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El Gobierno acaba de publicar una nueva resolución que busca acelerar la entrada en funcionamiento de nuevos proyectos de generación de energía en el país, con miras a aportar más kilovatios a la red hacia 2029 y 2030.
“La resolución surge como respuesta a la necesidad de agilizar la entrada de nueva generación eléctrica al país, especialmente ante las proyecciones de crecimiento de la demanda energética y los riesgos asociados al retraso de proyectos estratégicos”, aseguró el Ministerio de Minas a través de un comunicado.
En el escenario actual, el país se encuentra en una encrucijada vital: su demanda energética crece (5,6 % en marzo, según XM, administrador del sistema eléctrico), pero no va a la par con nuevas fuentes de generación y transporte.
Y este desfase entre oferta y demanda llega en un momento en el que el país se prepara para un fenómeno de El Niño que, según el Ideam, se manifestará de forma “fuerte” o “muy fuerte”, con especial incidencia entre julio y agosto.
Vale recordar que este fenómeno climático suele presentarse en el país bajo la forma de restricciones en lluvias y sequías, dos malas noticias para una multitud de sectores, comenzando por el energético y el agro.
Para el segundo semestre del año, según el Ideam, se esperan menos lluvias de las normales, lo que pone presión sobre la generación hidroeléctrica, pues los embalses que se usan para generación eléctrica típicamente entran en una etapa de llenado sobre finales de año para enfrentar la estación seca que se da en el primer trimestre.
A la fecha, los embalses se encuentran en un llenado útil de 65 %, de acuerdo con XM. Y se espera que estos superen 80 % para diciembre, pero esta meta puede estar en riesgo por cuenta de El Niño.
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¿Por qué es importante la resolución de la UPME?
Si bien el país necesita más fuentes de energía, el problema es que conectarse a la red eléctrica nacional es un trámite complejo, con múltiples actores y evaluaciones técnicas.
El documento, publicado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), busca establecer mejores reglas del juego para que los proyectos de generación puedan solicitar y obtener el aval a inyectar su energía al sistema.
La resolución aplica a dos tipos de proyectos. Los primeros son los que ya tienen compromisos firmes de entrega de energía —ganados en subastas o asignados por el Gobierno—, a quienes se les da un carril más expedito. Los segundos son proyectos que ya obtuvieron sus licencias y permisos ambientales, un requisito que aumenta la probabilidad de que realmente entren a operar en las fechas prometidas. Para ambos grupos, el proceso completo de evaluación y decisión no puede tardar más de cinco meses, un plazo que busca darle certeza a los inversionistas y acelerar la entrada de nueva capacidad al sistema.
El cambio más relevante frente a esquemas anteriores es la introducción de un sistema de priorización cuando la capacidad de la red no alcanza para todos los proyectos que quieren conectarse en una misma zona. En ese caso, la UPME no decide por orden de llegada ni de forma discrecional, sino aplicando tres criterios técnicos objetivos: qué tan bien encaja el perfil de generación del proyecto con la curva de demanda del área, cuánto alivia las congestiones en las líneas existentes y cuánto fortalece la estabilidad de la red. El proyecto que mejor puntúe en esos tres frentes tiene prioridad. Es, en esencia, un mecanismo para asegurarse de que la red crezca de la forma más útil posible para el sistema y para los usuarios finales.
¿Por qué es clave asegurar nuevas fuentes de energía?
De acuerdo con Tomás González, exministro de Minas y Energía y director del Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), durante 2025 apenas entró cerca de 10 % de la nueva energía que esperaba el sistema. “A este ritmo, no llegamos”, advirtió el experto esta semana en un evento organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Fedesarrollo.
Y no es sólo un asunto de generar más, sino también de tener infraestructura para soportar el crecimiento. González calcula que Colombia necesitará pasar de 15.000 kilómetros de red eléctrica a 30.000 kilómetros hacia 2040 para poder responder al crecimiento de la demanda y la electrificación de la economía.
Y estos cambios son necesarios no sólo para seguirle el paso a la demanda, sino para terminar de conectar, realmente, a todo el país. Actualmente, se calcula que hay más de 4 millones de personas sin acceso a un suministro eléctrico estable y de calidad.
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