosistemas y comunidades enteras, con dos años de retraso por el trámite de las licencias ambientales.

Reducir recursos en ambos casos frena la confianza, que es el insumo más escaso cuando el Estado necesita aliados para ejecutar. Congelar obras, asimismo, aleja la confianza de las comunidades que las necesitan.

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Edwin Manuel(22811)Hace 32 minutos
La pregunta es ¿esas obras se están haciendo?...
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