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Comer bien, de forma regular y culturalmente pertinente, no es un favor ni una política opcional, sino una obligación jurídica del país. De eso se trata la justicia y del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada (DHAA).
En América Latina y el Caribe el hambre bajó, pero sigue siendo un reto: en 2024 afectó a 34 millones de personas (5,1 % de la población). De otro lado, la dieta saludable sigue siendo la más costosa del mundo en la región (unos USD 5,16 por persona al día), lo que golpea el bolsillo de los hogares más pobres.
Por su parte, en Colombia la inseguridad alimentaria moderada o grave fue de 25,5 % en 2024 (14,4 millones de personas), lo que afecta más a la población en zonas rurales (34,2 %) más que aquellas en centros urbanos (23 %), donde se presentó en las cabeceras.
Factores como el costo de la dieta (USD 4,67 por persona/día) se relacionan de manera directa con estos indicadores. Las cifras muestran brechas persistentes y la urgencia de que políticas se midan, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
La entidad resalta que cuando un hogar no puede acceder a una dieta suficiente y saludable, la justicia debe ofrecer vías de exigibilidad para corregir fallas del Estado: desde ingresos y abastecimiento hasta ajustes en programas y presupuestos.
La justiciabilidad convierte el derecho en resultados concretos, con medidas que previenen daños y reparan vulneraciones.
¿Se puede acceder a los alimentos mediante la justicia?
Que las personas puedan tener una adecuada alimentación es un asunto que atraviesa las normas y leyes del país. Y es que en Colombia se trata de un derecho reconocido en la Constitución, que fue añadido recientemente.
Para reglamentarlo y garantizarlo, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Igualdad y Equidad y el Ministerio de Agricultura, radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley Estatutaria para el DHAA.
La ley busca establecer mecanismos de acceso, calidad y equidad alimentaria en todos los territorios, reconociendo las particularidades de cada región.
Además, plantea responsabilidades tanto para las entidades estatales como para la sociedad civil. Este proyecto incluye elementos como el acceso a agua potable, los recursos para la producción local de alimentos, y el fortalecimiento de la cadena de abastecimiento, distribución y comercialización a nivel nacional.
Incluso brinda los mecanismos de exigibilidad jurídica, anteriormente mencionados, y se constituye en una herramienta para reclamar el cumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano en la materia.
No todos pueden comer bien
Al hablar del DHAA también se hace necesario entender las brechas en el acceso a la comida. Quienes encuentran más barreras son las mujeres rurales, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Es por eso que las políticas públicas deben tener en cuenta a dichas poblaciones de manera diferenciada.
Un ejemplo sencillo es el de un hogar que, aun trabajando, no logra comprar alimentos suficientes y nutritivos durante meses. En un país con leyes y políticas que reconocen el DHAA, esa familia puede acudir a un juez para pedir acciones concretas:
- Ingreso a programas de apoyo
- Ajustes presupuestales
- Abastecimiento inmediato
- Medidas de no repetición
De eso se trata la justiciabilidad: que el derecho sea exigible y reparable ante los tribunales y que el Estado rinda cuentas por garantizarlo. Se puede dar a través de la tutela o medidas cautelares.
Además, estrategias como la alimentación escolar, compras públicas y atención a emergencias exigen seguimiento y transparentan recursos, creando incentivos para que las instituciones rindan cuentas y los cambios perduren.
“Hablar de justicia y del DHAA es proteger capital humano, reducir costos sociales y fortalecer la gobernanza en los territorios. Es asegurar que cada decisión pública, en lo que ocurre desde la producción de alimentos hasta el consumo, se mida por su capacidad real de garantizar el derecho a alimentarse dignamente”, resalta la FAO.
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