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Pérdidas diarias por COP 120.000 millones y un sistema productivo empezando a trabarse más allá de Santander. El paro por el predial ya dejó de ser un problema local.
El Consejo Gremial Nacional elevó la alerta. “La persistencia de bloqueos (...) está generando afectaciones desproporcionadas sobre la ciudadanía, al aparato productivo y a la prestación de servicios esenciales”, advirtió en un comunicado este 14 de abril.
El gremio habla de un “riesgo de carácter sistémico” que empieza a golpear la confianza y la operación básica de la economía.
La señal ya estaba en tierra. En Santander y Boyacá, los bloqueos siguen frenando la salida de leche, pollo y huevos. Productos sin margen de espera.
Hay inventarios acumulados y flujos rotos. “10 millones de huevos represados y 1.500 toneladas de carne de pollo” sin poder moverse, según la Federación Nacional de Avicultores.
Contexto: Bloqueos por impuesto predial paralizan cadena láctea y avícola en Santander y Boyacá
El transporte también se contrajo. La carga opera a una fracción de su capacidad; el intermunicipal cayó cerca de 90 % y el acceso a Bucaramanga sigue comprometido. El aeropuerto Palonegro registra una caída de 44 % en la demanda y más de 120 vuelos cancelados.
“La cancelación de exportaciones, las restricciones en la movilidad de carga y pasajeros (...) reflejan una alteración profunda en las condiciones básicas para la actividad productiva”, señaló el Consejo Gremial.
Cada día de bloqueo corta ingresos, detiene rotación de inventarios y traslada costos a toda la cadena. Desde el productor que no vende hasta el consumidor que termina pagando más.
Mientras el impacto escala, la respuesta institucional avanza a otro ritmo.
El presidente Gustavo Petro trasladó la solución a los territorios. “La situación del impuesto la determinan los alcaldes y concejos municipales; ellos ponen la tasa”, escribió en X.
“Lo único que tienen que hacer (los alcaldes) es que en un nuevo acuerdo bajen la tasa de los propietarios urbanos y rurales de la población pobre y trabajadora”, insistió. Insistió en que el avalúo catastral responde a la ley y que el ajuste del predial depende de concejos y alcaldías.
También marcó plazo. “Hasta hoy hay plazo para que los alcaldes preparen la iniciativa”, agregó, en medio del llamado a levantar bloqueos.
El mandatario también habló de “personas engañadas”, defendió la actualización catastral como parte de la ley y del acuerdo de paz, y aseguró que el objetivo es que “los ricos paguen impuestos”. También advirtió que los alcaldes que no presenten iniciativas “alteran el orden público”.
Ese planteamiento choca con la velocidad del paro. Los ajustes tributarios requieren acuerdos municipales, mientras los bloqueos operan en tiempo real y siguen cerrando corredores estratégicos.
Pero ese enfoque no es compartido por todos los actores del paro. Desde el sector agropecuario, el origen del problema está en decisiones tomadas a nivel nacional. “El Gobierno viene, se reunió, y nos dijo ‘nada de nada’. (...) La solución la tiene que dar la Nación”, afirmó Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria.
Para el dirigente, trasladar la respuesta a municipios y concejos desconoce el punto de partida del conflicto: las resoluciones del IGAC que detonaron los aumentos en los avalúos. “El Gobierno Nacional debería resolver lo que el Gobierno Nacional creó”, insistió.
Gutiérrez señaló que, aunque en algunos puntos se han levantado bloqueos de forma temporal, la posibilidad de reactivarlos sigue abierta si no hay soluciones de fondo.
En la mesa de negociación, el avance es más gradual.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, confirmó un primer entendimiento con el IGAC. “Es necesario escuchar a nuestra gente y atender sus preocupaciones por el modelo de actualización catastral”, escribió en X tras el primer día de diálogos.
El preacuerdo incluye revisar avalúos con inconsistencias municipio por municipio. Ya hay casos detectados donde predios pasaron de COP 200 millones a más de COP 2.000 millones. La revisión apunta a corregir esos saltos en un plazo de 15 días.
Ese calendario choca con lo que pasa en las vías.
En Lebrija, uno de los puntos críticos, los manifestantes anunciaron cierre permanente hasta que haya confirmación formal de los acuerdos. Sin pasos intermitentes.
Recomendado: Paro por avalúo catastral: gobernador de Santander aseguró que hay preacuerdo
El Consejo Gremial insiste en destrabar de inmediato. “Se solicita un acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para prevenir que se continúen vulnerando los derechos de la población y el aparato productivo”, señaló.
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